Empresa petrolera estaría poniendo en riesgo de enfermedad y muerte a la población Wampis del Morona.

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis presentó en la Fiscalía Provincial Penal de Datem del Marañón una denuncia contra Santiago Cichero, Gerente General del GeoPark Perú S.A.C.; Nelson Soto, Gerente de Medio Ambiente y Relaciones comunitarias; y la empresa GeoPark S.A.C., por poner en peligro a la población Wampís del Morona en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.

La denuncia, que es en la vía de prevención del delito y que fue recibida en fiscalía el 26 de mayo, surge tras los testimonios de la población que informó sobre la movilización de personal de la empresa GeoPark en sus territorios.

Ante la preocupación por este flujo de personas y el riesgo de propagación de COVID-19 que esto conlleva, el GTANW emitió dos pronunciamientos exigiendo que la empresa cese sus operaciones y retire a su personal de la base militar de Sargento Puño, espacio que la petrolera usa como campamento.

La denuncia se presenta con base en el Reglamento de las Fiscalías de Prevención del Delito, que le otorga atribuciones a las Fiscalías Provinciales de Prevención del Delito para planificar, dirigir y supervisar acciones que prevengan la realización de delitos de acuerdo a la magnitud o repercusión social. Así como en la Ley Orgánica del Ministerio Público que reconoce la función de la Fiscalía en la prevención del delito para garantizar la defensa de “la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el  interés público”[1].

El Decreto Supremo 044-2020-PCM y la Resolución Viceministerial N° 014-2020-MINEM-VMH, dispone la excepción para operar de las empresas del sector hidrocarburífero que se encuentran en etapa de explotación, condición que la empresa GeoPark Perú S.A.C. no cumple, por tanto está incumpliendo el Estado de emergencia y las medidas para evitar la propagación de la pandemia.

La empresa no cuenta con licencia social y tampoco con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado que le permita realizar actividades de explotación, por lo que no debería estar operando ni realizando actividades de ningún tipo durante la emergencia.

Este incumplimiento no solo pone en riesgo la salud y la vida de todas y todos los pobladores de la Nación Wampís, sino que vulnera su derecho a gozar de un ambiente sano, ejercer la gobernanza territorial y defender su territorio. Asimismo, estaría desestimando los esfuerzos de los pueblos indígenas por proteger a sus comunidades.

La denuncia pide a la Fiscalía que tome medidas necesarias para evitar que GeoPark ponga en riesgo de contagio de COVID-19 a la población Wampís; así como para que la empresa no infrinja las medidas sanitarias y, en aras de la transparencia de información, cumpla con informar de manera oportuna a la población Wampís y al GTANW sobre las actividades que realicen en su territorio.

Sobre el lote 64:

El lote 64, que se superpone primordialmente a territorio del pueblo achuar del Pastaza pero que afecta a territorio wampís, está adjudicado en un 75% a la empresa chilena Geopark y en un 25% a Petroperú desde el año 2014. Ambas poblaciones, wampis y achuar, se oponen a la actividad hidrocarburífera y jamás han otorgado consentimiento al Estado peruano para delimitar ni mucho menos concesionar un lote en sus territorios.

[1] Ver en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_org_mp.pdf