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Los derechos de los menores de edad quedan olvidados para fiscales y jueces

La Convención sobre los Derechos del niño, niña y adolescente a la que el Estado Peruano está suscrito desde el 4 de setiembre de 1990, no se ha respetado en el proceso de investigación que sigue Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Foto Radio Cutivalu

Derechos de los niños, niñas y adolescentes

Dentro del marco de esta situación, el catedrático Ronald Gamarra Herrera hizo un análisis sobre la situación de los derechos de los menores de edad en medio de un contexto judicial que los afecta.

El abogado Gamarra expresó en su cuenta de Facebook que: “Cada vez que adopten una decisión que afecte los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los jueces -de toda especialidad, instancia y Corte- deben incluir en su proceso deliberativo y decisorio una estimación de las posibles repercusiones de su resolución en aquellos menores de edad.”

Ayer, durante la espectacular incautación que realizó el fiscal Germán Juárez a las propiedades de los Humala-Heredia y pedir la salida de su domicilio familiar, muchos no se percataron que las decisiones judiciales están afectando a menores de edad, no están severamente fundamentadas y no se buscaron alternativas para disminuir el daño a los menores involucrados.

¿Qué dirán los hijos de Humala-Heredia?

En las resoluciones dictadas por el fiscal Germán Juárez y el juez Richard Concepción Carhuancho no existe apartado alguno que ejecute la consideración a los menores de edad que habitan en ese domicilio o alternativas que permitan otras medidas.

“Ni en el requerimiento del fiscal Juárez ni en la resolución del juez Concepción Carhuancho existe un párrafo o siquiera una línea que haga evidente que se consideró el interés superior del niño y de las niñas que habitaban en la vivienda en el análisis de las diversas alternativas posibles a adoptarse respecto del inmueble”, así lo afirmó el abogado Gamarra.

Asimismo, Gamarra recordó que: “El derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos no se encuentra sujeto a la discrecionalidad del Estado, es una obligación estatal que debe garantizarse en todo episodio judicial en el que directa o indirectamente se encuentren involucrados sus intereses fundamentales.”

Primero sí, luego no.

Hoy el juez Richard Concepción Carhuancho, suspendió la orden de incautación para el domicilio de Surco de los HumalaHeredia, dándoles 30 días para abandonar el domicilio. El juez declaró que era un “plazo razonable”.

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