Ministerio Público llegó al lugar donde se produjo el derrame de petróleo y confirmó que la salud ambiental de las poblaciones de las áreas cercanas está en riesgo.
“Estas comunidades consumen el agua del río o del pozo entonces han sido informados para que tengan cuidado y aunque hagan ese aviso, creo que el daño va a ser grande. Nuestra gente está tomando agua contaminada“, indicó un ciudadano que vio todos estos días lo que hoy constató personal del Ministerio Público.
Recordemos que la preocupación se apoderó de los ciudadanos desde el pasado 18 de junio, día en que ocurrió el derrame de crudo en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, región Loreto.
Luego de 15 días de ocurrido el derrame, se pudo iniciar oficialmente el recuento del daño causado por el petróleo a los recursos naturales no renovables, biodiversidad y otros, que han recibido un duro impacto.
Las comunidades de Jerusalén y Nueva Alianza garantizaron el ingreso de las autoridades al kilómetro 237 del ramal norte del Oleoducto Norperuano —donde se originó el derrame— a la diligencia de constatación técnico fiscal a cargo del magistrado Yusén Caraza Atoche.
La mencionada diligencia estuvo integrada por los peritos del Equipo Forense en Material Ambiental del Ministerio Público (EFOMA) y el responsable de la Unidad de Monitoreo Georeferencial Satelital de Delitos Ambientales (UMGSDA); así como un supervisor ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y un representante del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
Terminadas las inspecciones, el grupo técnico fiscal informó que posteriormente se realizará una nueva diligencia para identificar las causas del hecho.
Asimismo, se dispuso la continuación del plan de contingencia y recuperación de crudo interrumpido por el conflicto socioambiental, lo que permitirá la activación del plan de remediación efectiva del área de influencia directa e indirecta de acuerdo a los protocolos que establece la norma. Se espera que PetroPerú inicie los trabajos de mantenimiento.
(Imagen de cabecera: Ministerio Público / Edición: Mano Alzada)