Lucha contra la minería ilegal sufre una amenaza que proviene desde el Legislativo. Según el MINAM y el MINEM, proyectos de ley promueven prácticas que causan daños irreparables al ambiente.
Los ministerios, a través de un comunicado, ha manifestado su preocupación por proyectos de ley presentados en el Congreso, porque están relacionados a la minería ilegal, actividad que destruye grandes hectáreas de la Amazonía.
Según se informó, uno es el Proyecto de Ley 5881, presentado por el congresista Miguel Vivanco (Fuerza Popular). Una iniciativa que ampliaría, hasta el 30 de abril del 2021, el plazo de presentación de documentación que permite la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal (Igafom). Además, amplía el plazo de acreditación por producción mínima del año 2019.
“No es posible continuar el aprovechamiento del recurso mineral sin contar con un instrumento que permita mitigar los impactos. La justificación es que no se pudo elaborar el Igafom debido a la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, el Minam, mediante la R.M. 108-2020-MINAM estableció medidas para elaborar líneas de base e instrumentos de gestión ambiental. Asimismo, desde el año 2019, se cuenta con una plataforma virtual para el registro del Igafom”, dijo el MINAM.
Cabe señalar que la entidad del Ejecutivo considera que el proyecto de ley 5881 no debe aprobarse porque el primer plazo ya se amplió hasta el 30 de diciembre del 2020.
Asimismo, remarcó que “es cuestionable que la acreditación de la producción mínima no sea sobre el año 2020, si no sobre el año 2019. Además, este plazo ha sido ampliado de junio de 2020 a setiembre de 2020”.
Una ley más se asoma
La otra iniciativa es el Proyecto de Ley 5706, presentado por la parlamentaria Yessica Apaza (Unión por el Perú), y permite ampliar el plazo de inscripción por 60 días hábiles en el Registro Integral de Formalización Minera.
MINAM y MINEM recomiendan que “no debe aprobarse, porque ese plazo ya fue ampliado hasta el 23 de setiembre de 2020, mediante el Decreto de Urgencia 029”.
Según el comunicado, “no se encuentra justificación en ampliar dicho plazo, pues de enero a julio se inscribieron 12 mil administrados; mientras que durante la declaratoria de emergencia se inscribieron cerca de 7 mil administrados, es decir, el 60% del total, lo que evidencia que la emergencia sanitaria no ha sido un impedimento para inscribirse en el registro”.
“Todo ello genera un sistema que incentiva la práctica ilegal, con graves impactos ambientales y sociales. Por ello, el Minam invoca a los interesados en realizar alguna actividad minera, cualquiera que sea su nivel de producción, acogerse y seguir el régimen común, cumpliendo con las exigencias legales de seguridad minera y de cuidado social y ambiental”, concluyó el Minam.
Ambos proyectos de ley serán debatidos en el Pleno del Congreso de la República, pero las entidades del Ejecutivo remarcaron que dichos plazos ya fueron ampliados previamente como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
