La propuesta del Ejecutivo llegó al Congreso, pero ellos observan su propia ley sobre terrorismo urbano. Una ley que, según palabras del propio premier Gustavo Adrianzén, “por sí misma no tiene ningún sentido, pero que vale per se por su carácter persuasivo”.
Un proyecto que parece ser peleado también al interior del Congreso como trofeo de guerra por algunas bancadas conocidas por terruquear todo aquello que no esté de su lado.
El debate de ayer fue entorno, justamente, por tal nomenclatura. Desde la Comisión de Justicia y DDHH del Legislativo llegó al Pleno un texto que modificaba el Código Penal, el DL 635, para incorporar el “delito de criminalidad sistemática”. Claro está que hubo una sorpresiva e inmediata negativa. Fue entonces que el debate comenzó a tener pinceladas de discusión, había una cierta efervescencia en los ánimos.
La congresista fujimorista, Martha Moyano, salió con el estandarte de no al cambio de nombre de la ley. Entonces, con la intención de retroceder en el tiempo, se presentó una cuestión de orden para que se termine el debate sobre criminalidad sistemática y se regrese al texto sobre terrorismo urbano. Debatieron y luego pasaron a un cuarto intermedio, a pedido de la Comisión.
Si bien la lucha es intensa, el objetivo compartido entre Ejecutivo y Legislativo parece que es poner a todo lo que es violencia y muerte en el paquete de terrorismo, porque “terrorismo viene de terror” y eso, según lo que entendieron, es lo que causan los extorsionadores, sicarios y demás delincuentes. “Vamos a señalar con el dedo a quienes cometan estos delitos y los vamos a calificar como terroristas, los vamos a perseguir y los vamos a meter a la cárcel”, añadió el premier.
Mientras tanto, la Confiep, los gremios de transportistas y todo aquel que ha sido víctima de la inseguridad ciudadana se preguntaba: ¿Y la derogación de la Ley 32108 para cuándo?
Una voz crítica llega desde la sociedad civil, César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), destapa lo hecho por el gobierno frente a la ola de inseguridad que se vive en el país. “Tenemos un gobierno que no tiene la más mínima intención de bajar la tasa de delitos”, dice Ortiz, refiriéndose a la inacción del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción instalada en la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
“No se tiene información de cuánta extorsión hay a nivel de país o en los distritos de Lima Metropolitana o del Callao. Entonces, sin data es dificultoso enfrentar esta delincuencia”, agregó.
Por lo pronto, el dictamen que pretende incorporar la figura de terrorismo urbano en el Código Penal no tuvo consenso en el Parlamento. El titular de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), llevará todas sus anotaciones al grupo de trabajo, considerará las sugerencias y se romperá la cabeza para mejorar —si es que se puede mejorar— la iniciativa. El próximo miércoles 9 de octubre continuará el tema en el hemiciclo del Congreso.