“¿A quién defiende el defensor?” es lo que se preguntan las estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú luego de que se filtrara un informe en donde Wilfredo Ardito, el Defensor Universitario de la PUCP desde marzo de 2017, intentara deslegitimar el trabajo de una docente miembro de la Comisión Especial contra el Hostigamiento Sexual al señalar que esta no podía opinar de forma objetiva porque ella misma había vivido acoso sexual, sumado a las afirmaciones sobre la salud mental de la representante estudiantil de la misma Comisión Especial con el intento de descalificarla para su labor.
Estas pretensiones de deslegitimar a mujeres que trabajan para visibilizar, erradicar y prevenir la violencia sexual que se vive en la PUCP, y hacer justicia con las víctimas de agresiones sexuales, fueron las gotas que rebalsaron el vaso de un defensor que tiene una serie de acusaciones de trato machista y homolesbotransfóbico de varios estudiantes que se han sentido expuestos y desprotegidos por quien, se supone, debería defenderlos.
En el Informe Defensorial N° 8, titulado “Sobre las violaciones a los derechos del profesor Hildegardo Córdova Aguilar”, que es realmente una apelación a la resolución de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual que sancionó a este profesor con su destitución, decisión luego aprobada por el Consejo Universitario el 23 de noviembre de 2018, Ardito hace una cerrada defensa de este, señalando que el profesor Córdova es “inocente” y la trabajadora administrativa que lo denuncia es “deshonesta”.
Acusan a la trabajadora de querer esconder detrás de la denuncia de violencia sexual un delito de malversación de fondos, y que el informe elaborado por la Comisión Especial contra el Hostigamiento Sexual refleja “falta de objetividad e imparcialidad”, así como “una serie de violaciones al debido proceso”. Así también, dudan de “la capacidad de los integrantes de la Comisión Especial de enfrentar temas delicados como la destitución de un docente”.
Pero lo que despertó la indignación del alumnado fueron las afirmaciones en contra de la abogada Marisol Fernández Revoredo, miembro de la Comisión Especial desde que esta empezó a funcionar en el 2014. Sobre ella, el informe dice lo siguiente:
“Todas las irregularidades en el proceso contra el profesor Córdova reafirman nuestra convicción de que los procesos ante la Comisión Especial carecen de objetividad y que la profesora Fernández no se encuentra en condiciones de actuar de manera imparcial en denuncias sobre acoso sexual”.
¿Por qué afirma eso el informe defensorial? Pues porque la profesora Fernández habría señalado en “varias ocasiones que ella había sido víctima de una agresión sexual y que hasta el momento aún se considera bajo los efectos traumáticos” que estas agresiones causan. Luego el informe cita la única vez que Fernández lo hizo público, en una asamblea de Derecho, en agosto de 2018, en donde decenas de alumnas contaron sus casos de violencia sexual en la universidad por primera vez frente a sus autoridades. Según el informe, esta vivencia la invalida para tratar el tema, como invalidaría al 90% de mujeres del Perú por carecer de la objetividad para hacerlo. Es decir, los únicos que podrían decidir si hubo o no violencia sexual contra las mujeres serían aquellos que nunca la vivieron, ellos sí serían objetivos en sus resoluciones y sentencias.
Sobre la representante estudiantil Ana Calderón, Ardito afirmó ante el Consejo Universitario que ella sufría de bulimia, depresión y que “llora todo el día” a causa de la carga emocional de la Comisión. Lo que he pasado en los últimos días no se lo deseo a nadie. A estas alegaciones, que no vienen al caso de ser expuestas en ningún Consejo Universitario, la estudiante respondió públicamente lo “nefasto y humillante” que resulta que una autoridad use información privada “para destruirla” y que pensó en renunciar, pero que desistió puesto que no hizo nada malo.
Frente a estos hechos, el colectivo feminista Se acabó el silencio, que surgió a partir del caso de la exestudiante de Derecho de la PUCP, Claudia Pérez, quien fuera violada hace 14 años por su jefe directo, José Carlos Angulo Portocarrero, en el estudio de abogados en donde hacía sus prácticas, se pronunció sobre estos hechos exigiendo a sus autoridades “una postura contundente contra el uso de estereotipos de género en las investigaciones de hostigamiento sexual”.
Así también, enviaron cartas a sus autoridades para que actúen de una vez contra Wilfredo Ardito.
El día de ayer, 19 de marzo, el colectivo de Estudiantes de la Maestría de Género de la PUCP realizó una protesta denominada Alfombra Roja, en la cual vestidas de rojo se trasladaron por los ambientes de la universidad para luego echarse en el suelo y levantar carteles exigiendo el retiro definitivo de Wilfredo Ardito.
Ellas manifestaron que lo hacen “por lxs estudiantes, docentes y trabajadorxs que han sufrido y continúan sufriendo esta cultura que existe en la universidad que las culpabiliza de la violencia que sufren y que protege a sus agresores”.
También señalaron que se cubrieron los rostros “porque si no lo hacemos, nos hostigan y amedrentan en redes y en persona solamente por manifestarnos y denunciar la violencia que sufrimos”.
Si las estudiantes se preguntan ¿a quién defiende el defensor?, este medio se pregunta ¿por qué las autoridades siguen avalando a Ardito?