El 15 de diciembre de 2019, los jóvenes Carlos Campos Zapata y Alexandra Porras Inga murieron electrocutados al manipular un enchufe de una máquina expendedora de gaseosas en el local de McDonald’s en Pueblo Libre. Rápidamente el local fue cerrado y se pasaron a realizar las investigaciones que señalaron una alta responsabilidad de la empresa Arcos Dorados, quien representa a la franquicia en Perú.
Campos y Porras no tenían material de seguridad y la máquina expendedora no había recibido un buen mantenimiento, lo que ocasionó la muerte fulminante de ambos, pero el fiscal Guido Vera decidió archivar el caso el 29 de setiembre de este año, pues la empresa y la familia habían llegado a un acuerdo de reparación, y el fiscal consideró que esto era suficiente para concluir con el caso.
Esta acción de ilegalidad en la que se quedaba la justicia ha sido reparada, de forma inicial, por la fiscal superior penal de Lima, Delia Espinoza Valenzuela, quien resolvió este 30 de diciembre declarar nulas todas las resoluciones emitidas por la Fiscalía Interprovincial y ordenó abrir las investigaciones contra los representantes de Arcos Dorados por el delito de homicidio simple.
Los gerentes de Arcos Dorados, José Carlos Andrade Roy, María Vanesa Pisbil-Silva Orihuela y Franklin Ramón Medina Huamán, serán investigados por el delito de de homicidio simple, dolo eventual y presunto atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.