En estos meses, Iquitos se ha convertido en tierra de nadie. De un tiempo a esta parte una serie de invasiones han generado zozobra en diversos propietarios, empresas e incluso terrenos de la Iglesia Católica y las Fuerzas Aéreas.
A inicios de octubre, dos grupos organizados invadieron diversos terrenos en la ciudad de Nauta, e incluso en el mismo centro de Iquitos invadieron un predio de la empresa Telefónica.
Los invasores, cargados de armas, invaden las casas, las saquean y se posecionan expulsando a golpes a las familias que viven ahí en situación de guardianía. Los primeros terrenos invadidos fueron los ubicados en la “Hacienda”, en donde se dio el lamentable saldo de una persona muerta al enfrentarse los invasores con el personal de vigilancia.
La siguiente invasión fue en el terreno del empresario José Luis Sáenz Bocanegra, en donde saquearon los bienes de la propiedad, y redujeron con armas de fuego a la familia guardiana, incluidos sus hijos. A pesar de las diligencias de los propietarios, algunos invasores permanecen en los terrenos.
En las siguientes semanas invadieron los terrenos de la empresa Denisam, del notario Florentino Quispe, y del Tagaste, de propiedad del Vicariato Apostólico de Iquitos. Luego, sin temor a las conssecuencias, invadieron el terreno de la empresa Telefónica, que se encuentra en el centro de la ciudad. Se logró expulsar a los invasores y colocar un cerco, pero invadieron el terreno de al lado que le pertenece a un empresario japonés, y nuevamente invadieron Telefónica.
Los invasores no tienen reparos y pueden invadir un recinto de la Iglesia como del Estado, como ocurrió en Nanay, en donde invadieron terrenos del Estado y se enfrentaron a un fuerte contingente policial y de las mismas Fuerzas Aéreas.
Según varios testigos, los invasores pertenecen a una organización criminal conformada por abogados, contadores, ingenieros, policías en retiro e incluso ex miembros del serenazgo, quienes tienen conocimiento de los datos de propiedad de los predios, su tiempo de abandono y su situación en registros públicos. Con esa información planifican las invasiones, contratan a personal y les proveen de escopetas para atacar a la seguridad privada y la policía, que no se da abasto para proteger los predios invadidos.