Diversos profesionales dedicados al ámbito laboral suscribieron una carta abierta con el fin de visibilizar las condiciones en que se trabaja en el Perú, la terrible precarización (bajas remuneraciones, pésimas condiciones de trabajo, ausencia de mecanismos para quejas) que ha imperado todos estos años desde tiempos de Fujimori.
Esta situación ha sido originada por las políticas antiderechos laborales, la ausencia de voluntad política para proteger a las y los trabajadores, y las prácticas antisindicales. Como consecuencia, hay millones de trabajadores actualmente explotados, con sus derechos vulnerados, cobrando miserias y, en el peor de los casos, siendo heridos o muertos por la falta de control estatal en sus centros laborales como ocurrió con los jóvenes Alexandra Porras y Gabriel Campos.
Estos profesionales señalan que “no basta decir que lo ocurrido no se repetirá. Es crucial contar con medidas concretas para enfrentar la precariedad de las condiciones laborales de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas”.
La carta ha sido suscrita, entre otrxs, por Gisella Figueroa, Omar Manky, Sergio Saravia, Alexandra Ortiz, Carlos Mejía, Eliana Caro, Estela Ospina, Álvaro Vidal, Mariela Belleza, Alexandra Castañeda, Saulo Galicia, Alexandra Toledo, Enrique Fernández-Maldonado, Moisés Rojas y Guillermo Pérez.
Carta abierta
Ante los sucesos ocurridos el pasado 15 de diciembre en el local de la empresa McDonald’s, donde murieron los trabajadores Alexandra Porras Inga y Gabriel Campos Zapata nosotros, profesionales e investigadores comprometidos con el estudio y la acción colectiva en el mundo del trabajo queremos expresar lo siguiente:
Estudios e investigaciones recientes dejan en evidencia que la situación del trabajo en el Perú puede definirse -en términos generales- como de una extensa precariedad laboral. Dicha precariedad, expresada en bajas remuneraciones, pésimas condiciones de trabajo y ausencia de mecanismos para procesar reclamos y conflictos es resultado de diversos factores:
- Políticas desreguladoras del marco normativo laboral en materia de contratación, fiscalización y derechos fundamentales
- Ausencia de voluntad política en los diferentes gobiernos para equilibrar las relaciones laborales y mejorar las condiciones de trabajo
- Uso extensivo de prácticas antisindicales por parte de un sector empresarial que percibe a los sindicatos como actores ilegítimos.
El discurso que asocia informalidad y precariedad laboral resulta insuficiente para entender lo que viene pasando en nuestro país. La empresa McDonald’s no es informal, ni pequeña, ni desconoce el marco normativo vigente.
La precariedad laboral se ve agravada porque las empresas -formales e informales- han desarrollado un sentido común adverso a cualquier reclamo laboral y al derecho de los trabajadores a organizarse. Formar un sindicato en el Perú es un derecho pobremente protegido por el marco normativo, más producto de un esfuerzo continuo que resultado de derechos respetados por empleadores y defendidos por el Estado.
Por esta razón, no podemos dejar de mencionar la responsabilidad política del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Pero sin menoscabar dicha responsabilidad, debemos señalar también que los silencios, contradicciones y errores del Ministerio son resultado de decisiones que han colocado al trabajo y su problemática fuera de la agenda política nacional en las tres últimas décadas.
Desde la reforma fujimorista en los 90, el MTPE ha sido sistemáticamente desmantelado de competencias, funciones, personal calificado y presupuesto. Algunos ministros en años anteriores han denunciado esta situación, pero la mayoría parece haber aceptado la subordinación de los temas laborales frente a otras preocupaciones, como la inversión extranjera o el incremento de la productividad.
La fiscalización laboral, que debería ser una de las competencias principales de la Autoridad de Trabajo, se ha trastocado en una labor de información y orientación. Hace unos años, la propuesta de separar las labores de inspección en una superintendencia fue acertada, pero tenía como condición que el gobierno nacional y los gobiernos regionales le brinden recursos económicos, capacitación técnica, infraestructura y autonomía para desarrollar su labor. Ha pasado casi una década y Sunafil no cuenta ni con un local adecuado para funcionar, ni con el número necesario de inspectores calificados para cumplir metas mínimas de fiscalización.
Los medios de comunicación han normalizado la invisibilidad de los temas laborales, especialmente de los conflictos. La opinión pública desconoce la situación que padecen los jóvenes y mujeres trabajadores en las diferentes actividades económicas, las protestas que se realizan y los abusos que enfrentan a diario. En una sociedad democrática, las pugnas redistributivas y los reclamos laborales son parte de la agenda política y ocupan un lugar en el debate público.
Finalmente, queremos señalar que no basta decir que lo ocurrido no se repetirá. Es crucial contar con medidas concretas para enfrentar la precariedad de las condiciones laborales de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas. Los cambios que atenúan o diluyen responsabilidades a las empresas en casos de accidentes mortales en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo deben revertirse de manera inmediata. Las disposiciones normativas de Sunafil que limitan una fiscalización más efectiva en su regularidad, competencias, topes de multa y tiempo de los procedimientos deben revisarse con participación de los actores del mundo del trabajo. El número de inspectores debe incrementarse sustancialmente, así como mejorar sus propias condiciones de trabajo. Es necesaria una institucionalidad sólida en materia laboral, tanto para el sector privado como público. La política laboral desarrollada desde el MTPE debe priorizar la vida humana y la dignidad del trabajo.