El 15 de enero se creó el grupo de trabajo denominado Comisión de Protección Social, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta Comisión de Protección estaba integrada por Diego Arrieta , Janice Seinfeld, Miguel Jaramillo, Ana Prieto, Augusto de la Torre y David Tuesta, todos trabajando ad honorem.
La Comisión tenía como principal función “elaborar un informe que recomiende propuestas de reformas económicas para financiar la cobertura universal de aseguramiento de salud y protección previsional, y mejorar la protección frente al desempleo, sin afectar la sostenibilidad fiscal ni generar informalidad en el mercado de trabajo”, y eso fue lo que hicieron. Ellos entregaron su informe final en setiembre de 2017, llamado Propuestas de reformas en el Sistema de Pensiones, Financiamiento en la Salud y Seguro de Desempleo, 348 páginas de un análisis sesudo e integral de la realidad pensionaria, de salud y de desempleo en el Perú, que, lamentablemente, no fue tomada en cuenta por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y que fue encarpetado en el olvido.
En este informe hicieron un diagnóstico del sistema de pensiones peruano señalando que “se encuentra compuesto por un conjunto de componentes que funcionan de manera fragmentada, bajo determinados modelos de organización, atendiendo determinados segmentos de la población y bajo diferentes objetivos. Esta situación genera en muchos casos que los fines que persigue cada uno de estos estamentos no se encuentren alineados y, que en un extremo, se manifiesten contradictorios. Todo esto conlleva a que la meta de contar con un sistema que esté al alcance de una proporción relevante de peruanos; con pensiones suficientes; que sea redistributivo; que cuente con esquemas de subsidios fiscalmente sostenibles; y, que los mecanismos organizacionales funcionen con eficiencia, se encuentre todavía fuera del radar para la sociedad”.
El informe completo está a disposición de toda la ciudadanía y esperamos que el nuevo presidente, Martín Vizcarra, lo tome en cuenta. Les dejamos las conclusiones sobre el sistema de pensiones y sus necesarias reformas.
CONCLUSIONES
F.1. PENSIONES
- Teniendo en cuenta la situación actual del Sistema Previsional Peruano, detallada en la Sección E.1, la Comisión de Protección Social presenta una propuesta que tiene como visión alcanzar un sistema de pensiones con las siguientes características: (i) integrado; (ii) que cubra a todos los trabajadores independientemente de su tipo de contrato laboral; (iii) que trascienda la ineficiente e inequitativa fragmentación actual; (iv) que fomente el ahorro con solidaridad para la vejez y (v) que fortalezca y estabilice el ingreso en la etapa de jubilación.
- Bajo esta visión, además de fomentar el ahorro para la vejez y regular adecuadamente tanto su inversión durante la etapa de trabajo como su utilización durante la etapa de retiro, el Estado no permitirá que ningún peruano se quede sin al menos una pensión básica, cuyo monto tendrá que sujetarse a la disponibilidad de recursos fiscales y cuyo principal objetivo será impedir la existencia de pobreza e indigencia en la vejez.
- Para esto, la propuesta ha planteado objetivos concretos que serían parte de un nuevo Contrato Social, mediante el cual todos los ciudadanos se comprometerían, por una parte, a hacer un esfuerzo de ahorro (por pequeño que sea y, obviamente, compatible con su nivel de ingreso) y, por otra, a velar solidariamente por sus compatriotas más necesitados (a través de la gestión reguladora del Estado y la pensión básica que éste proveería). En esa línea, los objetivos concretos son:
- Construir un sistema de pensiones único e integrado: integrado en el sentido de que los tres pilares del sistema se complementarían entre sí; único en el sentido de que el sistema no discriminaría entre distintos grupos de trabajadores (hombres y mujeres, públicos y privados, urbanos y rurales, formales e informales, etc.).
- Ampliar sustancialmente la cobertura del sistema pensional, principalmente a través de la introducción de una pensión básica (antipobreza) y universal, pero también a través de la facilitación de contribuciones a las cuentas de ahorro individual con base al gasto (en adición al mecanismo básico de contribución con base al ingreso) y también con un conjunto de subsidios que alienta a una participación amplia, y con ayudas focalizadas a los trabajadores jóvenes.
- Reducir los costos del sistema para el trabajador que ahorra para su vejez, a través de un mayor aprovechamiento de economías de escala, la reducción de costos innecesarios para la acumulación y protección de la pensión, una mejor y mayor diversificación de riesgos, y un despliegue más efectivo del papel rector del Estado en cuanto a la aglomeración eficiente de los servicios de administración de cuentas, así como a la regulación y el ordenamiento de los mercados de servicios financieros relevantes (administración de activos, provisión de rentas vitalicias y seguros). En particular, la reforma propuesta apunta a reducir las comisiones que se cobran a los trabajadores por la administración e inversión de sus ahorros a un promedio no mayor a 60 puntos básicos del saldo y a crear condiciones de mercado que además permitan la reducción de las primas cobradas por la industria financiera por la provisión de rentas vitalicias y seguros de invalidez, vejez y muerte.
- Incorporar un verdadero representante de la demanda (del afiliado). Ello se lograría a través de un organismo centralizador que ayudará a completar la visión integral del sistema y la nueva organización industrial, de forma tal de capturar no sólo los beneficios provenientes de procesos más eficientes y menos costosos de administración de cuentas en favor del afiliado, a través de comisiones más bajas, sino también los beneficios de la prestación de una adecuada educación financiera que provea, entre otras cosas, información relevante sobre las pensiones proyectadas para el afiliado y una asesoría activa y libre de conflictos de interés que le evite caer en malas decisiones. De esta manera, se atendería una deficiencia monumental que hoy no es debidamente atendida.
- Incrementar los beneficios del sistema pensional, no solo a través de la mencionada pensión básica, ampliación de la cobertura y reducción de comisiones, sino también a través de un nuevo marco regulatorio que focalice la atención de los trabajadores y gestores de activos en la así llamada “tasa de reemplazo”. Es decir, en el ingreso esperado a ser recibido durante la etapa de jubilación como porcentaje del ingreso obtenido durante la etapa de trabajo. Con este fin, el nuevo marco regulatorio, además de velar por la salud y solvencia de la industria de servicios financieros para la vejez, se orientaría en particular a extender los plazos de inversión del ahorro de los trabajadores, a adecuar la composición de dichas inversiones a la edad del trabajador y a fomentar el desarrollo de productos financieros apropiados para estabilizar el ingreso en la etapa de jubilación. Ello implicará rediseñar las normativas que permiten el retiro del 25% de los ahorros para la compra de vivienda y el 95.5% de los fondos al momento de la jubilación. Creemos que la presencia de la pensión básica ayudaría a encontrar soluciones más razonables a los problemas que originaron estas desacertadas alternativas.
- Todos estos cambios deberían llevar a un incremento sustancial tanto de la cobertura de los mayores de 65 años (al 100% de este colectivo) como de la participación de los que ahorran en el sistema de pensiones (cerca del 100% de la PEA). De la misma forma las tasas de reemplazo de las pensiones debieran elevarse del actual 34% al 71%. Todo ello con un costo fiscal a financiar de 0.7% del PBI en promedio para el horizonte 2018-2062.
- La Comisión cree que estos objetivos se irían alcanzando en el tiempo, luego de una etapa de transición y conforme la reforma vaya estableciendo las necesarias condiciones de mercado y los arreglos institucionales adecuados. La implementación de la reforma sería enteramente consistente con la estrategia de política pública orientada a la formalización de la economía. Finalmente, las contribuciones directas del Estado a la reforma pensional (provisión de una pensión básica, subsidio por vía del “matching” al ahorro individual, y garantía limitada a las rentas vitalicias) serían dimensionadas en función de las restricciones impuestas por el imperativo de mantener las finanzas públicas sanas y un proceso fiscal viable.
- La Comisión cree firmemente que esta reforma permitirá consolidar un verdadero sistema de pensiones que sea parte de un marco integral de protección social donde el Estado, por fin, podrá interactuar con la sociedad, la misma que se verá incentivada a participar del sistema. Depende ya de los actores políticos y hacedores de política que esta propuesta pueda ser considerada y llevada a cabo.