Inmobiliarias Gremco y Gremcitel a la espera de que el Tribunal Constitucional les ceda el Morro Solar de Chorrillos.
¿Qué gana el Tribunal Constitucional (TC) si falla a favor de las inmobiliarias? ¿Qué perdemos los peruanos? Ernesto Blume, presidente del TC, estaría a punto de entregarles el Morro Solar a los hermanos Levy quienes esperan solo están a la espera del fallo.
Las historias de guerra, susurros de galopes a la medianoche, arrastre de cadenas o los gritos fantasmales que los vecinos de Alto Perú (Chorrillos) suelen narrar entre sus calles, pasan a ser simples mitos, historietas de turismo para las inmobiliarias que durante más de diez años vienen realizando artilugios legales para llevar el ‘desarrollo’ —su desarrollo— a la zona intangible, al ‘Monumento Histórico’: el Morro Solar.
Como informó el semanario “Hildebrandt en sus trece”, para Blume las resoluciones de intangibilidad del Instituto Nacional de Cultura (INC) son inaplicables porque hay una ‘vulneración del derecho a la libertad de empresa y el principio de confianza legítima’. A eso debemos sumar que, para el presidente del TC, el Ministerio de Cultura no debería impedir a la empresa Gremcitel el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios.
Todo empezó el año 1995 con la nefasta y dudosa privatización de los predios de La Herradura, La Chira y Punta Sol, a cargo del fallecido alcalde Hugo Valdivia Melgar. A finales de ese año, Gremco (de los hermanos Levy) compró, a casi 11 millones de dólares, los tres lotes.
En esos días se voceaba la posibilidad de construir el proyecto más ambicioso de la época: “Costa Azul”. El obstáculo para hacer realidad ese ‘sueño’ era la ley declarada por el Ministerio de Vivienda y el INC: El Morro Solar y las zonas aledañas son áreas intangibles, clasificadas como “Monumento Histórico”.
La batalla legal duró años, en el 2007 el INC confirmó la protección de las zonas limítrofes con el Morro. Los Levy fueron a Indecopi, pero esta le dio la razón al Estado y el cordón de protección se hacía firme. No se quedaron con los brazos cruzados; en 2008 fueron al Poder Judicial que en tres instancias les dejó en claro la legitimidad de las resoluciones del INC y del Ministerio de Vivienda.
En el año 2015, los hermanos Levy recurrieron a instancias internacionales (el CIADI) acusando al Estado Peruano y pidiendo una indemnización de 41 millones de dólares por todos los ‘daños’ hechos y por no cumplir sus compromisos internacionales. Fueron rechazados.
Así llegamos al 2017, con un Ernesto Blume —casi de ángel constructor— que recoge el trámite de demanda y llevará al debate en el Tribunal Constitucional. Según el semanario, los magistrados Marianella Ledesma y José Luis Sardón votarían en contra, mientras que Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña todavía no deciden a qué bando se unen.
Cabe señalar que, en el 2010, el general de brigada del Ejército Alan Torrico Lapoint elaboró un cuestionable informe que arrancó el aplauso de los Levy; se señalaba que los terrenos en cuestión “no constituían escenarios históricos de la resistencia pues ahí no se desarrollaron las batallas principales”. Que oportuno.