Dionisio Romero asistió como testigo a la Fiscalía y sus declaraciones remecieron las bases de la democracia peruana. ¿Solo debe pedir perdón o debe ser investigado?
Un sector de la sociedad y uno que otro líder de opinión solo le ‘exige’ a Romero Paoletti, presidente de Credicorp, que pida perdón por lo revelado el lunes 18 de noviembre: ‘colaboró’ con 3.65 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori el 2011.
Y posiblemente ese sector no quiera quedar mal con el dueño de una empresa que mueve millones de soles en el Perú; ¿Cuántos privilegios y ganancias se perderían en una verdadera investigación?
Ya la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) preguntó a Credicorp qué harán con las declaraciones de Romero jr. La respuesta de Miriam Bottger, representante bursátil del holding, fue un ‘aquí no pasó nada’.
“Consideramos que las declaraciones del señor Romero sobre los aportes realizados por Credicorp no constituyen un hecho de importancia, por cuanto consideramos que no tienen la capacidad de influir significativamente en la decisión de un inversionista sensato para comprar, vender o conservar las acciones de la compañía, ni tampoco tienen la capacidad de influir significativamente en la liquidez, el predio o la cotización de tales acciones”, manifestó la representante.
Esta información que comparte el semanario Hildebrandt en sus trece es un acercamiento a cuál será la actitud, en general, que tendrán las empresas vinculadas a Credicorp.
Juan Pari, expresidente de la Comisión Lava Jato del Congreso, en un destacable análisis de la situación, manifestó en Ideeleradio que “cuando las empresas invierten en la política para que esta funcione para sus intereses, limita, debilita, mata la democracia”. Por ahí está el verdadero daño.
No solo es el dinero, es saber de dónde salió tremendo monto. Para eso es importante saber que Credicorp es la matriz (conocida como holding) que tiene empresas bajo su conducción: Banco de Crédito del Perú, BCP Bolivia, Prima AFP, Pacífico Seguros, Credicorp Capital y Atlantic Security Bank, un pequeño banco que tiene su sede en Gran Caimán.
Este último es el que recibió el dinero proveniente de Bermudas y que llegó al BCP (La Molina) en 17 transferencias que se hicieron entre diciembre de 2010 y mayo de 2011. Dinero que se guardaron en maletines y fueron entregados a Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama.
Un banco que no bancarizó
Fueron tres millones seiscientos cincuenta mil dólares en efectivo en donde no hubo cheque de por medio o algún recibo que pudiera dar cuenta de la salida de tan generosa cantidad de dinero.
La historia se repitió, ya sin chavismo latente, para la campaña 2016; hubo unos millones de dólares menos que salieron de Inversiones Piuranas S.A y un cambio en el elenco recepcionista.
“Yo llevaba el dinero en efectivo a mi oficina y le entregaba el dinero en maletín, o en ocasiones, cuando el aporte era menor, sacaba dinero en sobres de manila o plástico y se los entregaba a la señora Fujimori o al señor Chlimper”, dijo Romero a la Fiscalía.
Cuesta entender cómo tan fácilmente la propia Keiko Fujimori reconoció estas donaciones. O sea, cuando Jorge Barata, exejecutivo de la constructora brasileña Odebrecht, manifestó que le había entregado 1.2 millones de dólares, ella y toda su defensa exigieron pruebas, documentos, testigos. Poco les faltó pedir un video que lo demuestre.
Pero más difícil es entender que hay un sector de la sociedad —porque hay— que persiste en la lucha contra fantasmas. Contra sus fantasmas. Un sector que se siente muy cómodo con las reglas del juego así como están y que lo más probable es que continúen financiando a los que serán sus próximos representantes en el Congreso. Una prueba de eso sería que seguimos viendo a los mismos de siempre —rebotando de un canal a otro— siendo entrevistados.