El Congreso de la República insiste en avanzar en la consolidación del parlamentarismo autoritario que pretenden imponerle al país. Con ese fin recurren a la captura de distintas instituciones que administran justicia. Tras la toma del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, apuntan ahora a someter a su control a los organismos electorales y a la Junta Nacional de Justicia, para consolidar su concentración y abuso del poder político, protegiéndose de cualquier sanción por sus múltiples tropelías. Simultáneamente, con la liquidación de SUNEDU y muchas de sus distintas normas sobre el transporte de colectivos, la minería informal, la tala y la pesca artesanal, satisfacen los intereses mafiosos de buena parte de los integrantes de un Parlamento con el índice de desaprobación más alto desde que se hacen mediciones en nuestra historia.
El restablecimiento del Senado que quieren aprobar desesperadamente por la vía que sea, no busca mejorar la calidad de las leyes ni mucho menos aún, mejorar la institucionalidad democrática. De allí su pánico al referéndum, que en este escenario es la forma democrática de consultar una reforma de ese calado. Los principales promotores del proyecto -Fuerza Popular, Restauración Nacional y Avanza País-, estuvieron entre los fabuladores del fraude electoral para desconocer los resultados electorales del 2021, contando entre sus socios más entusiastas con la mayoría de los “mocha sueldos” y los “niños”, así como las bancadas de los dueños de universidades. Su interés mayor es cerrar el círculo autoritario que están construyendo desde su instalación y asegurarse un sitio para mantener su poder, sus prebendas y sus negocios.
Este proyecto de ley del fujimorismo, que es el interesado principal, busca un Senado con poderes omnímodos y sin control. Mientras el Presidente puede ser vacado o sometido a juicio político y la Cámara de Diputados cerrada tras dos negaciones de confianza a un gabinete, el Senado sería la única institución intocable y quien tendría la facultad de suspender, sancionar o destituir al Presidente y a una larga lista de otros funcionarios por cometer infracción constitucional. Para comprometer a indecisos, ese Senado se ofrece como la vía para la supervivencia de los congresistas de hoy, porque exige ser mayor de 45 años o haber sido parlamentario. El diseño, además, les ofrece la continuidad de los negocios que hoy nos asquean: 35 de los 60 senadores serán elegidos en distrito único y campaña nacional, lo que garantiza su centralismo y somete la campaña por esos curules al dinero de ese financiamiento.
Rechazar este proyecto de Senado es una obligación para quiénes defendemos la democracia, rechazamos el autoritarismo y la corrupción que vemos van de la mano en la actual representación nacional. Firmar y movilizarnos en contra de él y de las distintas maniobras del descalificado Congreso de la República, es un imperativo.