El Perú cuenta con 55 pueblos indígenas y más de 4 millones de peruanos y peruanas que los conforman. Tienen una milenaria historia para compartir, pero las empresas extractivas solo quieren lo que está bajo de sus pies.
“Estas personas no son ciudadanos de primera clase, que puedan decir, 400 mil nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí”
Alan García (2009)
Desde 1994, cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de Los Pueblos Indígenas del Mundo y es necesario recordar que líderes indígenas de todo el mundo han perdido la vida —se han inmolado— por conservar su ambiente, sus tierras, su comunidad.
Desde la capital peruana, por ejemplo, no es percibida su presencia hasta que se manifiestan. Entonces, ciertos sectores los presentan como criminales a sueldo, rebeldes que no quieren la prosperidad del país: los desadaptados de siempre. Tenemos varios ejemplos: Máxima Acuña (Cajamarca), Santiago Manuin y Alberto Pizango (Bagua) que figuran en nuestra imagen-portada.
El conflicto social ambiental no es un fenómeno propio de nuestro país y las semejanzas con realidades latinoamericanas y mundiales pueden llamar mucho la atención. El artículo Conflictos ambientales y defensores: una visión global, da alcances importantes para entender lo que viene sucediendo con las comunidades del mundo, con sus protectores y preguntarnos qué están haciendo los Estados para defenderlos de empresas extractivas multinacionales.
El enfrentamiento social es el capítulo final de una serie llamada Violencia Estructural. Las comunidades indígenas son los actores de reparto de siempre: figurantes sin guion que son discriminados —en la vida real— por su idioma, costumbres o ideología. El espacio que habitan que no es un escenario montado, pero es tratado como tal: deforestado y contaminado por los actores principales —empresarios y políticos— de siempre; esos que salen en entrevistas, a-firmando —contratos— que encontraron el tesoro perdido y que solo ellos saben qué hacer con él y que al final de cada conflicto social asoman su cabeza, sacudiendo la polvareda de sus narices con pañuelos blancos como si promovieran la paz.
El Baguazo del 2009 quedó grabado en la memoria colectiva. La nefasta frase del segundo párrafo de este texto es muestra de lo recientemente comentado. Una política cargada de ninguneo a las comunidades awajún y wampis en medio de los 824 mil km2 de nuestra Amazonía, que representa más del 11 % de la selva más grande del mundo.
Fueron 54 días de protesta pacífica que acabaron el 5 de junio de 2009 en la zona de la Cordillera del Cóndor, en una de las tantas curvas del diablo del Perú. Allí fallecieron 33 personas, entre policías y civiles (indígenas). Los ciudadanos indígenas reclamaban que se respete su derecho a la consulta previa que no habían sido reconocidos con dos decretos legislativos emitidos en el segundo gobierno del difunto líder aprista.
Las actividades de aquel Congreso, presidido por Javier Velásquez Quesquén, no estaba acorde al artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que pide “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
En el Perú lo que sabemos de los conflictos sociales se reduce al enfrentamiento entre ciudadanos y fuerzas del orden —cortesía de un buen sector de la prensa—, que es la parte final y menos deseada en una serie de diálogos que terminan en una negativa por parte de la población que se ve afectada con cualquier proyecto que atente contra su habitual estilo de vida.
En el mundo, individuos, colectivos o movimientos en defensa de la naturaleza han visto que su activismo, su lucha, les ha dejado incontables cicatrices; empresarios y compinches políticos insisten en darles una lección de cómo se debe proteger la economía de un país. Según el Global Witness (2019) informó que 164 defensores ambientales fueron asesinados en 2018.
El artículo mencionado sostiene que los defensores enfrentan no solo asesinatos y violencia física, sino también graves impactos ambientales, de salud y culturales, así como un estigma social. Por eso mismo, es urgente apoyar y proteger a los defensores de todo tipo de violencia y la represión. No hay necesidad de inventarlas, la ONU ha establecido (2018) marcos de políticas para promover una mayor protección de los defensores del medio ambiente.
Los conceptos que podemos encontrar en Conflictos ambientales y defensores: una visión global nos permitirán tener una mejor visión sobre los conflictos ambientales. La recordada Guerra con Chile, por ejemplo, se produjo por el control de recursos naturales; es un recurrente en las diferentes guerras que han existido en el mundo. Los tiempos han cambiado y quizás los conflictos por estos recursos han perdido su nacionalismo y se han trasladado al interior de cada país “invadido” por empresas extractivas.
Dejaré un párrafo del artículo: “Entre los actores clave en los conflictos ambientales se encuentran aquellos que defienden el medio ambiente contra los impactos sociales o ecológicos negativos, porque sus vidas y medios de vida dependen de ecosistemas saludables, o por otras razones sociales o ambientales directamente relacionadas. Dichos actores han sido denominados defensores ambientales: pueblos indígenas, campesinos, pescadores, activistas ambientales, movimientos sociales, periodistas o cualquier otra persona preocupada por los usos adversos de los recursos corporativos o estatales y el cambio ambiental relacionado”.
Según Red Muqui, hasta agosto del 2019 había en el Perú 96 conflictos mineros, en un escenario que tenía al 14 % del territorio nacional concesionado a empresas extractoras de minerales, con comunidades campesinas que veían al 35 % de sus tierras concesionadas.
En el último discurso del fugaz premier Pedro Cateriano se resaltaba a la minería como la base económica del Perú. Llegó a decir que somos un país minero, desestimando nuestra riqueza en artesanía y textilería, en ganadería, turismo, agricultura, pesca. Por colocar algunos ejemplos.