- Audiencia puso en evidencia regresión de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile y Argentina
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género en audiencia denominada ‘Crisis democrática, ofensivas antiderechos y regresión de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en América Latina’, realizada en Washington, el 3 de agosto de 2026.
La Articulación Regional Feminista está integrada por Coordinadora de la Mujer (Bolivia), Demus-Estudio para la defensa de los derechos de la Mujer (Perú), ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Argentina), Corporación Humanas (Chile); Corporación Humanas (Colombia) y Humanas Ecuador, quienes informaron a la CIDH sobre un patrón que se repite en seis países: capturar los órganos de control (Congreso, Ministerio Público, tribunales, defensorías), reinstaurar un orden discriminatorio de género y racista mediante la eliminación de políticas de género, el desmantelamiento de mecanismos de protección de derechos de mujeres y niñas, y la criminalización de víctimas de violencia de género y personas LGBTIQ+. En ese sentido, alertan que los gobiernos comparten una movilización coordinada de actores fundamentalistas y conservadores.
La articulación explicó que el patrón que siguen estos gobiernos conservadores implica la captura de las instituciones como el Congreso, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y las defensorías del Pueblo; así como una ofensiva anti género que ha pasado de ser un discurso de las campañas sociales o electorales a materializarse en leyes vigentes, decisiones administrativas, procesos penales y posiciones oficiales en foros internacionales. Por ejemplo, en Perú, la Ley 32535 derogó la ley de igualdad vigente, eliminó de la legislación el enfoque de género, reemplazó la Política Nacional de Igualdad de Género por una política limitada a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y sustituyó la educación sexual integral.
A ello se suma, el vaciamiento y desfinanciamiento de la institucionalidad de género. En Argentina, el presupuesto destinado a políticas de género se redujo un 89 % en los últimos dos años. En Chile, el nuevo gobierno recortó el 3 % a las políticas de mujeres. En Bolivia, el presupuesto para la lucha contra la violencia hacia las mujeres disminuyó cerca del 80 %.
Finalmente, la Articulación Regional Feminista, denunció cambios en el tratamiento de la violencia feminicida, la violencia sexual, la maternidad forzada y la criminalización a quienes buscan atención obstétrica o acceso a una interrupción voluntaria o legal del embarazo. Un ejemplo es que, en Perú, al menos 2.603 niñas menores de 15 años, víctimas de violencia sexual y con embarazos en curso, no accedieron al aborto terapéutico entre 2014 y 2023, pese a que la prestación es legal. En Ecuador, los femicidios se sextuplicaron entre 2018 y 2026, sin embargo, los registros judiciales de femicidio permanecieron relativamente estables porque muchos hechos se procesan como homicidios comunes. En Chile, durante 2024 se registraron 132.555 casos por violencia intrafamiliar, de los cuales 7 de cada 10 víctimas fueron mujeres. En Bolivia se registran más de 50 000 denuncias anuales por violencia contra las mujeres: más de 100 por día.
La audiencia fue presidida por Andrea Pochak, comisionada de la CIDH, quien destacó el informe de la articulación regional feminista y señaló que es necesario reforzar el diálogo con los Estados, pero también seguir trabajando para convencer a las sociedades que acompañen el avance de los derechos. Participaron también Rosa María Payá, relatora sobre los Derechos de la Niñez y Marion Bethel, relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH.