- La pesca ilegal genera pérdidas de hasta USD 23 mil millones al año y afecta cerca de 26 millones de toneladas de recursos hidrobiológicos en el mundo.
- Un informe presentado por DAR propone que los gobiernos regionales incorporen sistemas de monitoreo satelital para mejorar la fiscalización en las primeras millas marinas. Especialistas y representantes de pescadores respaldan uso de estas herramientas.
- Una denuncia administrativa presentada por pescadores de Cabo Blanco utilizó imágenes satelitales y drones como evidencia de un presunto caso de pesca de arrastre prohibida.
Aunque el Perú cuenta con tecnología satelital para monitorear parte de su actividad pesquera, los gobiernos regionales, responsables de fiscalizar las embarcaciones artesanales bajo su competencia, aún no acceden a esa información en tiempo real. Esta brecha dificulta controlar actividades prohibidas desde hace más de 25 años, como la pesca de arrastre dentro de las primeras cinco millas y el uso de redes de cerco mecanizado dentro de las tres primeras millas.
Frente a este escenario, especialistas, autoridades y representantes de pescadores plantearon ampliar el acceso a estas herramientas para reforzar la vigilancia y generar evidencia para las investigaciones y sanciones ante actividades ilegales. Las propuestas fueron presentadas durante el evento Fortaleciendo la vigilancia frente a la pesca ilegal en el Perú a través de imágenes satelitales, organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), donde se presentó el informe “Fiscalización de la pesca ilegal mediante el uso de imágenes satelitales”.
Una brecha que limita la fiscalización
El informe identifica que el principal desafío no es la falta de tecnología, sino el acceso a ella. Mientras el Ministerio de la Producción (PRODUCE) utiliza el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) para monitorear las embarcaciones bajo su competencia, los gobiernos regionales aún no cuentan con información satelital en tiempo real para verificar las prácticas ilegales.
“No existe ninguna sanción administrativa contra una embarcación que haya realizado pesca de arrastre dentro de las primeras cinco millas marinas, pese a que esta práctica está prohibida desde hace más de 25 años”, afirmó Percy Grandez Barrón, director ejecutivo de Grandez & Cía. Consultores y autor del informe presentado durante el evento.
Según explicó, esta limitación impide ejercer un control efectivo, ya que la vigilancia presencial resulta insuficiente para cubrir la extensión del mar peruano. Por ello, plantea que los gobiernos regionales incorporen plataformas como Global Fishing Watch o Skylight para reforzar la vigilancia y generar evidencia para procesos sancionadores.
Como ejemplo del potencial de estas herramientas, Grandez destacó que hace menos de un mes el gremio de pescadores de Cabo Blanco presentó la primera denuncia administrativa formal por un presunto caso de pesca de arrastre dentro de las cinco primeras millas marinas.
La denuncia fue sustentada con reportes de la plataforma Skylight y registros captados por drones de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, que documentan el recorrido de la embarcación y la presunta actividad ilegal. «Es la primera denuncia administrativa formal, escrita y bastante bien sustentada por casos de pesca de arrastre utilizando tecnología», señaló.
El informe también advierte que la pesca ilegal genera pérdidas de hasta USD 23 mil millones al año en el mundo y afecta la sostenibilidad de las pesquerías, la seguridad alimentaria y las economías locales.
Capacidad para enfrentar la pesca ilegal
Según Denisse Linares, líder de proyectos de DAR, incorporar soluciones tecnológicas debe ir acompañado de un fortalecimiento institucional. “La información satelital puede aportar mucho más, pero también necesitamos mejorar las capacidades, el presupuesto y la articulación entre instituciones para que realmente pueda aprovecharse”, señaló.
Durante la inauguración del evento, la presidenta de DAR, Vanessa Cueto, destacó que estos sistemas de monitoreo pueden convertirse en un apoyo clave para la vigilancia del mar peruano, siempre que exista articulación entre entidades públicas, organizaciones de pescadores y sociedad civil, sobre todo teniendo en cuenta los riesgos por el fenómeno del niño. Linares añadió que la pesca ilegal también está vinculada a otras acciones ilícitas, por lo que resulta clave reforzar la coordinación entre las instituciones de vigilancia y control.
Cuando la vigilancia sí da resultados
En la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, la incorporación de drones y plataformas de monitoreo ya muestra resultados concretos. Anthony Llapapasca, jefe de esta área protegida del SERNANP, señaló que estas plataformas han permitido identificar embarcaciones con operaciones no autorizadas y reforzar el control dentro de la reserva.
“Hemos logrado reducir en más del 98% el ingreso de embarcaciones que realizaban actividades no permitidas dentro del área protegida”, indicó. Sin embargo, precisó que aún existen brechas de personal, presupuesto y capacidad operativa que limitan la respuesta institucional.
Una situación similar enfrenta el Ministerio Público. El fiscal especializado en materia ambiental de Sullana, Néstor Sosa, explicó que muchas investigaciones por pesca ilegal tienen dificultades para demostrar con precisión dónde ocurrió la actividad, lo que debilita los procesos judiciales. “Con el uso de tecnología satelital podemos identificar exactamente dónde operan las embarcaciones y contar con pruebas mucho más sólidas”, sostuvo. Añadió que una futura reforma debería promover que las embarcaciones incorporen sistemas de geolocalización.
Desde la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), el capitán de navío Guillermo Benítes resaltó que el país ya emplea plataformas tecnológicas para la vigilancia marítima. Sin embargo, señaló que es necesario fortalecer el trabajo conjunto entre las entidades competentes y ampliar el acceso a estos recursos tecnológicos.
La mirada de quienes viven del mar
Para los pescadores artesanales, combatir la pesca ilegal no solo significa proteger su principal fuente de ingresos, sino también reducir los riesgos que esta actividad genera para las comunidades costeras. Durante el encuentro, representantes del sector señalaron que la presencia de redes ilegales de pesca afecta los recursos marinos y, además, expone a los pescadores a amenazas, extorsiones y otras formas de violencia.
Amancio Ormeño, pescador y vigilante comunal de la Reserva Nacional de Paracas, explicó que la pesca ilegal reduce la disponibilidad de recursos y deteriora los ecosistemas de los que dependen cientos de familias. «Para nosotros ayudaría bastante porque estamos en un lugar alejado. Cuando llega la autoridad, muchas veces la pesca ilegal ya terminó», comentó al referirse a la necesidad de contar con herramientas que permitan reportar estas actividades en tiempo real.
Añadió que una respuesta más rápida de las autoridades contribuiría a frenar prácticas como la pesca con explosivos o la captura de especies fuera de talla, que afectan la biodiversidad y la economía de las comunidades pesqueras.
Por su parte, Miguel Martínez, presidente de la Federación Regional de Pesca Artesanal de Tumbes, advirtió que la pesca ilegal también favorece la presencia de organizaciones delictivas en las zonas costeras. «La pesca ilegal trae la delincuencia», afirmó. «Ahora los pequeños pescadores artesanales estamos pagando cupos».
Los participantes coincidieron en que fortalecer la vigilancia, ampliar el acceso a herramientas tecnológicas y mejorar la articulación entre las instituciones competentes son medidas necesarias para proteger tanto los ecosistemas marinos como a las comunidades que dependen de ellos.