El 23 de julio de 2024, casi al filo de la campaña, el Ejecutivo envió sus observaciones al Legislativo en relación con el proyecto de ley de modificación y desnaturalización del Decreto de Urgencia N° 022-2019, bajo el eufemístico título de “Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográfica y audiovisual del Perú”, y que fuera aprobado por la mayoría en el pleno el 11 de junio.
Se ha destacado, y con razón, que la observación pergeñada por el Ministerio de Cultura hace hincapié en tres aspectos medulares del proyecto congresal, como el porcentaje mínimo de capital exigido a los productores, especialmente regionales, que son discriminados para poder acceder a los estímulos económicos de la Ley. También, que las atribuciones propias del Ministerio de Cultura en este campo se derivan sin mayor justificación al sector Turismo y, lo que es más importante, el articulado abiertamente censor y anticonstitucional que impide la participación en los concursos de los proyectos que supuestamente “atenten contra el estado de derecho, así como aquellos que contravengan la defensa nacional, la seguridad o el orden interno del país; o vulneren los principios reconocidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano”.
No se ha prestado la misma atención, sin embargo, a las observaciones sobre el artículo 23 del proyecto respecto al Archivo Cinematográfico y Audiovisual, y donde se propone la creación de una Cinemateca peruana. Acompañado de una extensa y precisa mención de las funciones que le corresponderían a esta nueva institución cultural, encargada de la preservación de nuestro legado audiovisual (y no solo cinematográfico).
Hay que decir que, en este caso, el problema nace en el propio Decreto de Urgencia N° 022-2019, resultado de muchas escrituras y reescrituras del texto legal a lo largo de los años, donde la propuesta inicial de creación de una Cinemateca Nacional fue permanentemente relegada y desvirtuada, hasta quedar en un torpe e impracticable fraseo en el artículo 21 que dice, a la letra: “El Ministerio de Cultura cuenta con un archivo destinado a la custodia de obras cinematográficas y audiovisuales peruanas denominado “Cinemateca Peruana”, a fin de evitar su deterioro, destrucción o pérdida, garantizando con ello la conservación, recuperación y exhibición del patrimonio audiovisual de la Nación, en cualquier medio o plataforma”.
Un archivo o depósito de obras cinematográficas como el que dispone actualmente la DAFO del Ministerio de Cultura, con las producciones que recibieron los estímulos de la ley en estos años, no constituye en sí mismo una Cinemateca Nacional, carente de autonomía y presupuesto. El modelo debiera ser una institución oficial que pueda regir las actividades en esta área, similar a lo que representan la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación.
El proyecto congresal aprobado, resultado de una apurada, solipsista y tendenciosa redacción, que ignora y salta olímpicamente a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, además de los planteamientos del Ministerio de Cultura, así como a los gremios y asociaciones de cineastas. Repite textualmente en el artículo 23 lo señalado en su odiado Decreto de Urgencia, revelando que ni revisaron, ni mucho menos entendieron, lo que significa legislar en la materia cultural, dejando de lado una de las tareas esenciales del Estado, que es el rescate y recuperación de nuestro pasado cultural audiovisual, así como su puesta en valor y difusión pública.
En anteriores oportunidades se ha indicado que nuestro país es el único en el continente que carece a la fecha de una Cinemateca Nacional para la preservación del legado audiovisual, contando solo con el esfuerzo loable, pero insuficiente, de la Filmoteca de la PUCP al respecto. Eso parece importarle muy poco a los legisladores que se autoinvistieron como “especialistas en legislación cultural” sin consultar siquiera a los verdaderos conocedores. El cine es una actividad comercial, y un importante medio de comunicación, pero también una industria y expresión cultural, memoria del siglo XX y XXI, no solo de películas, sino todo producto audiovisual, entre ellos obras televisivas, publicitarias, institucionales, experimentales, etc.
Como ha señalado el Colectivo por la Cinemateca Nacional en un comunicado reciente, estos hechos coinciden con las acciones llevadas a cabo por el Grupo de Trabajo de propuesta normativa de lineamientos de política audiovisual que organizó el Ministerio de Cultura con organizaciones de la sociedad civil, y que al cabo de un año de trabajo minucioso se tradujo en una Resolución de la Secretaría General del Ministerio de Cultura que crea en agosto de este año la Unidad Funcional Cinemateca Peruana. La misma que solo podrá hacerse realidad si se modifica la ley de cine en esos puntos.
Lo preocupante es que la congresista Adriana Tudela, adalid de la ofensiva legislativa contra el cine peruano, anunció hace pocos días que insistirían antidemocráticamente en su proyecto de ley, sin revisar ni menos atender siquiera las observaciones del Ejecutivo, incluido el tema de la Cinemateca. ¿Le seguirán haciéndole el juego los otros congresistas frente a un asunto casi personal de su autora?
Mientras tanto, los materiales cinematográficos y audiovisuales desperdigados por todo el país se seguirán deteriorando y perdiendo inexorablemente, en medio de la indolencia e ignorancia burocrática de políticos y funcionarios sobre nuestro patrimonio audiovisual. Quedará para las futuras generaciones de peruanos, si se persiste en la tozudez de imponer una ley repudiada y sin revisión, señalar y recordar que, entre las muchas barbaridades y omisiones, de este desprestigiado Congreso se encontrará también el de la pérdida de nuestra memoria audiovisual, que parece no importarles, como el resto de nuestra memoria nacional.