- ¡Histórico! Agraviadas obtienen justicia a más de 40 años de ocurridos los hechos. Corte Suprema dignifica a las víctimas y reivindica su lucha.
Las mujeres de Manta, en Huancavelica han obtenido justicia después de más de 30 años. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas a siete militares por violaciones sexuales durante el conflicto armado interno.
La Corte reconoce que los perpetradores eran agentes del Estado, miembros del Ejército peruano y que las víctimas eran población civil. “Un sector altamente vulnerable por su condición de mujeres”. Establece que las agresiones fueron un patrón repetido durante años, de manera sistemática y obedeciendo “a un plan de intimidación contra la población civil”. Y califica como crímenes de lesa humanidad.
Además, descarta que existiera relaciones consentidas como querían hacer creer los condenados y señala que no corresponde exigir testigos presenciales en violencia sexual cometida dentro de bases militares.
Mantiene también las reparaciones civiles a favor de las agraviadas y dispone atención integral para ellas. La sentencia dignifica a las víctimas de más de cuatro décadas de estigmatización. Se trata de un avance trascendental en los derechos de las mujeres peruanas.
«Junto con el Caso Zepur Sarco de Guatemala, el caso Manta en el Perú es el ejemplo de una sentencia histórica. No solo reconoce que estas violaciones sexuales son crímenes de lesa humanidad sino que apela las considera imprescriptibles desestimando las leyes proimpunidad aprobadas por el congreso de Fernando Rospigliosi. Es un triunfo de las jóvenes campesinas de Manta hoy convertidas en mujeres que siguen luchando por la justicia», señala Rocío Silva Santisteban, directora de DEMUS.
Las mujeres declararon en dos juicios orales y han sostenido sus testimonios durante casi veinte años de proceso. Varias eran adolescentes cuando ocurrieron los hechos. Dos de las nueve sobrevivientes fallecieron antes de ver una sentencia firme.
La ratificación de esta condena por la Corte Suprema es la última instancia de justicia en el país. Por lo tanto, la sentencia queda ratificada. Es relevante e histórica más aún en un contexto en el que los condenados buscaban revertir el fallo y cuestionaban la calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad, amparándose también en las decisiones de un Congreso que ha aprobado normas que promueven la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. Hubo intentos de limitar la aplicación de la categoría de lesa humanidad (Ley Rospigliosi), así como favorecer la prescripción y ampliar la intervención del fuero militar en determinados casos.
Durante el conflicto armado interno, Manta estaba bajo control militar, y las fuerzas armadas ejercían autoridad sobre la población civil. En ese contexto, las mujeres han sostenido que las agresiones ocurrieron en un entorno de poder y sometimiento.
La sentencia de la Sala Penal Nacional de 2024 que hoy queda como sentencia firme ratificada por la Corte Suprema marca un precedente en la justicia con enfoque de género y reivindica la voz y lucha de las mujeres de Manta que han esperado más de cuatro décadas por justicia.
El fallo de la Corte Suprema constituye un hito de justicia de género para las mujeres de Manta. Se alza frente a una coalición de impunidad que se consolidó desde el anterior Congreso mediante leyes de prescripción y de amnistía, el ataque a la independencia judicial y la persecución a las organizaciones que defienden a las víctimas, a través de la Ley APCI.
Las sobrevivientes sostuvieron su búsqueda de verdad y justicia durante décadas, y hoy esa verdad queda firme. Este logro les pertenece a ellas, a nuestros feminismos y al país. Manta renueva nuestra esperanza y reaviva nuestra fuega de lucha feminista por derechos, porque, aunque la impunidad se ha reforzado, la justicia aún es posible en el Perú.