La Corte Suprema de la República registró, entre los años 2007 y el primer trimestre de 2019, el ingreso de más de tres mil casos en materia de delitos contra la libertad sexual, en los que la parte agraviada es una niña, niño o adolescente.
Así lo informó la magistrada Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, ante la Comisión investigadora de los abusos sexuales contra menores de edad en organizaciones del Congreso, que preside Alberto de Belaunde.
En lo que respecta al 2018, la magistrada precisó que, de 35 ejecutorias supremas revisadas relacionadas a abuso sexual contra menores, la Corte Suprema consigna siete sentencias a cadena perpetua, once condenas de 30 a más años de cárcel y siete con una sanción entre 20 a 30 años de prisión.
Asimismo, cuatro con penas entre cinco a 20 años de reclusión y solo dos absoluciones, y las otras cuatro restantes entre revisión o declarado inadmisible el recurso de casación.
En su exposición, Tello Gilardi destacó también que el máximo órgano jurisdiccional del Perú emitió once acuerdos plenarios, resultado de las sesiones entre jueces supremos de la Sala Penal Permanente y las Salas Penales Transitorias de la Corte Suprema, referidos a abuso sexual contra menores.
Además, sostuvo que el Poder Judicial elaboró y aprobó el Protocolo de participación judicial del niño, niña y adolescente, el Protocolo de atención judicial de personas con discapacidad, así como el Protocolo de justicia de paz escolar y está previsto el Protocolo sobre entrevista única y uso de Cámara Gesell.
REFERENTE INTERNACIONAL
Tello Gilardi recalcó que todo este trabajo e iniciativas que colocan al Poder Judicial, que preside José Luis Lecaros Cornejo, como un referente en el cumplimiento de las Reglas de Brasilia, instrumento internacional que compromete a Iberoamérica a brindar una atención judicial especial a los más vulnerables.
“Gracias al trabajo voluntario asumido por magistrados y magistradas, así como del personal jurisdiccional y administrativo comprometidos con las personas vulnerables, el Poder Judicial del Perú es referente internacional en la implementación de esta norma”, señaló.
La magistrada hizo mención también del programa Justicia Itinerante, en el que los jueces y juezas hacen un alto a su labor en sus sedes judiciales para desplazarse a lugares alejados y atender las demandas de sus pobladores.
Reconoció además la función del programa de Orientadoras Judiciales, cuyas 300 mujeres lideresas pertenecientes al Programa Vaso de Leche, comedores populares, entre otras organizaciones sociales de Lima, Callao y otros distritos, han sido capacitadas por el Poder Judicial para orientar a la población y prevenir la violencia de género.
Finalmente, la jueza suprema titular ratificó el compromiso del Poder Judicial para la protección de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de quienes han sido víctimas de este flagelo.