Una denuncia contra el Estado peruano por casos de esterilizaciones forzadas, realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, se ha presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La demanda se fundamenta en los casos de María Elena Carbajal, F.L., R.L., E.R., y G. B., quienes fueron esterilizadas de manera forzosa por agentes estatales en Lima y en comunidades de Huánuco y Huancavelica, entre 1996 y 1997. Esta causa es patrocinada por la organización internacional Justicia y Reparación en alianza con la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por Esterilizaciones Forzadas – AMPAEF.
Es la primera vez que los casos de esterilizaciones forzadas se presentan contra el Estado peruano ante esta instancia de la ONU, que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Las esterilizaciones forzadas se realizaron en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, entre 1996 y 2001, a cargo del Ministerio de Salud, durante el gobierno de Alberto Fujimori. En la demanda se señala, que los agentes estatales que incurrieron en estas acciones lo hicieron abusando de la situaciones de pobreza y vulnerabilidad de las víctimas.
El abogado Christian Berndt de Justicia y Reparación, señala que ninguna de las cinco víctimas, representadas ante la CEDAW, otorgó su consentimiento para ser esterilizada. Por el contrario, fueron sujetas a estos procedimientos por medio de engaño, presión y/o violencia.
“Las consecuencias de las prácticas forzosas han sido terribles para ellas, pues sufren afecciones, violencia psicológica y física, discriminación, abandono, en un ambiente de pobreza y dificultades que les han impedido llevar adelante sus proyectos de vida. Cuatro de ellas han migrado a Lima, en búsqueda de justicia, verdad y reparación y nuevas oportunidades, que les son esquivas, frente a un Estado indolente representado en los sucesivos gobiernos peruanos hasta la fecha” señaló.
Rute Zuniga, cusqueña, presidenta de AMPAEF, manifestó que en estos 24 años, incluso tras el retorno a la democracia en el 2001, el Estado no ha adoptado ninguna medida que permita la reparación integral, no solo de las cinco víctimas denunciantes, sino de los miles de mujeres que sufrieron esterilizaciones forzadas en el periodo de 1996-2001.
“Tampoco se ha investigado de forma adecuada, ni identificado y menos sancionado a los responsables. Solo recibimos silencio y burla. Nunca se han atendido nuestros reclamos” recalcó Zuniga.
La demanda solicita al Comité del CEDAW que declare la responsabilidad internacional del Estado peruano por la falta de reparación integral del daño ocasionado por las esterilizaciones forzadas a las víctimas y a sus familiares cercanos; y por la falta de una investigación diligente de los hechos en estos años. Asimismo, se pide que el Estado peruano proceda con una compensación económica para las víctimas y que investigue a profundidad con el fin de identificar y sancionar a los responsables.