- Desde el 2018, el Estado peruano no da respuesta a pedido de Almanzor Salazar para que pueda cursar estudios universitarios.
- El Estado no cumple con varias medidas del Acuerdo de Solución Amistosa firmado hace 16 años, en 2003, una de ellas es la reparación en educación de hijos e hijas de Mamérita Mestanza.
El lunes 11 de noviembre se realizó una reunión entre el Estado peruano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las organizaciones DEMUS, CEJIL, Centro de Derechos Reproductivos (CDR), CLADEM y APRODEH, copeticionarias del caso Mamérita Mestanza –Esterilizaciones Forzadas, por la pendiente reparación en educación. La reunión se realizó en Quito, Ecuador, en el marco del 174 periodo de sesiones de la CIDH.
Las organizaciones consideran preocupante que a la fecha no se conozca la postura del Ministerio de Economía respecto a la propuesta presentada por el Ministerio de Educación para que se incluya dentro del Decreto de Urgencia sobre el Presupuesto Nacional 2020, que se aprobará a fines de noviembre, la “subvención económica a persona natural”, lo que abrirá la posibilidad de que se cumpla con la medida de reparación en educación a Almanzor Salazar Mestanza, el menor de los hijos de Mamérita Mestanza.
El Estado se comprometió a insistir con el MEF para comunicar respuesta antes del 30 de noviembre.
Las organizaciones solicitaron que el Ministerio de Educación informe las medidas para que los demás hijos e hijas de Mamérita Mestanza puedan ejercer la reparación, tal como se dispone en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), firmado ante la CIDH por el Estado peruano en 2003, es decir, hace 16 años. El Estado peruano informó en esta última reunión de gestiones y propuestas para que hermanas y hermanos de Almanzor Salazar puedan estudiar a partir de marzo del 2020 de forma acelerada. Accedieron a enviar a la CIDH, en dos semanas, todo por escrito y coordinar con las organizaciones copeticionarias una visita a la familia.
Almanzor Salazar culminó sus estudios secundarios en 2017. Desde entonces ha manifestado a autoridades del Ministerio de Justicia y de la CIDH, su interés de continuar sus estudios superiores. Sin embargo, el Estado aún no cumple con otorgar la beca educativa para que el joven pueda continuar su proyecto de vida.
El Ministerio de Economía fue el gran ausente en reunión de trabajo, a pesar de ser el sector que tiene en manos la reparación de educación de Almanzor Salazar.
En octubre de 2018 y febrero de 2019 durante reuniones de trabajo con la CIDH, el Estado peruano se comprometió a responder al caso de Almanzor Salazar, hijo de Mamérita Mestanza. Hasta ahora se espera respuesta efectiva.
PELIGRO DE IMPUNIDAD
Por otro lado, las organizaciones feministas y de derechos humanos copeticionarias alertan peligro de impunidad debido a las maniobras del exministro de Salud, Marino Costa Bauer, quien ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso para que el Ministerio Público se abstenga de continuar o disponer cualquier investigación o procedimiento fiscal del caso en el que se denunció como autores mediato al expresidente Alberto Fujimori y sus exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y el propio Costa Bauer.
De otro lado, la denuncia de 1316 mujeres se encuentra en el Poder Judicial. El día 9 de diciembre el Ministerio Público sustentará la denuncia contra los presuntos responsables ante el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado. La fiscal que estará a cargo en delante de este caso es Edith Chamorro Bermúdez.
DEMUS, CEJIL, Centro de Derechos Reproductivos (CDR), CLADEM y APRODEH colocaron esta agenda en la reunión de trabajo con las autoridades peruanas y de la CIDH.
