- En cuanto a la justicia penal, Fiscalía envió el expediente de esterilizaciones forzadas al Juez para que subsane y reabra la investigación judicial en el Perú
- Magistrada de la Corte Suprema chilena, Andrea Muñoz Sánchez, se pronunciará sobre la ampliación de la extradición a Fujimori en primera instancia.
El 4 de diciembre 2023, el Poder Judicial notificó de la sentencia de amparo en segunda instancia que ratifica el mandato al MINJUSDH para que el Estado cumpla con reparar integralmente a las personas registradas en el REVIESFO registro de víctimas de esterilizaciones forzadas que ya son más de 6 mil.
Con la nulidad de la investigación judicial en el caso de esterilización forzada, se perdió de vista la sentencia que ordena al MINJUSDH reparar integralmente a las víctimas. La sentencia ahora es firme y procede su ejecución de la mano de las asociaciones de víctimas y cuyo cumplimiento exigimos en representación de las hijas de Celia Ramos y como
Copeticionarias del Acuerdo de Solución Amistosa en el caso Mamérita Mestanza Vs. Perú ante la CIDH señaló María Ysabel Cedano abogada por Demus.
Asimismo, la Asociación de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas de Chumbivilca ha logrado una audiencia pública ante la CIDH por el incumplimiento del Estado de su obligación de repararlas integralmente este 1 de marzo a las 10 am.
En el campo de la justicia, Milton Campos, abogado por Demus en los procesos penales abiertos en el caso de esterilizaciones forzadas, informó que la fiscal Jhousy Margot Aburto envió el expediente al Juez Littman Ramírez para que subsane las causas de nulidad según la Corte Suprema Constitucional.
Jhousy Margot Aburto, Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, devolvió el íntegro del Expediente N°00059-2019-0-5001-JR-PE-01 y sus incidentes, así como la carpeta fiscal N° 14-2026 con 2 mil agraviadas adicionales a las 1307 de la investigación judicial anulada, a fin de que el Juez Penal cumpla lo dispuesto por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Cynthia Silva, directora de Demus, dejó en claro que los fundamentos que sustentan la anulación de la investigación judicial muestran la nula voluntad de la justicia peruana de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y familias afectadas con base en argumentos que contravienen los estándares nacionales e internacionales aplicables al procesamiento de los delitos de lesa humanidad. Aun cuando el proceso penal contra Fujimori y otros sigue abierto, porque no ha sido archivado, resulta vulneratorio que se les pida a las víctimas seguir esperando una justicia que ha sido esquiva, estigmatizante e indolente por más de 20 años. Apuestan por ello a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Celia Ramos Vs. Perú, haga justicia de una vez.
Asimismo, Milton Campos también informa que en el juicio contra autores directos en el caso de Mamérita Mestanza, su viudo, Jacinto Salazar, cumplió con brindar su testimonio ante el tribunal. La causa está en etapa previa al dictado de sentencia.
En noviembre de 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó solicitar a la Corte Suprema de Chile la ampliación de extradición de Alberto Fujimori por el caso de esterilizaciones forzadas. En mayo de 2023, se tomaron sus declaraciones, pero no como investigado, porque aún no se le ha extraditado. Dicho trámite se estancó porque el gobierno peruano no nombró un abogado que lo representara hasta enero de 2024.
Recientemente, la fiscalía judicial de la Corte Suprema de Chile solicitó que se conceda la ampliación de la extradición. Desde DEMUS, las organizaciones litigantes, defensoras de derechos humanos, víctimas y sobrevivientes reconocieron la importancia de la resolución para el avance del caso ante la justicia nacional e internacional.
“Hemos presentado nuestras observaciones cumpliendo con responder a la resolución fiscal en el plazo de 20 días. La defensa de Alberto Fujimori también. La ministra (magistrada) de la Corte Suprema, Andrea Muñoz Sánchez tendrá que pronunciarse en primera instancia. Su resolución podrá ser apelada. La última palabra la tendrá un colegiado de la Corte Suprema chilena”, declaró Karinna Fernández, abogada de Demus en Chile.