En 2016, el Poder Judicial decidió que el Anticonceptivo Oral de Emergencia (levonorgestrel) debería repartirse gratuitamente en los centros de salud del Estado luego de un proceso judicial interpuesto por la ONG Ala sin Componendas, que había detenido esta distribución gratuita desde 2009 y obligaba a las mujeres a comprarlas en las farmacias al costo que le pusieran las empresas distribuidoras de las pastillas.
La pastilla se repartía gratuitamente en los centros de salud hasta que el 2009, el Tribunal Constitucional señaló en su fallo que existía una duda razonable sobre la naturaleza abortiva del levonorgestrel. El 2014, la ciudadana Violeta Cristina Gómez demandó al MInisterio de Salud para que retome la entra sin costo del AOE.
En 2016, el Poder Judicial le dio la razón a través de una medida cautelar, pero la Corte Superior de Justicia de Lima aclaró que dicha decisión era temporal hasta que haya una sentencia definitiva por parte del Primer Juzgado Constitucional.
El 2 de julio de este año, el Juzgado ratificó la sentencia de hace dos años, lo que permitirá que miles de mujeres puedan acceder a este medicamento a través de los servicios de salud del Estado, garantizando sus derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de las mujeres en situación de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad o que hayan vivido algún tipo de violencia sexual.