Joner Apagueño Cachique era subdirector y profesor de matemáticas de la Institución Educativa N° 601412, ubicada en el Centro Poblado San Cirilo, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, en Loreto, cuando el 31 de octubre de 2023, ocho madres de familia lo denunciaron por realizar tocamientos indebidos y propuestas indecentes contra sus menores hijas.
En su momento, las madres denunciaron también que en la Comisaría 9 de octubre y en el Centro Emergencia Mujer que funciona dentro, a donde se acercaron a interponer la denuncia, no les hicieron caso a sus reclamos, y tampoco les entregaron una copia de la denuncia, por lo que tuvo que intervenir la Defensoría del Pueblo, luego de las diversas medidas de protesta que empezaron a hacer frente al colegio, exigiendo la salida completa de la plana docente junto con la del director Pedro Henry Huayllahua Pinchi, a quienes consideraban cómplices de los hechos de violencia que habían vivido sus menores hijas.
Cinco meses después, el 7 de marzo de 2024, Apagueño Cachique fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban mediante la Resolución Directoral N° 003229-2024-GRL-GREL-UGEL-MAYNAS-CPPADD, expedida por la Unidad de Gestión Educativa Local de Maynas. Asimismo, se ordenó el archivo definitivo de la causa y su inmediata reposición. Para la UGEL Maynas, los testimonios de ocho niñas no fueron motivo suficiente para poner a Apagueño lejos de la posibilidad de volver a violentar a sus alumnas.
Un proceso similar ocurrió con Medardo Bardales Panduro, docente nombrado en la Institución Educativa N° 610004 – Juan Pablo II y denunciado por sus alumnas, a quien el Jefe del Área de Secretaría Administrativa de la Gerencia Regional de Educación de Loreto le notifica, el 29 de abril de 2024, mediante la Resolución Directoral N° 006499-2024, consideró que no había mérito para iniciarle un proceso administrativo disciplinario, por lo que ordenó, así como en el caso de Apagueño, el archivo definitivo de la causa que se le seguía, con su siguiente reposición en su puesto.
La misma historia se repite con los profesores denunciados por presuntamente haber hostigado sexualmente a sus alumnas: Martín Díaz Hidalgo, Jhoiner Sangama Navarro y Cristian Vásquez Durand.
¿A qué se debe tanta suerte de estos profesores, que son denunciados por niñas y adolescentes, y que luego, como si no hubieran hecho nada que pueda perjudicarlas, son puestos a disposición nuevamente de trabajar con niñas y adolescentes?
Según diversas denuncias que nos han hecho llegar a este medio, estos malos elementos de la educación pública tienen a un grupo de personas que les «ayuda» a salir bien librados de procesos de inestigación, e incluso no llegar a ser investigados, dentro de la misma Dirección Regional de Educación de Loreto, luego de un pago que, dependiendo de la gravedad de la acusación o el delito que se les impute, variará entre 1500, 2000, 3000 o 4000 soles.
En el audio al que hemos tenido acceso, dos profesores denunciados conversan sobre cómo pueden hacer para arreglar sus procesos y cuánto han pagado para que se archiven sus casos, mencionan el caso de Jhoiner Sangama Navarro y de Martín Díaz Hidalgo, y hacen mención de quién podría ser el sujeto que los está ayudando dentro de la GREL, un tal «San», un abogado que lleva sus casos.
- 1 ¿Y cuánto has pagado tú? Tú no has pagado nada
- 2 Sí
- 1 ¿Cuánto has pagado?
- 2 Quieres salir libre ya al toque
- 1 Claro, yo también quiero salir libre
- 2 El pata me dijo no llevar todavía, va a terminar con nosotros, nuestra resolución va a salir, escúchame, nosotros en grupo hemos buscado a una persona, ya está saliendo él ya.
- 1 Quién está saliendo
- 2 Martín. Él salió ayer en la noche
- 1 Martín qué es él
- 2 Martín Díaz
- 1 Ah ya, a él le dieron su RP ya
- 2 Y la… le va a dar su memorando ahorita para que se presente a su colegio. De Jhoiner le va a dar, hoy es 23, el 30 le va a dar el de Joiner, hoy está ingresando
- 1 Ah ya, del Joiner, Joiner qué es él
- 2 Jhoiner Sangama
- 1 Él también ha pagado
- 2 Yo lo he llevado
- 1 Cuánto ha pagado
- 2 A ver, según su tema 1500
- 1 Y a ti
- 2 A mí me está cobrando, porque mi caso…, 3 lucas
- 1 Tres mil lucas. Oy Joiner, pero tres mil lucas, y tú has dado en tres partes o qué…
- 1 ya estoy libre en la Fiscalía, ya me archivaron el 2 de octubre, Y quién es el pata
- 2 Uno que trabaja aquí
- 1 San nomás le dicen
- 2 No, no es San. San trabaja con él
- 1 Él es su ayudante, pero él también le ha pagado a él
- 2 Ahí le ha cobrado 2 lucas
El modus operandi de este grupo mafioso, que presuntamente se desenvuelve dentro de la GREL, para librar de cualquier tipo de sanción a los profesores denunciados es el siguiente:
Están atentos a la llegada de alguna denuncia de violencia sexual contra un docente y del inicio de su respectivo proceso disciplinario; luego, ubican al docente implicado y le recomiendan que San, el abogado que trabajaría en la oficina de Asesoría Jurídica de la GREL, realice el descargo.
Una vez que el docente acepta, los técnicos de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD) «revisan» el descargo hecho por el abogado, lo toman por cierto y absuelven al denunciado. Esto le cuesta al docente entre S/1500 y S/5000, que se repartirían entre los asesores legales de la GREL y el técnico de turno de la CPPADD.
Según las denuncias recogidas por este medio, el «San» al que hacen referencia en la conversación sería, presuntamente, San Pilco, abogado de la GREL, quien está bajo el mando del asesor legal Julio Macedo en la oficina de Asesoría Jurídica de esta institución. Macedo es un importante abogado de la localidad que incluso ha llegado a representar al propio Gerente Regional de Educación en algunos eventos.
A través de un pedido de información realizado por la congresista Ruth Luque el 12 de febrero de 2025, en donde le solicita al Gobernador Regional de Loreto, Jorge René Chávez Silvano, que informe sobre los casos de denuncias de violencia sexual y otros abusos cometidos por docentes en la región, desde enero de 2022 hasta la actualidad, así como el tratamiento de los casos, las políticas implementadas para prevenir los abusos a estudiantes en las instituciones educativas, la activación de protocolos y el seguimiento y monitoreo de las víctimas.
Como es habitual en estos trámites, el Gobernador Regional de Loreto le manda un memorando al director de la Gerencia Regional de Loreto, Edilberto Panduro Silvano, quien a su vez envío un memorando a todos sus directores de UGEL: Polansky Rodríguez Youg (Maynas), Tito Rengifo Flores (Ramón Castilla), Gisella Correa Meléndez (Ucayali Contamana), Rafael Silva Gonzáles (Datem del Marañón), Dolores del Águila Vela (Alto Amazonas – Yurimaguas), Raúl del Águila Meza (Requena), Francisco Navarro Carbajal (Loreto-Nauta) y Enith Mera Chávez (Putumayo), para que respondan enviando toda la información solicitada por la congresista.
Lo «sorprendente» es que, como única respuesta, enviaron una lista de nombres de los profesores denunciados desde 2022 y cómo habían quedado sus casos, material que no llega apenas a las cuatro páginas. No respondieron nada sobre el punto 2 que solicitaba la congresista: el seguimiento a los casos y lo sucedido con los profesores que mencionamos en esta nota, así como las medidas adoptadas en cada caso en los colegios. No respondieron nada sobre el punto 3: si los profesores denunciados continúan trabajando en colegios y si las víctimas recibieron algún tratamiento. No respondieron nada sobre el punto 4: cuáles han sido las acciones y medidas emprendidas por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD). No respondieron nada sobre el punto 5: información sobre protocolos y medidas de protección a las víctimas en las instituciones educativas. No respondieron nada sobre el punto 6: información del Gobierno Regional de Loreto respecto al tratamiento y políticas adoptadas para prevenir la violencia sexual en los colegios.
Ocho directores de UGEL no tuvieron la capacidad de responder mínimamente sobre las acciones que les competen a sus áreas para prevenir y sancionar la violencia sexual contra estudiantes menores de edad en los colegios públicos de Loreto. Aunque lo enviado, a pesar de ser el 10% de lo socilitado, nos da una idea más clara de cómo son tomadas las denuncias de niñas y adolescentes contra sus profesores y la importancia que les dan a ellas.
En 2022, según la GREL, se presentaron 19 denuncias contra profesores, 2 por abuso sexual, 1 por acoso sexual y 16 por hostigamiento sexual; de esas denuncias, 13 procesos están concluidos por no encontrar méritos para investigarlos, 2 fueron absueltos y 4 fueron destituidos. Es decir, de 19 denuncias, 15 se fueron al archivo definitivo.
En 2023, de los 21 casos denunciados, 17 por hostigamiento sexual y 4 por maltrato físico/psicológico, 13 fueron desestimados, 1 fue absuelto y 7 fueron destituidos. Es decir, de 21 profesores denunciados, 14 salieron bien librados.
En 2024, de los 22 casos registrados, 21 por hostigamiento sexual y 1 por maltrato físico, 9 fueron declarados no ha lugar, 8 no haber mérito para investigar, 1 fue absuelto y solo 1 fue destituido. Es decir, de 22 profesores denunciados, 21 salieron libres de polvo y paja.
En lo que va de 2025, solo hay una denuncia por hostigamiento sexual en proceso de investigación.
La gran mayoría de denuncias terminan sin castigo ni sanción debido a cuestiones técnico-legales de forma y de fondo, que abogados con un poco de experiencia en estos trances pueden sortear, justamente por la incapacidad de las víctimas para presentar pruebas de que han sido violentadas, ya que las niñas y adolescentes no suelen llevar cámaras o micrófonos ocultos para poder grabar exactamente el momento en que son abusadas, y suelen ser niñas y adolescentes en situación de precariedad económica y de abandono parental, por lo que sus vidas no son tomadas en cuenta por una justicia incapaz de ver su vulnerabilidad y asumir con rigor la protección y garantías que sus vidas necesitan.
Como se observa en los listados enviados por la GREL, la forma de terminar con un proceso rápidamente, y que se convirtió en el argumento preferido a partir de 2024, es declararlo «no ha lugar», lo que significa que la denuncia no se puede aceptar porque falta algún requisito de admisión, eso genera que ni siquiera haya una investigación.
Cuando una víctima inicia un proceso de denuncia por el daño que se le ha ocasionado necesita un abogado/a que le redacte un escrito que cumpla con determinadas formalidades: de forma (todo lo que se debe colocar en un escrito) y de fondo (sustentar los indicios suficientes de la comisión de un delito con argumentos jurídicos). El «no ha lugar» da la posibilidad de subsanar, presentar testigos y pruebas, para volver a presentar la denuncia.
En estos casos de violencia, son las y los abogados del Centro Emergencia Mujer los que asumen la defensa de las niñas, pues ellas y sus madres carecen de medios económicos para llevar adelante un proceso, que también implica un gasto enorme de tiempo y estabilidad emocional, pérdida de recursos que ya son escasos y problemas con el colegio e incluso la vecindad, la sospecha y dudas sobre los testimonios de las menores también ejerce un control coercitivo que impide continuar con los procesos, situación que es aprovechada por los violentadores para seguir actuando impunemente. Entonces, junto a estas carencias, si se encuentran con abogados/as que no les interesa continuar con los procesos, las denuncias quedan en el olvido.
En los casos declarados como «no haber mérito» para un proceso legal, significa que la denuncia sí generó una investigación, pero que, a partir de ella, se concluye que no hay pruebas suficientes para sancionar y se archiva. Aquí, el operador de justicia ha considerado que no hay suficientes indicios de que se ha cometido un delito y, por lo tanto, rechaza la acusación, lo que da lugar a un archivo definitivo que no se puede subsanar ni corregir, y la libertad total de los denunciados para volver a trabajar con niñas y adolescentes.
Estas cifras de profesores denunciados sorprenden considerando que, según la Defensoría del Pueblo, la UGEL Maynas, solo entre 2023 y 2024, ha registrado 164 denuncias de violencia contra el alumnado y “ha detectado graves deficiencias en la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes (CPPADD), especialmente aquellas referidas a investigaciones por casos de casos de violencia en agravio de estudiantes, en las que frente a las dificultades advertidas se corre el riesgo de impunidad”.
No está demás añadir que ninguno de los cinco profesores mencionados en esta nota están presentes en la lacónica respuesta enviada por la Gerencia Regional de Educación de Loreto. El desinterés por este tema desde la GREL es impactante, no les interesan las niñas y adolescentes abusadas, no les interesa hacer justicia por ellas, no les interesa librar a los colegios, a las familias y a las menores de peligros para su integridad física, psicológica y sexual, no les interesan sus vidas ni proteger su dignidad. Por lo que hemos visto en las redes sociales de la GREL, el interés está más en forjar lazos políticos a través de reuniones, presentaciones y visitas «inopinadas», que en ir al fondo de la baja calidad en la educación peruana, las altas tasas de deserción de estudiantes mujeres, y los embarazos forzados a menores de edad: la indiferencia y la impunidad.