Un grupo de madres que han demandado por alimentos a sus exparejas se han agrupado bajo el lema “No es un capricho, la pensión de alimentos es un derecho”. Ellas han lanzado un pronunciamiento explicando sus demandas y convocan a otras madres que tengan el mismo problema para que juntas le exijan al Poder Judicial que acelere sus procesos.
Este es su pronunciamiento:
“Las madres que exigimos la obligación de la pensión de alimentos no pedimos nada más que un derecho irrenunciable de nuestras hijas e hijos, eso es independiente de nuestra capacidad económica, porque al margen de que nosotras tengamos la posibilidad de sustentarlos, los padres no pueden deslindarse de esa obligación que es en beneficio de sus propios hijxs y es su responsabilidad.
Aunque la realidad de la mayoría de las millones de mujeres que luchan por este derecho es que no cuentan con las posibilidades económicas de sustentar a sus menores y eso precariza mucho más la situación de las más pobres, que deben cumplir trabajos en condiciones de explotación laboral, los peligros de la informalidad y la doble carga que significa el cuidado en casa y crianza de lxs hijxs, por lo cual la mayoría tendría hasta tres trabajos, uno sin remuneración y es el que, ni el padre irresponsable, ni la justicia toman en cuenta.
Por eso nos parece importante mencionar que esas jornadas laborales recaen solo en las mujeres y se exime de esta a los hombres que no solo incumplen con su obligación económica más tangible, sino que se desligan totalmente de la del cuidado, permaneciendo ausentes en la crianza de los menores.
Las madres que demandamos pensiones de alimentos nos encontramos con muchos obstáculos, el principal es el machismo que hace creer que somos las únicas responsables de la crianza y el cuidado, y que es nuestra función inherente, la misma que no puede ser compartida con el padre, a quien se le permite estar ausente y de esta manera se libra de la responsabilidad del cuidado.
Este enfoque se traslada también a los juzgados y a los operadores de justicia, porque incluso nuestros propios abogados defensores no toman en cuenta el trabajo no remunerado que realizamos en casa con las niñas y los niños que permanecen a nuestra entera responsabilidad, lo que significa que para trabajar debemos buscar a otra persona, a la cual generalmente debemos de remunerar para que cubra ese cuidado y, por otro lado, no se toma en consideración el desarrollo personal ni profesional de las mujeres, los cuales dejamos de cumplir porque nuestras actividades se concentran en solo criar.
Es así que el trabajo no remunerado en casa no es tomado en cuenta entre los cálculos para la pensión alimenticia y en los juzgados somos discriminadas con el estigma de ser mujeres que queremos recibir manutención de un hombre que ya no es nuestra pareja como si de un acto vil y egoísta se tratara, pero no se interpreta con la empatía que este debería ser enfocado.
Un hecho aparte es la violencia que se recibe, tanto del padre deudor, la familia y amigos de este, como del Poder Judicial, lo que genera que muchas mujeres desistan de sus demandas por temor, ya que muchos casos de feminicidio han sucedido por estas causas.
Otro tema importante a resaltar es el hecho innegable de la corrupción, tal como se pudo evidenciar con el caso de los “cuellos blancos”. Las madres demandantes de pensiones de alimentos somos las víctimas directas de esta situación, pues los padres deudores prefieren pagar altas sumas de dinero a los jueces corruptos para que fijen pensiones ínfimas, que cubrir las necesidades de alimento, salud y educación para sus hijos.
Esta terrible situación nos genera impotencia y desaliento, más aún si tenemos en cuenta que muchas de las relaciones con estos hombres terminaron por causales de violencia de género, es así que estos procesos terminan siendo actos de revictimización y a veces son insostenibles, porque son procesos que duran años y deben de ser renovados con cada etapa de crecimiento del menor, lo que significa una carga muy dura de llevar, sobre todo cuando el sistema y la sociedad nos estigmatiza, creyendo que es un pedido que no nos corresponde hacer y se romantiza la idea de la madre fuerte y valiente que puede sola con sus hijos, siendo el amor de ellos la mejor recompensa, algo que desde luego es hermoso, pero no debe de generar que se le pretenda restar la importancia del cumplimiento de las obligaciones económicas a los padres que lamentablemente requiere de una orden judicial para cumplir aquello que debiera ser cumplido por amor.
Es por ello que demandamos al Estado y a la sociedad a que se trabaje por la incorporación del enfoque de género dentro de los juzgados; así como también, se trabaje internamente por erradicar la corrupción que está enquistada en esos espacios, ya que no solo afecta a millones de mujeres, sino a millones de niñas y niños de este país que ven truncados sus proyectos de vida y alterados su normal desarrollo por culpa no solo de los padres irresponsables, sino del Estado que permite que esto suceda.
La madres demandantes ya no estamos solas, nos estamos organizando y vamos a unirnos para luchar por cada caso, por cada injusticia y por cada acto de violencia y corrupción en los juzgados porque juntas somos más fuertes”.