Las declaraciones de la Directora Ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud para el diario español El País han generado controversia en el Perú debido a la información poco veraz que formula sobre los embarazos en adolescentes y el acceso al aborto terapéutico en esta población.
Según Lucy del Carpio, quien ocupa tan importante puesto, “la guía de aborto terapéutico no requiere precisiones para menores de edad gestantes” y que “las complicaciones que puede presentar (una adolescente) son las mismas que las de una adulta”, pero la Defensoría del Pueblo, y décadas de investigaciones al respecto dicen todo lo contrario.
En la misma nota, un representante de esa entidad señala que “para la Defensoría, los riesgos para una madre niña o adolescente aumentan conforme avanza la gestación debido a que ni físicamente ni psicológicamente están preparadas para enfrentar este estado, más aún si es consecuencia de una violación sexual”, y solicitaron solicitó al Ministerio de Salud que el protocolo de aborto terapéutico “incluya un procedimiento diferenciado para las menores de 14 años”.
Como señala la organización Cladem, “el embarazo en una niña es cuatro veces más riesgoso que en una mujer adulta y en todos los casos es producto de violación sexual y por tanto implica grave afectación a su salud mental”.
Del Carpio también sostuvo que “el aborto terapéutico lo tiene que pedir la menor o un familiar, el personal de salud no informa sobre la posibilidad del mismo” negando la posibilidad de un acceso informado, a tiempo, eficiente y que disminuya los riesgos en la vida de la gestante. En un país en donde más de 1500 niñas no tienen derecho al aborto terapéutico y todas son embarazadas producto de una violación, el acceso al aborto terapéutico es un derecho que viene siendo violado continuamente por las instancias del Estado en el ámbito de la salud.
Las lamentables declaraciones se dieron en el marco de las noticias sobre tres niñas de 13 años afectadas gravemente en su vida y en su salud física y psicológica, a las cuales el Estado peruano desprotegió, cobrando la vida de una de ellas.
El pasado 5 de marzo, el Estado pidió disculpas a KL, a quien se le negó el acceso al aborto terapéutico y se comprometió a que estos hechos no se repitieran, pero los casos de demora u obstaculización del aborto terapéutico persisten a costa de la vida y la salud física y psicológica de otras niñas y adolescentes.