- El plazo de la nueva investigación fiscal preliminar sobre las esterilizaciones forzadas cometidas durante el régimen de Alberto Fujimori ha vencido, sin que el Ministerio Público haya informado una decisión fiscal que permita avanzar en el proceso.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en el caso Celia Ramos vs. Perú, que estos crímenes constituyeron graves violaciones a los derechos humanos en el marco de una política de Estado, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.
- Organizaciones advierten sobre el riesgo de impunidad ante la persistencia de discursos negacionistas y las presiones sobre fiscales y jueces/as, en un contexto en el que resulta fundamental garantizar una investigación independiente, imparcial y diligente.
Lima, Bogotá y Washington D.C., 21 de octubre de 2026. Ante el vencimiento del plazo de la investigación fiscal preliminar sobre las esterilizaciones forzadas cometidas durante el régimen de Alberto Fujimori, las organizaciones representantes del caso Ramos Durand y otras vs. Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instamos al Ministerio Público a emitir un pronunciamiento debidamente fundamentado y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, permitiendo el avance inmediato hacia la etapa de investigación preparatoria que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes.
Entre 1996 y 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, el Estado peruano implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en cuyo marco miles de mujeres, principalmente indígenas, rurales y en situación de pobreza, fueron sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento libre, pleno, previo e informado. En la histórica sentencia del caso Ramos Durand y otras vs. Perú, la Corte IDH estableció que las esterilizaciones forzadas no constituyeron hechos aislados, sino que fueron implementadas como una política de Estado discriminatoria que implicó graves violaciones a derechos humanos. Asimismo, determinó que estos hechos deben investigarse, juzgarse y sancionarse conforme a los estándares aplicables a graves violaciones de derechos humanos, sin que puedan invocarse figuras como la prescripción o la amnistía que permitan la impunidad de los hechos.
A casi tres décadas de los hechos, las investigaciones penales contra los funcionarios presuntamente responsables han enfrentado sucesivos obstáculos. En julio de 2024, una decisión judicial anuló actuaciones del proceso penal iniciado en 2021, que comprendía hechos denunciados en perjuicio de 1.315 víctimas, y dispuso que la investigación se adecuara al Nuevo Código Procesal Penal. Esta decisión dejó sin efecto las diligencias realizadas durante ese período y obligó a iniciar una nueva etapa de investigación fiscal que comprende actualmente a más de 4 mil denunciantes. El plazo de ocho meses fijado para esta nueva investigación preliminar lleva vencido más de tres meses, sin que se haya emitido un pronunciamiento fiscal que permita determinar la continuación del proceso. Esta situación genera preocupación por la posibilidad de que se prolongue una investigación de casi dos décadas de recolección de pruebas, sin que exista justificación alguna para dilatar el pronunciamiento fiscal. Mantener el caso en la incertidumbre revictimiza a las miles de mujeres afectadas y obstaculiza el acceso real a la justicia.
A los graves retrasos en la investigación, se suma la preocupación por las actuaciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al abrir una investigación contra jueces supremos que optaron por inaplicar Ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad en un caso de esterilizaciones forzadas. La apertura de indagaciones contra quienes adoptaron esta decisión genera preocupación por sus posibles efectos sobre la independencia judicial y la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en estos procesos.
Asimismo, persisten discursos que niegan o minimizan las esterilizaciones forzadas cometidas durante el régimen de Alberto Fujimori, incluso desde el Congreso de la República con el negacionismo del investigado congresista Alejandro Aguinaga. Estos discursos contrastan con los hechos establecidos por la Corte IDH y contribuyen a un contexto de cuestionamiento de la gravedad de las violaciones denunciadas. Frente a ello, resulta fundamental garantizar que las autoridades fiscales y judiciales puedan cumplir sus funciones sin interferencias políticas.
Por estas razones, instamos al Ministerio Público a que actúe con independencia e integridad, adoptando sin mayores dilaciones una decisión debidamente fundamentada, conforme a lo señalado por la Corte IDH, que permita avanzar en la investigación, garantizando la justicia pendiente para las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú. Asimismo, hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para mantenerse atenta al desarrollo del proceso y exigir que se respeten las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Demus-Estudio para la defensa de los derechos de la Mujer
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL
Centro de Derechos Reproductivos – CDR