Ha pasado un año del feminicidio que cobró la vida de Eivy, un caso emblemático por el nivel de destrucción al que fue sometida al ser quemada viva y porque además esto se hizo en pleno espacio público, con lo que el perpetrador Carlos Hualpa Vacas mostró un extremo afán de exhibición de la crueldad sobre ella. Las colectivas, organizaciones y activistas independientes que conformamos la Asamblea de Mujeres y Diversidades de Lima (AMD), a un año de este terrible hecho convocamos a una marcha para manifestar que:
Este feminicidio como cada uno de los que se vienen dando en el país están en nuestra memoria como hechos que repudiamos absolutamente. Consideramos que expresiones de violencia como estas son solo la punta del iceberg de un amplio abanico de modalidades de violencia (psicológica, verbal, física, sexual etc.) que en mayor o menor medida afectan a la gran mayoría de mujeres en el país y que son resultado de la ideología machista vigente.
A los 8 días del feminicidio de Eyvi, el gobierno de Martín Vizcarra creó la comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal denominada “Comisión de emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contras las mujeres”, asignando S/. 59 295 634 millones a las entidades comprometidas, las cuales no han reflejado cambios sustantivos hasta la fecha.
El Ministerio de la Mujer poco o nada ha realizado frente la implementación del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, desde el 2015 año en el que se promulgó la Ley 30364. En el 2016, se instaló la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, sin ninguna norma que la institucionalice, no se aprobó ningún reglamento, ni se le asignó presupuesto para que cumpla las funciones de coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas, integradas y complementarias para la acción del Estado. Por lo tanto, se creó una redundante Comisión Multisectorial de Alto Nivel de carácter temporal presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros, la misma que no ha dado un adecuado seguimiento y monitoreo, mientras que los sectores no han cumplido con las metas.
Para erradicar la desigualdad de género que está en la base de este tipo de violencia es preciso que se fortalezca el enfoque de género en toda la política pública. Se debe sentar una postura firme frente a cualquier intento de grupos políticos fundamentalistas y anti derechos (como “Con mis hijos no te metas”) de erradicarlo.
En el área de prevención de la violencia es fundamental trabajar con la ciudadanía desde la temprana infancia en la escuela, para lo cual se necesita fortalecer el enfoque de género y la Educación Sexual Integral en la misma. Pero no basta con tener la normativa vigente, es preciso, además, invertir en una buena implementación que contemple permanentes programas de capacitación de docentes y sistemas de monitoreo y evaluación.
Acceder a los servicios de salud para una niña de 13 años víctima de violación y a consecuencia embarazada le ha costado la vida a la menor de siglas MFAM. Ella falleció el 5 de marzo en el Hospital Regional de Ica, uno de los tantos centros de salud donde no se ha implementado ni capacitado al personal sobre el deber de informar del derecho a acceder a un aborto terapéutico y seguro. El acceso a la salud está sometido a las creencias religiosas de los servidores y no a las políticas de salud sexual y reproductiva, reconocida desde hace 100 años, como es el aborto terapéutico. El MINSA no ha aprobado el protocolo de atención articulada a víctimas de violencia de género.
Las niñas indígenas son violadas en las comunidades por profesores y su entorno cercano. En diciembre del 2018, una menor de 5 años del pueblo Awajun fue otra víctima de las 20 que denunciaron al inicio de ese año. Nosotras preguntamos ¿Qué acciones se están tomando para enfrentar la violencia? Las capacitaciones para 240 personas (niñas, niños adolescentes lideres/as) de comunidades nativas, es una burla que no responde a acciones articuladoras con pertinencia cultural para enfrentar las carencias que sufren las mujeres de los 55 pueblos indígenas para enfrentar la violencia.
Lxs operadorxs del campo de la justicia como fiscales, jueces y otrxs funcionarios, lo mismo que la Policía Nacional, deben contar con formación en enfoque de género para poder atender adecuadamente los casos. En el ámbito judicial es particularmente necesario para que puedan reconocer cuando están frente a un feminicidio y hacer una evaluación pertinente del contexto en el tratamiento de cada uno de los casos.
Es preciso mejorar y ampliar los sistemas donde se puede reportar la violencia y casas de acogida para las víctimas que además se articulen con programas integrales que les ofrezcan alternativas para salir de manera definitiva de los entornos de agresión y violencia. Esto es particularmente crítico y escaso en las áreas rurales. La Estrategia Rural del MIMP se debe implementar en todo el país. Sobre los Centro Emergencia Mujer, los cuales siguen siendo servicios que no logran abastecer a la gran demanda de víctimas. No se logra brindar un servicio integral de asesoría legal, psicológica y social, que atienda la realidad de las víctimas, las cuales terminan siendo derivadas de una institución a otra. La poca formación en género y la escasa empatía hacia las víctimas hace que abandonen los procesos y éstas no continúen con el impulso procesal. En el 2017 solo lograron sentencias condenatorias el 5 % de los casos atendido a nivel nacional, según el observatorio Nacional de la violencia contra la familia.
Los medios de comunicación deben realizar un tratamiento adecuado de las noticias sobre feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres. La exhibición de los cuerpos violentados no contribuye más que a amplificar las tendencias exhibicionistas de los agresores. Por otro lado, las narrativas justificatorias de los agresores si se colocan en la noticia debe ser desde una perspectiva claramente crítica, repetir los “motivos” de un agresor sin más no hace más que validarlo.
Además de las autoridades y los medios de comunicación todxs tenemos una responsabilidad en la erradicación de la violencia de género. Frente a un caso de violencia no guardemos silencio, no miremos al costado. Acompañemos a las víctimas.
A un año del feminicidio de Eyvi, queremos que el Estado y la sociedad sepan que no olvidaremos a las 149 niñas y mujeres asesinadas del 2018 ni a las 65 en lo que va del 2019. Por Eyvi y por todas nos reuniremos en demanda de una verdadera justicia.
Asamblea de Mujeres y Diversidades de Lima
Libres no nos quieren: ¡libres y vivas nos queremos!