Frente a la condena por difamación contra Marcela Poirier, de un año y 8 meses de cárcel más una reparación civil de 180 mil soles, ante la demanda por difamación del profesor de la PUCP y exministro de Cultura, Luis Jaime Castillo Butters, que perjudica a futuras víctimas de violencia que no tienen cómo consignar las pruebas de la violencia sufrida, la Defensoría del Pueblo señaló lo siguiente:
«El hostigamiento sexual en universidades es una forma de violencia compleja, porque implica el ejercicio de poder de docentes o autoridades. Esto genera temor a las víctimas, quienes experimentan luego obstáculos para seguir estudiando o desarrollarse profesionalmente.
Ante falta de confianza en canales internos de atención e investigación como en el sistema de justicia, cobra importancia para víctimas la denuncia pública. Por ello, nos preocupa que sentencias como la dictada a Marcela Poirier desalienten a mujeres a denunciar estos casos.
Tal como hemos señalado en informes previos, el sistema de justicia y el sistema penal no se pueden utilizar para callar o amedrentar a denunciantes, pues la violencia de género contra las mujeres tiene una relevancia pública que debe alejarse de cualquier forma de censura».
En ese sentido, para la jueza del caso, primó el derecho al honor de un hombre al que más de seis testimonios señalan que como presunto agresor, antes que la libertad de expresión de una mujer, que representa a miles de mujeres que denuncian públicamente las violencias vividas frente a la incapacidad del sistema judicial de hacerles justicia.
Algunos líderes de opinión celebraron el triunfo de Castillo Butters, defendiendo su inocencia porque lo conocen de hace muchos años, mientras que todas las organizaciones feministas condenaron la sentencia que perjudica a las víctimas de violencia y a la libertad de expresión.
Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también se pronunció a favor de la víctima.
