La fiscal Marcelita Gutiérrez archivó la denuncia contra dos policías por el delito contra la humanidad, en la modalidad de tortura, tras el ataque que sufrió Yefri en el 2007.
Yefri es una mujer trans que trabajaba como promotora del Ministerio de la Salud (MINSA), en el distrito de Ate Vitarte cuando se dirigió a tomar un taxi. Cinco sujetos aparecieron y se lo impidieron agrediéndola en grupo, entre golpes e insultos que hacían clara alusión a su identidad de género, torturándola psicológica y físicamente.
Yefri, entre el terror y el dolor, sacó fuerzas para huir del ataque y se acercó a un puesto de vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se encontraban los efectivos Henry Alberto Gamboa Huamán y José Marcial Ybias Altamirano. Pese a encontrarse de servicio, ellos se negaron a ayudarla.
Como detalla el informe de Promsex y la CNDDHH:
“Desesperada, Yefri ingresó a un bar cercano, pensando que había perdido de vista a sus agresores. Sin embargo, pudieron encontrarla y continuaron golpeándola incansablemente. Al verse sin escapatoria posible, Yefri fingió su propia muerte pensando que el ataque cesaría, pero ello no fue así: ella pudo sentir cómo uno de sus agresores le desfiguró el rostro antes de abandonarla a su suerte”.
Desde marzo del 2015, tanto la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) como el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) interpusieron ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima una denuncia contra los dos policías que con su indiferencia permitieron que dejarán a Yefri al borde de la muerte y expuesta a una larga y dolorosa recuperación.
Sus prejuicios sobre la identidad de género de Yefri, consintieron que la tortura se produzca como acreditó la defensa de Yefri. Sin embargo, después de tres años, la fiscal determinó que el caso solo debe ser calificado como “lesiones graves”.
Por ello, se han presentado dos recursos de queja: uno, contra la decisión de no calificar los hechos como “tortura”, y otro contra la fiscal Marcelita Gutiérrez, por su actuación poco diligente al interior del proceso, por incumplir con los deberes que impone la Ley de Carrera Fiscal y por vulnerar los derechos de Yefri Peña.
Desde aquí esperamos realmente una pronta solución al caso de Yefri. Es injusto y doloroso ver a una compañera pasar por este doble abuso: de los torturadores y de los operadores del Estado que se supone deben estar para protegernos a todas y todos por igual.
