Como si fuera casi un Mundial de Fútbol, Argentina nos lleva diez años de adelanto en reconocimiento de derechos a las parejas de lesbianas y gays, y por ende, en un ejercicio más justo de la ciudadanía sexual, esa que en el Perú aún es vilmente negada, no solo con la falta de derechos civiles para las parejas, lo que conlleva a la desprotección de las familias LGTBIQ+, como en el caso de Luis Repetto, recientemente fallecido y su pareja Jonathan Huamaní, sino también por la continuidad de los crímenes de odio en el Perú, como el transfeminicidio registrado el último sábado contra la dirigente trans Cristal Romero en Trujillo.
La lucha por conseguir el matrimonio no fue fácil ni en Argentina, ni en España ni en Estados Unidos, en todos hubo una lucha de décadas (como el voto femenino) para que dos parejas puedan darse el sí y firmar el contrato que protege sus vidas y bienes en común, incluidos sus hijxs.
El derecho en Argentina fue aprobado en la madrugada del 15 de julio de 2010 tras 15 horas de debate en donde se mezclaban los argumentos ya conocidos de la “destrucción de la familia” con aquellos que hacían ver la lógica total de sustentar y reivindicar esta demanda. Los lemas “los mismos derechos con los mismos nombres” y “bicentenario con igualdad” estaban por todas las calles siendo repetidos en marchas, movilizaciones, plantones e intervenciones en el espacio público con el fin de que el matrimonio deje de seguir siendo solo un privilegio heterosexual.
Luego de su legalización, las primeras en casarse fueron dos activistas legendarias por los derechos LGTBIQ+, Norma Castillo y Ramona ‘Cachita’ Arévalo. Cachita falleció el 2018.
En el Perú, a pesar de todos los intentos, la homofobia sigue ganando a los derechos de las personas a amar y ser protegidas por el Estado.