Doce años después de que Azul Rojas Marín fuera torturada y violada en la Comisaría de Casa Grande (Trujillo) por tres efectivos policiales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Perú por su responsabilidad en la violencia vivida por la mujer trans, y por la incapacidad y negligencia de su Poder Judicial para reparar el daño hecho.
El 25 de febrero de 2008, con la excusa de ser “identificada”, tres policías detuvieron a Azul Rojas Marín y la tuvieron retenida cuatro horas dentro de la dependencia policial. Ahí la torturaron y violaron con un garrote. EL mismo día, ella intentó poner la denuncia en la comisaría, pero no se lo permitieron, regresó dos días después para volver a interponerla. Ahí por fin registraron su denuncia y ordenaron que se haga el reconocimiento médico legal dos días después, es decir, cuatro días después de sucedidos los hechos.
Esta negligencia policial fue utilizada luego para poner en duda el testimonio de la víctima: como habían pasado cuatro días, ella misma había podido hacerse daño y simular que había sido violada. También señalaron que se había contradicho en su testimonio porque no dio detalles que luego sí, y que además su testimonio no era creíble porque su hermano estaba involucrado en un delito y ella lo estaba haciendo por venganza a un policía.
De esa forma, la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial no sancionaron a ninguno de los policías inculpados y el caso se archivó un año después.
Azul, con asesoría de organizaciones de derechos humanos, llevó su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, en 2018, hicieron recomendaciones al Estado peruano que fueron tomados por la Segunda Fiscalía Supraprovincial, con el fin de que se reabriera la investigación, esta vez sí de forma eficiente, justa y sin estereotipos de género, pero la Quinta Fiscalía Superior de La Libertad anuló ese requerimiento. En 2019, la Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope solicitó al Juez Penal de Investigación Preparatoria de Ascope la nulidad de todo lo actuado, pero este declaró improcedente el pedido y reafirmó el archivo.
Hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado peruano por la violación de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Entre las medidas de reparación se encuentran entregar a Azul 70 mil dólares y a su madre 20 mil dólares por los daños materiales e inmateriales vividos, reabrir la investigación y sancionar a los agresores, publicar la sentencia en la web del MINJUS y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, dar asistencia médica y psicológica gratuita e inmediata a la afectada, adoptar un protocolo sobre la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas LGBTI, sensibilizar y capacitar a agentes estatales sobre violencia contra las personas LGBTI, diseñar e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI, y eliminar el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las regiones y distritos del Perú.