- Hace más de 2 años, la Corte IDH falló a favor de Azul e hizo responsable al Perú de la tortura y otros hechos de violencia que recibió.
- Esta ceremonia de reconocimiento contó con la presencia de distintas autoridades del Estado peruano.
El jueves 3 de noviembre y por primera vez, el Estado peruano pedió perdón a una ciudadana peruana integrante de la comunidad LGTBI por la vulneración de sus derechos humanos. Este pedido de disculpa fue a Azul Rojas Marín, una mujer trans que sufrió tortura y abuso por parte de efectivos policiales, que al no encontrar justicia a nivel nacional, denunció estos hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual falló a su favor en febrero del 2020.
La ceremonia se realizó en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a las 3.00 pm y contó con la presencia del ministro de Justicia, Félix Chero, y con altos funcionarios del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, entre otras instituciones estatales, representantes de embajadas, organismos internacionales y sociedad civil.
El caso Azul
El 25 de febrero de 2008, Azul, una mujer trans, fue detenida por agentes policiales de manera ilegal, arbitraria y discriminatoria, fue conducida violentamente hacia la comisaría de distrito de Casa Grande, provincia Ascope, Trujillo, donde permaneció hasta las seis de la mañana. En ese lugar, Azul, (quien en ese momento se identificó como un hombre gay) fue víctima de maltratos e insultos relativos a su orientación sexual por parte de los agentes.
Las acciones legales iniciadas, tanto en sede nacional como internacional, buscaban que se reconozca a Azul como víctima de violencia psicológica, física y sexual a causa de su orientación sexual no normativa, que estas agresiones en contra de Azul constituyeron una forma de tortura, y que se sancione por ello a los responsables, así como a los funcionarios que impidieron la debida investigación y sanción de los hechos.
En febrero de 2020, la Corte IDH estableció la responsabilidad al Estado peruano y dispuso una serie de medidas de reparación, entre ellas el acto de reconocimiento público. Si bien el 3 de noviembre se dará cumplimiento de esta reparación, todavía quedan pendientes las otras reparaciones como el plan de capacitación y sensibilización dirigido a los operadores de justicia, serenazgo y policía, un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBT.
Cabe señalar que está pendiente la obtención de una sentencia definitiva favorable en sede interna, en la cual se determine la responsabilidad penal de los agentes policiales por la tortura y violencia sexual ejercida contra Azul sobre la base de su orientación sexual.
