Lo que está sucediendo con el suboficial PNP Paúl Martín Quispe Leiva en la ciudad de Piura no es más que un acto de homofobia institucionalizada, por parte de la entidad que se supone debe encontrarse exenta de estas conductas para cumplir con sus obligaciones funcionales idóneamente.
Esta es una investigación sumamente injusta, pero que al ser tan visibilizada nos permitirá poner en evidencia los prejuicios que se encuentran enquistados en una de las instituciones del Estado más cuestionada por su ineficiencia al actuar contra la violencia: la Policía Nacional del Perú (PNP).
La PNP olvida que sus funciones de supervisión a sus efectivos policiales se dan en el marco del respeto pleno al principio de legalidad aplicable al derecho administrativo. De acuerdo con el reglamento de infracciones de la Policía Nacional, realizar gestos ofensivos o reñidos con la moral, urbanidad, las buenas costumbres y normas de cortesía, está castigado. No obstante, sin entrar en el debate de lo que es o no moralmente correcto, resulta necesario mencionar que este reglamento se aplica cuando las y los efectivos policiales se encuentran en ejercicio de sus funciones, o cuando se sirvan de su condición de policías para sus actividades privadas en espacios ajenos a su labor.
El SO PNP Quispe hizo lo que miles de policías y personas hacen, salió a divertirse en sus días de franco a un establecimiento público y bailó como le dio la gana sin hacer daño a nadie. ¿Dónde está la falta? ¿Dónde está el atentado a la moral y buenas costumbres?
No es mentira ver cómo policías salen a divertirse con compañeros de labores en infinidad de veces en donde beben e incluso portan sus armas, sin encontrarse en el ejercicio de sus funciones y salen a mostrar sus dotes de conquista a las zonas a donde llegan a laborar. Es sabido que incluso el recibimiento que se les da a policías que son destacados a diversas localidades, por los de menor rango, incluye fiestas que a pedido de los visitantes conlleva a la compra del placer sexual mediante la contratación de mujeres dedicadas a la prostitución. No es falso señalar que muchos policías, en medio de sus grandes juergas, acosan mujeres e incluso protagonizan peleas en donde su condición de policía los pone en ventaja sobre su oponente y después alegan agresión a la autoridad. No es un invento mencionar que muchos policías manejan en estado de ebriedad y cometen infracciones de tránsito porque saben que no pasará nada al estar sus colegas a cargo de cualquier intervención que tuvieran que enfrentar. Así como estos ejemplos hay muchísimos y quien lee este espacio puede enumerar desde sus experiencias personales. No obstante, en estos casos no pasa absolutamente nada, ¿por qué? Porque todos esos encajan en el ideal del macho policial bacán que todo lo puede y todo lo hace. De hecho, están portándose acorde a lo que se espera de un policía, según la cultura peruana, en donde los policías suelen ser parte de la población que menos respeta las normas.
El policía peruano es el bacán, el vivo, el achorado, el matón, el que se las sabe todas, el pelotero, el galán y un largo etcétera, pues encaja con la máxima expresión de lo que implica ser macho que encima, como es autoridad, tiene un poder de sometimiento mucho mayor al de los otros hombres. Eso también pasa con aquellos que forman parte de las fuerzas armadas, pues en todas estas profesiones se enfatiza el estereotipo de lo que significa ser un macho alfa.
¿Pero qué sucede cuando un policía no encaja con esa imagen del macho esperado? Se asume que deshonra la institución y es sancionado, tal cual vemos ahora con las acciones administrativas en contra del SO PNP Quispe.
Al SO Quispe no lo están procesando por no cumplir sus funciones, por desobediencia a sus superiores, por robar dinero mediante coimas o por cualquier otro acto de corrupción, al SO Quispe lo están procesando por bailar como un macho policial no debería hacerlo, y por su supuesta orientación sexual. Ese es el gran fondo del asunto.
Al Coronel Perales Candiotti y a toda la frágil masculinidad de la PNP le ha indignado más que un policía baile moviendo el totó con movimientos afeminados, que un policía que se niega a buscar a una niña desaparecida porque alega no tener gasolina y que después es hallada muerta.
Les ha dolido más ver que un policía, que ni siquiera era reconocido como tal, menee el cuerpo hasta abajo, que un policía que se niega a tomar la denuncia de una mujer víctima de violencia machista que con esfuerzo logra acudir a una comisaría huyendo de su agresor.
A la cucufatería policial de Piura le ha conmovido más que un policía en sus días libres tenga habilidades para el baile sensualón, que un policía que libera violadores y feminicidas por unos cuantos soles por los que venden su moralidad.
A la homofóbica Policía Nacional del Perú le ha molestado más que un policía disfrute su día libre bailando sin generar violencia alguna, que la sarta de efectivos policiales ociosos y corruptos que abundan en el territorio nacional que hacen de cualquier inservible actividad un modo de ganar dinero fácil para sus vidas.
¿Esta es la institución a la cual podemos acudir cuando nuestros derechos son violentados por la existencia de la violencia machista u homofóbica?
Lo ocurrido en estos momentos no es poca cosa, es la punta del iceberg de la discriminación, machismo y homofobia que están impregnados en esta entidad, por lo que no solo nos debe indignar la situación en particular, sino todo lo que implica, en tanto esta conducta denota cuál será el actuar de la PNP ante situaciones de violencia: sin empatía hacia víctimas vulnerables como las mujeres y comunidad LGTBI.
Leer la carta del Coronel Perales es como leer un texto del personaje de ficción “Señora Católica”, es ridículo y patético, y resulta indignante ver cómo un profesional con alto rango, que debería velar por nuestra seguridad, tiene tiempo para firmar estupideces. Sería bueno preguntarle al Coronel y a los efectivos policiales que dirigen las acciones de la región Piura si actuaron con la misma celeridad con los policías involucrados en las redes de corrupción, como aquellos que estaban vinculados a las bandas criminales “Los Ilegales”, “Los Tramitadores”, “Los maniáticos del norte”, delincuentes peligrosísimos asociados al narcotráfico; o que nos den a conocer qué han hecho en el 2018 con las 190 denuncias realizadas formalmente de agentes que dañaron la institución al tener participación directa con organizaciones sanguinarias de la región, o que nos informen si se pronunciaron con indignación cuando el comandante Marcial Altamirano Castellares, exjefe del Depincri de Sullana, fue sentenciado y enviado a la cárcel por corrupto.
La acción disciplinaria interpuesta al SO PNP Quispe no solo es contraria a ley, sino que es abiertamente homofóbica y resulta peligroso que exista rapidez para utilizar artimañas legales con el fin de hacer prevalecer los prejuicios que son tan dañinos para nuestra sociedad.
Qué difícil resulta interponer una denuncia ante la Contraloría de la PNP cuando queremos dar a conocer a los malos policías, a esos que cimientan la violencia en el Perú, por lo que ver esta acción nos demuestra que sí es posible actuar rápido, pero que simplemente nos les da la gana cuando se trata de apañar las conductas machistas de sus compañeros.
Miles de mujeres peruanas sufren la inacción e indiferencia de la policía, quien de manera recurrente tiene una conducta indebida, pues se niegan a recibir información, no dan información sobre los procedimientos aplicables para denunciar, hacer una constatación policial u otra actuación de la PNP.
Mujeres violentadas por esta sociedad machista son revictimizadas por el Estado cuando la PNP tiene una atención deficiente, cuando existen demoras injustificadas y cuando incluso son agredidas física o psicológicamente por los propios efectivos policiales que defienden el sistema patriarcal.
De nada sirve que el Ministerio del Interior señale su indignación en medios ante casos en los que las víctimas denunciaron hasta cinco veces a su agresor y en las comisarías no actuaron frente a estas denuncias como lo que son: una alerta de posible feminicidio.
Y si hay una acción legal que se debe realizar en este contexto es la de denunciar públicamente al Coronel Manuel Perales y aquellos que amparan su actuar por discriminación y abuso de autoridad, pues el utilizar argumentos legales de manera desvirtuada para amparar sus prejuicios deben ser sancionados, cuestionados y puestos en debate para que la homofobia y el machismo no sean conductas legitimadas en una institución que debe ser abierta a la tolerancia y exenta de prejuicios conservadores.