Frente al álgido momento que vive la región Arequipa por la licencia otorgada por el presidente Martín Vizcarra al proyecto Tía María en el Valle de Tambo, el partido político Nuevo Perú presentó cinco propuestas para reactivar la economía y generar empleo, que es la justificación que ha dado el gobierno para otorgar el permiso a la empresa Southern, a pesar de las protestas que esta decisión unilateral iba a originar.
Verónika Mendoza, líder de la agrupación, señaló en conferencia de prensa: “Presidente Vizcarra, la economía está estancada y cada vez hay menos trabajo. Es momento de cambiar la política económica y a su ministro Carlos Oliva”. Así también exhortó al gobierno a dejar de seguir la “agenda Confiep”.
Las cinco propuestas son las siguientes:
1. Aumentar la inversión pública y promover créditos más baratos
El objetivo debe ser reactivar la economía urbana para generar empleo en forma masiva y ampliar las oportunidades de mercado en especial para las pequeñas y medianas empresas, al mismo tiempo que se mantiene la inflación controlada.
Para lograr ese fin, hace falta empujar decididamente la demanda interna, mediante: a) Aumento de la inversión pública en al menos 12 mil millones de soles anuales, equivalente a 2 por ciento del PBI, ampliando el presupuesto público para colegios, hospitales y centros de salud; carreteras, puertos y aeropuertos; transporte urbano, parques y otras obras regionales y municipales.
b) Promoción de la inversión privada mediante la reducción delas tasas de interés y ampliación del crédito, para lo cual el BCR debe reducir la tasa de interés de referencia en 2 puntos porcentuales.
c) Apoyar mediante créditos, asistencia técnica y facilidades de comercialización a sectores intensivos en empleo como el turismo, la pequeña industria, las pymes y el agro.
d) Destinar 10 mil millones de soles de los fondos del Tesoro que hoy están guardados, a créditos promocionales para el agro, las pequeñas empresas y la diversificación productiva(esto es menos de la décima parte de los fondos del Tesoro guardados en el sistema financiero nacional).
e) Establecer la obligatoriedad de que las ventas de las pymes sean pagadas por las grandes comercializadoras en un máximo de 30 días.
f) Facilitar los negocios descentralizados estableciendo encada provincia conexiones de telecomunicaciones e internet de alta velocidad, aprovechando la Red Dorsal de Fibra Óptica hoy casi sin uso.
g) Fortalecer las políticas de competencia, el antitrust y la regulación de los mercados. Debe promulgarse la ley de control de fusiones aprobada por el pleno del Congreso e iniciarse su aplicación, al mismo tiempo que se mejora y amplía los ámbitos de la misma y los mecanismos de fiscalización establecidos.
2. Reforma laboral para garantizar trabajo digno
El Gobierno y la CONFIEP dicen que la regulación laboral es muy rígida y que eso afecta la generación de empleo. Sin embargo,desde la reforma fujimorista de los años 90s, existe un uso mayoritario de la contratación temporal. Así, tenemos que la PEA ocupada asalariada privada por contrato a plazo fijo se incrementó de 46.6% (1998) a 73.7% (2017). Cada vez más peruanos con trabajo formal tienen contratos temporales, es decir, viven en la inestabilidad.
Adicionalmente, uno de los sectores con mayor informalidad laborales el de la microempresa a pesar de que tiene un régimen laboral con un costo de apenas 5% lo que demuestra la ineficiencia de los regímenes laborales especiales para incentivar la formalización,contrariamente a lo que pregona la Confiep que plantea con insistencia mantener el régimen laboral de la agroexportación a pesar de que se trata de un sector con gran rentabilidad.A la par, existe una caída en la afiliación sindical que ha impactado en la negociación colectiva y en la consecución de mejoras remunerativas. Así, en los últimos años, las remuneraciones han crecido a no más 1%, cuando la economía lo hacía por encima del 4%. En esa línea, y tras más de 25 años de creación delas AFPs en el Perú, sus dueños han tenido más de S/ 5 mil millones de ganancias, mientras que las pensiones públicas y privadas se mantienen en promedio en montos menores a la remuneración mínima vital. Se ha promovido por la Ley 30369 un consejo para evaluar la situación de los sistemas de pensiones, el segundo en lo que va del gobierno de PPK y Vizcarra, pero sin participación de los trabajadores ni pensionistas. Mientras tanto, 8 de cada 10 mujeres no está afiliada a ningún sistema pensionario y 6 de cada 10 hombres. Por todo ello sostenemos la necesidad de transitar a una reforma laboral que atienda y promueva la formalización y generación de empleo con derechos y mecanismos para incrementar remuneraciones y pensiones dignas:
a) MYPEs: Medidas que apunten a facilitar el acceso a financiamiento, capacitación, asistencia técnica, nuevos mercados, compras estatales e innovaciones y nuevas tecnologías para las MYPEs, acompañadas de medidas regulatorias dirigidas a la simplificación administrativa y establecimiento de mecanismos tributarios promocionales.
b) Empleo juvenil: Esquema de incentivo de contratación laboral estable para jóvenes con derechos, enfocado en empresas que realmente lo necesiten; mediante financiamiento del Estado en seguridad social (salud y pensiones) siempre que se contrate a plazo indeterminado o mediante contratación temporal real y sin recorte de derechos laborales. Deducción de gastos por capacitaciones para trabajadores jóvenes.
c) Remuneración mínima vital: Implementar una norma de desarrollo constitucional–en cumplimiento de la Ley Orgánica del MTPE- que establezca los criterios técnicos para los incrementos de la RMV, así como la periodicidad de su aplicación, respetando los criterios aprobados en el CNTPE en el 2007.
d) Fiscalización laboral planificada para detectar el fraude de ley en la contratación temporal, que limita la sindicalización y negociación colectiva.
e) No incluir más en las leyes de Presupuesto del Sector Público limitaciones para la negociación colectiva sobre remuneraciones, tomando en cuenta que significa una violación flagrante a derechos constitucionales, tal y como queda reflejado en las sentencias del Tribunal Constitucional. Aprobación inmediata de la regulación de la negociación colectiva en el sector público.
f) Mejorar pensiones sobre criterios objetivos y mejorar las pensiones públicas y de Pensión 65; en esta última la mayoría de beneficiarias son mujeres.
g) Diseñar e implementar un sistema de pensiones complementario, donde la base de la pensión sea pública y se complemente con aportes y pensiones privadas; estableciendo financiamiento solidario (trabajadores/Estado/empleadores) para promover afiliación pensionaria.
h) Que el cobro de las comisiones por administración de las AFP tenga como base la rentabilidad generada para los afiliados/as.
3. Reforma tributaria para recuperar lo que hoy no se cobra a las grandes empresas para permitir un aumento sostenible de la inversión y el gasto social
Es necesario impulsar una verdadera reforma tributaria, orientada a reducir la evasión y la injusticia tributaria, elevando la recaudación de manera sostenida y con ello la capacidad de gasto social e inversión sostenible del estado.El objetivo en una primera etapa es alcanzar el nivel promedio de recaudación tributaria en Latinoamérica (la diferencia es de 6 puntos porcentuales y el Perú sigue siendo uno de los países con menor recaudación tributaria en la región) y lograr una tributación que sea progresiva (que paguen más impuestos los que más tienen). Para lograr este fin es necesario:
a) Cobrar las deudas tributarias de Telefónica, Yanacocha, Scotiabank y otras grandes empresas. Cabe señalar que los 20 mayores litigios tributarios (algunos de los cuales llevan más de 15 años) suman una deuda de casi 8 mil millones de soles, lo que equivale al presupuesto de apertura del programa Juntos, Pensión 65, Prevención y control del cáncer, Qhali Warma, Salud materno neonatal y el Programa articulado nutricional.
b) Combatir con firmeza el fraude fiscal, que se expresa en los altos índices de evasión y elusión tributaria: se estima que el año 2018, la evasión y la elusión tributaria fue del orden de los 66 mil millones, monto que cubre largamente el presupuesto de los sectores salud, educación,agropecuario, saneamiento y protección social. La propia OCDE recomienda que el Perú debe corregir de inmediato las debilidades estructurales de su sistema impositivo que ha erosionado la progresividad y que facilita el fraude fiscal. Proponemos desplegar plenamente la implementación de la norma antielusiva, de acuerdo a los estándares OCDE y no ceder a las presiones de la Confiep y de los principales grupos económicos que pretenden que el Perú siga siendo un país bananero en materia tributaria.
c) Revisar los beneficios tributarios de los cuales gozan las empresas mineras. Casos como el de Las Bambas muestran que las empresas mineras no pagan todos los impuestos que deberían pagar, debido a beneficios (como la depreciación acelerada) que les permiten postergar el pago del Impuesto a la Renta. Las proyecciones muestran que la empresa dueña de Las Bambas no pagaría al Estado peruano Impuesto a la Renta durante los primeros cinco años de operación. Y cuando lo paguen, será menor de lo esperado, pues ahora estas empresas descuentan del Impuesto a la Renta lo que pagan por regalías, que desde el gobierno de Humala se consideran como costos de producción. Se debe revisar el esquema de devoluciones tributarias. Es inaceptable que por este concepto el Estado peruano le haya devuelto a las empresas mineras más dinero del que estas aportan por tributación (ha devuelto alrededor de S/. 15 mil millones en los 3 últimos años). En ningún caso la recaudación neta puede ser negativa, para este efecto se tiene que revisar de manera urgente el calendario de devoluciones.
d) Revisar las exoneraciones y reducciones tributarias al impuesto a la renta de universidades-negocio y agroexportadoras. Según la propia Sunat, los beneficios fiscales le han costado al país cerca de 130,000 millones de soles durante la última década. Solo los beneficios al sector agroexportador en el mismo período han representado alrededor de 20 mil millones de soles y las exoneraciones a las universidades negocios 2 mil millones de soles por año.
4. Potenciar la agricultura
Hoy en el Perú más de 12 millones de peruanos y peruanas dependen del sector agrario para su subsistencia, y este aporta 6% del PBI nacional y más del 20% del PBI de varias regiones como Cajamarca, Puno, San Martin, Amazonas, Junín o Huánuco. Se trata de un sector estratégico para el desarrollo del país, para la soberanía y seguridad alimentaria, así como la protección de nuestra biodiversidad. Sin embargo, los sucesivos gobiernos han carecido de una política integral de desarrollo para este sector, sin reconocer su gran potencial y al mismo tiempo sus particulares vulnerabilidades frente a la falta de Estado, las importaciones baratas y subsidiadas, y a los efectos del cambio climático
En la práctica, la política agraria actual le ha otorgado múltiples privilegios a un sector de grandes capitales mientras ha abandonado completamente al otro de pequeños productores y campesinos. Así, la ley de promoción agraria le ha otorgado importantes subsidios a un pequeño club de agroexportadoras, lasque también han recibido tierras y agua baratas de grandes proyectos de irrigación, y tratados de libre comercio que les han abierto mercados a costa de desproteger la agricultura nacional.
En cambio, para los 2,5 millones de pequeños productores(agricultura familiar y campesina) que requieren agua,capacitación, asistencia técnica, etc., no ha habido ninguna política consistente y de impacto en las últimas tres décadas. Por ello, el 13 de mayo pasado, productores agrarios y campesinos se movilizaron en más de 15 regiones del país en un hecho histórico que puso en el centro del debate nacional la producción agraria y obligó al Estado peruano a asumir la agenda planteada por los agricultores, instalándose una serie de Mesas de trabajo entre CONVEAGRO, la Junta nacional de riego, la Confederación Campesina del Perú y la Confederación nacional agraria y el gobierno, y realizándose también un pleno del Congreso de la República dedicado exclusivamente al agro, hecho sin precedentes en nuestra historia reciente.
En este marco, se ha logrado algunos avances importantes como el reconocimiento de la agricultura familiar como un sector estratégico para el desarrollo del país y la necesidad de una institucionalidad específica para atender a este sector con un viceministerio para la agricultura familiar y otro de servicios rurales que serían parte del Ministerio que pasaría a ser denominado de Desarrollo agrario.Además, se ha anunciado un Plan Nacional de Agricultura Familiar que contaría con un presupuesto multisectorial de S/.15 mil millones de soles para el periodo 2019 al 2021. Este debería ser un primer paso para hacer de la agricultura familiar un eje vertebrador del desarrollo agrario del país. Sin embargo, otros temas importantes para los productores aún no han sido atendidos en el último proceso de diálogo y deben ser resueltos de manera urgente:
a) Convertir a Agrobanco en un Banco de fomento agropecuario, con un aporte de capital de 1 500 millones de soles y un convenio marco con el Banco de la Nación para utilizar su infraestructura en la captación de ahorros y colocación de crédito en ámbitos rurales.
b) Incrementar el arancel ad-valoren para productos agrícolas al 20% vigente en el año 2007 antes de la arbitraria y unilateral reducción a prácticamente 0% desde el año 2011.Igualmente, incluir al trigo, soya y derivados en la franja de precios por ser productos altamente subsidiados y que compiten deslealmente con los alimentos de producción nacional (cuya comercialización hay que mejorar para tener mejores precios para los productores y los consumidores).Lamentablemente, en pleno proceso de diálogo, el 30 de junio del presente el MEF publicó el DS N° 199-2019-EF que mantiene topes antitécnicos a la franja de precios en lugar de eliminarlos (o subirlos como se había ofrecido inicialmente), saboteando en la práctica el diálogo del gobierno con los productores y mellando la precaria confianza construida en este proceso.
c) Establecer un fondo de compensación y estabilización para la agricultura familiar a partir de lo que se recaude con lafranja de precios.
d) Incrementar sustancialmente el presupuesto para el sector agrario en el presupuesto del 2020 a partir de la valoración del peso que tiene la agricultura en la formación del PBI nacional y de las regiones.
e) Revisar el régimen de promoción agraria que hoy se ha convertido en un régimen de privilegios para un pequeño club de grandes empresas agroexportadoras.
f) Extender la moratoria a la siembra de productos transgénicos en nuestro territorio en defensa de la agro diversidad y calidad de nuestros alimentos.
g) Garantizar las condiciones necesarias en el Valle de Tambo para promover la producción de este importante emporio agrícola para Arequipa y el Sur, dejando de lado la pretensión de imponer el proyecto minero Tía María que amenaza el agua y la tierra que hoy da trabajo y genera ingresos para miles de familias. A partir de esta experiencia fomentar la elaboración de planes de ordenamiento territorial para definir de manera dialogada y planificada, con criterios de sostenibilidad ambiental y generación de empleo el mejor uso del territorio.
5. Masificar el gas para abaratar la energía
Actualmente en el Perú solo el 13,6% de la población (873 000 hogares equivalentes a 4 365 000 personas) cuentan con conexiones domiciliarias a pesar de que la explotación de Camisea lleva 15 años. Además, la masificación está fuertemente centralizada: 90% de las conexiones están en Lima. Esto es sumamente deficiente si lo comparamos con los casos de Colombia y Bolivia, por ejemplo. En Colombia el 85% de la población cuenta con conexión de gas domiciliario, mientras que en Bolivia,donde se empezó más tarde que en el Perú (en el 2006), el 46% dela población ya está conectada (1 000 000 de hogares, es decir,cinco millones de personas de una población total de 11 millones). En el caso del Sur y la Sierra central, Proinversión ha intentado licitarla masificación desde el 2005. 15 años después y a pesar de que el gasoducto central pasa a tan solo 20 km de Ayacucho, el gas aún no llega ni siquiera a la Sierra central.
El problema es que no se cuenta con una Política nacional de masificación del gas ni una Autoridad nacional que conduzca el proceso de manera planificada y territorialmente equitativa; por el contrario, se ha optado por un esquema de asociaciones público privadas (APP) arbitrario, deficiente e inequitativo con diferentes tipos de transporte, con algunas concesiones que tienen subsidio mientras otras no, con costos que varían para el concesionario y sobre todo para el consumidor final del gas. Se ha aplicado una lógica de rentabilidad económica pura cuando el gas domiciliario debería ser considerado un servicio público (al igual que el agua ola luz) poniendo la rentabilidad social por delante.
Es importante impulsar la masificación del gas porque el Perú cuenta con reservas abundantes, contamina menos y abarata el gasto de los hogares en S/.40 mensuales. Por esto, necesitamos una red nacional de gasoductos, no se puede seguir transportando el gas solo a través de camiones cisterna (“gas virtual”), porque el costo es prácticamente el doble que el del gas transportado productos. En esta perspectiva planteamos las siguientes medidas urgentes:
a) Relanzar un proyecto integral para llevar el gas natural alas regiones del Sur. Este proyecto debe contemplar la oferta, el transporte y la demanda, y no como se licitó inicialmente, solo como un gasoducto. La oferta de gas en el Sur existe, hay suficientes reservas, sobre todo las del lote 58. La demanda de gas también existe, a partir del nodo energético (centrales de Ilo y Mollendo) y de diferentes industrias de la zona, el gas natural vehicular y la industria petroquímica que dinamizaría la economía y generaría miles de empleos. Hace dos años y medio que el gasoducto del Sur está paralizado. Es inaceptable que el gobierno siga meciendo así a los pueblos del Sur. Los indicios de corrupción deben seguir siendo investigados y los eventuales responsables sancionados, pero se debe convocar ya a una nueva licitación para llevar el gas de Camisea a todo el Sur. Además, si no se hace ya, en el mediano plazo el costo de la energía va a subir y esta alza será cargada a las tarifas que pagan las familias. El gas virtual(traslado en camiones) y el gas boliviano serían avances importantes pero insuficientes.
b) Diseñar con urgencia un Plan nacional de masificación del gas bajo el concepto de que el gas domiciliario es un servicio público que el Estado debe garantizar para que esta fuente de energía más limpia y más barata llegue a todas las regiones del país.
c) Recobrar la capacidad del Estado de decidir sobre el destino de los hidrocarburos derogando el artículo 10 de la Ley de Hidrocarburos, Ley N° 26221, de 1993, que le otorga la propiedad de la molécula a los licenciatarios privados. Es hora de empezar a recuperar la soberanía sobre nuestros recursos.