Más de tres años lleva prófugo Adriano Pozo, y la inteligencia policial aún no da con su paradero, a pesar de que es un peligro para las mujeres pues su condena, en 2019, fue por tentativa de feminicidio, luego de intentar violar y matar a Arlette Contreras en el 2015, y dársele condenas leves en Ayacucho, hasta que el caso fue trasladado a Lima, en donde fue condenado a 11 años de cárcel y el pago de una reparación civil de 20 mil soles a favor de la excongresista.
Dado que se desconocía su paradero y no se presentó a su juicio, tras conocerse la sentencia, el Ministerio del Interior incluyó a Pozo en la lista de los más buscados y ofrecía una recompensa de 30 mil soles a quien brinde información que ayude a su ubicación y captura.
Lamentablemente, el Poder Judicial dejó vencer la requisitoria del hasta ahora prófugo agresor de la excongresista, por lo que su abogada tuvo que pedir que se active nuevamente la orden de captura contra él, pues la vida de Contreras corre peligro.
La abogada Cynthia Silva, en la solicitud de activación de la requisitoria, presentada el 23 de agosto del presente, señala que Pozo fue incluido en la Lista de los Más Buscados el 26 de julio de 2019, “sin embargo, posterior a ello, al advertirse la consulta al E-SINPOL, que no contaba con requisitoria vigente- sustento de las publicaciones en el portal web de recompensas- se procedió a su desactivación”.
La solicitud también señala que “es potestad del Poder Judicial la emisión y renovación oportuna de las órdenes de ubicación y captura de los requisitoriados”.
Mujeres en peligro
El 21 de agosto fue encontrada sin vida una menor de 17 años en el distrito de Jicamarca, la joven llevaba desaparecida desde el 15 de julio.
El asesino, Daniel Juyo Pérez (20), había estado preso por secuestrarla y violarla, y fue capturado el 8 de enero cuando la joven escapó de la casa en donde la tenía retenida. Con prisión preventiva, la jueza Lupe Lola Huerta, de la Corte Superior de Lima Este, lo liberó por exceso de carcelería en junio. Un mes después, Luyo buscó a la menor, la volvió a secuestrar y violar, y luego la mató.
La víctima fue abandonada a su suerte por el Estado peruano y el Poder Judicial, que no protegieron su vida, y permitieron que el feminicida salga libre, la busque y la mate.
