Carmen Barrantes
Cusco, 5 de junio de 2025. Cada día, cuatro personas son víctimas de violencia sexual en Cusco. La mayoría son mujeres, incluyendo niñas y adolescentes. Entre enero y abril de este año, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) registraron 564 casos de violencia sexual, en una región donde el silencio y la desprotección pesan más que la indignación.
Por otro lado, más de un tercio del total de víctimas de violencia tienen menos de 18 años. Esta no es solo una cifra: es una alerta urgente sobre la normalización de la violencia en uno de los territorios más emblemáticos del país. Entre enero y abril de 2025, los CEM en la región Cusco han atendido 3683 casos de violencia, de los cuales 564 fueron por violencia sexual, equivalente a cuatro víctimas de violencia sexual cada día.
Del total de víctimas de violencia, el 33.67 % de los casos —1240 víctimas— corresponde a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, y 84.98 % de las personas afectadas son mujeres, lo que significa que ocho de cada diez denuncias corresponden a víctimas femeninas. El tipo de violencia más reportado en Cusco es la psicológica (48.67 %), seguida por la física (35.56 %). Aunque la violencia sexual representa 15.31 %, en términos absolutos esta cifra revela una preocupante presencia de la violencia sexual en el territorio, especialmente si consideramos que la mayoría de los agresores tienen un vínculo familiar o afectivo con la víctima.
Una agenda regional con propuestas claras
La Agenda Regional de las Mujeres Andinas y Amazónicas de la Región Cusco 2023–2030, elaborada por la Red Regional de Organizaciones de Mujeres Andinas y Amazónicas y el segmento mujer del COREMUJ, identifica que la violencia contra mujeres y niñas constituye una segunda pandemia, especialmente tras la Covid-19.
Entre las propuestas urgentes para la prevención y atención de la violencia, la Agenda recomienda:
- Implementar el protocolo de atención a víctimas de violación sexual garantizando el acceso efectivo al kit de emergencia en todos los establecimientos de salud.
- Fortalecer las Demuna y defensorías comunitarias dotándolas de personal capacitado y recursos.
- Impulsar proyectos de barrios seguros con vigilancia comunitaria y participación de mujeres en las rondas urbanas y rurales.
- Consolidar el Observatorio Regional de Violencia como herramienta de monitoreo, rendición de cuentas y planificación.
- Contextualizar la Ley 30364 con pertinencia cultural andina y amazónica.
- Asegurar atención en salud mental comunitaria, especialmente para mujeres víctimas de violencias reiteradas.
Estas propuestas se construyen desde las voces de mujeres de las trece provincias de Cusco, en un ejercicio de participación y articulación sin precedentes. Como plantea la Agenda, la violencia de género debe abordarse con enfoque de derechos humanos, interseccionalidad, interculturalidad y buen vivir.
Llamado a la acción
Como ha señalado la Relatora Especial de la ONU, Reem Alsalem, en su informe temático de 2024: “La violencia contra mujeres y niñas es una manifestación de desigualdades estructurales profundamente arraigadas, que requiere respuestas estatales sistemáticas, con enfoque de género, niñez e interseccionalidad” (OHCHR, 2024).
En Cusco, estas respuestas deben considerar el vínculo entre género, ruralidad, edad y pertenencia cultural, lo que exige un abordaje interseccional y territorializado. Sin embargo, el sistema de protección de adultos y menores de edad se encuentra desbordado, y el presupuesto sigue siendo insuficiente para garantizar una restitución real de derechos.
Es urgente fortalecer el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, que ha demostrado serias falencias, tal como documenté en el artículo que publicara en este portal.
No más suicidios ni asesinatos de niñas y adolescentes por abandono del sistema de protección
En Cusco, dos niñas, que habían sido separadas de sus hogares por negligencia en el cuidado y violencia, fueron reentregadas a sus padres por el sistema de protección regional. Una terminó siendo víctima de violación y la otra de suicidio en las instalaciones estatales de cuidado/protección.
Estos casos dramáticos son síntomas de un sistema que falla en garantizar el interés superior de la niñez y que requiere una reforma urgente con enfoque de derechos humanos y protección integral.
Como abogada y activista por los derechos de las mujeres y la niñez, reafirmo que sin escucha efectiva a las víctimas, sin voluntad política sostenida y sin presupuesto, no hay restitución posible. La atención integral, el acompañamiento comunitario y la autonomía económica de las sobrevivientes deben ser el corazón de toda intervención estatal.
No podemos naturalizar que en Cusco cuatro mujeres, niñas y niños sean víctimas de violencia sexual cada día. No podemos callar ante un sistema que muchas veces responde con burocracia en lugar de justicia. La transformación requiere urgencia, articulación y firmeza. Que estos datos no sean solo cifras: que sean un grito colectivo por el derecho a una vida libre de violencia.