En un contexto de fuerte violencia contra las trabajadoras sexuales y mujeres en situación de prostitución, que están siendo extorsionadas y asesinadas por mafias compuestas por venezolanos -quienes han desplazado a la mafia peruana-, en complicidad con la policía que se burla de las denuncias, el premier Aníbal Torres anunció en conferencia de prensa (23/08/22), ¿atrapar a los extorsionadores? No, perseguir a las trabajadoras sexuales para “limpiar la ciudad”.
Lamentables expresiones viniendo de un premier que cuenta con una ministra, Diana Miloslavich, experta en el tema y a quien, al parecer, ni siquiera le han consultado que se tocaría ese tema, pues su incomodidad era evidente al escuchar las incoherencias que decía el premier, mientras a los otros ministros no se les movía un pelo. La ministra de Inclusión, por ejemplo, al escuchar esto, ya debería estar pensando en algún plan para ayudarlas; el ministro de Salud, en lugar de darse “baños de popularidad”, debería ponerse a pensar en los internos con vih; y el ministro del Interior en capacitar a los policías para que traten a las personas como a seres humanos sin importar la labor que realizan.
Torres, haciendo gala de sus prejuicios, manifestó lo siguiente: “Para combatir este negocio, el trabajo más antiguo, de la prostitución en las calles, lo cual hace muchísimo daño, especialmente a la juventud con la transmisión de enfermedades sexuales, que a veces son incurables. Yo he constatado en los penales a personas atacadas con el sida, que se encuentran en una situación sumamente calamitosa, inaguantable para un ser humano ver a otro ser humano que se encuentra en esas condiciones, de manera que todos debemos contribuir para LIMPIAR a nuestras ciudades”.
No puede haber peor frase hecha que hablar del trabajo sexual como “el trabajo más antiguo del mundo”, sin analizar críticamente por qué las mujeres, desde tiempos inmemoriales, han tenido que “brindar” servicios sexuales para sobrevivir, arriesgándose a vivir situaciones de violencia, estigma, persecución y carcelería. ¿Tantas lecturas no le han servido al premier para dar cuenta de por qué las mujeres se ven orilladas a esta situación?
A lo que se suma que el premier, a pesar de ser abogado y exministro de Justicia, desconoce que la prostitución es legal en el Perú, por lo que nadie puede ser perseguido por ejercerla. Situación que también “desconoce” la policía, pues no hay día que no realice operativos contra mujeres trans, violentándolas y golpeándolas, y tratándolas como si no fueran seres humanos ni ciudadanas con derechos.
Otra frase lamentable del premier fue señalar que son las trabajadoras sexuales las que transmiten enfermedades, cuando en el servicio sexual participan dos personas adultas, que conocen las ventajas y desventajas de tener relaciones sexuales en esas condiciones. La gran mayoría de trabajadoras sexuales conocen los riesgos de su labor, y muchas han recibido capacitaciones, por lo que se cuidan más que sus clientes, y son estos los que vuelven a sus casas con sus esposas, y terminan contagiándoles enfermedades a ellas, al tener relaciones sexuales sin protección.
Así también, señaló las condiciones en las que viven las personas en situación de carcelería que viven con vih/sida. Al conocer estas circunstancias, ¿el premier ha anunciado alguna acción para mejorar sus vidas? No, lo que ha hecho es compartir un imaginario estigmatizador que asume que las personas con vih no pueden tener calidad de vida, que han sido “contagiados” por trabajadoras sexuales y que es por culpa de ellas que están así, cuando en realidad su situación se debe a las negligentes, deficitarias e inhumanas políticas carcelarias que termina encerrando en las cárceles a personas empobrecidas, marginalizadas, racializadas y excluidas de cualquier tipo de bienestar económico, social y cultural. No es por el vih que se encuentran en una “situación sumamente calamitosa”, es porque se les ha quitado su humanidad apenas se les encerró en las cárceles, en incluso antes.
El premier debe saber, y seguramente la ministra también se lo dirá, que expulsar a las trabajadoras sexuales de las calles, golpearlas, perseguirlas, detenerlas y encarcelarlas nunca ha solucionado el problema de la inseguridad ciudadana en ningún país del mundo, esa es la peor medida que se puede tomar contra esta problemática. Botarlas solo incrementa el problema de pobreza en el que viven, siendo la mayoría cabezas de hogar y madres solteras que llevan la sostenibilidad alimentaria a sus hogares, que viven muchas veces con agresores y explotadores, y que han tenido pocas oportunidades en la vida.
Lo que hace el Estado expulsándolas es quitarles una oportunidad más de las tantas que ya les ha quitado.
