Desde la provincia de Islay, el dirigente y defensor Miguel Meza Igme se pronuncia sobre las virtuales bancadas que quieren forzar proyectos sin licencia social y la ineficiencia del Estado en el manejo de la pandemia. Además, los conflictos socioambientales persisten en lo que va el 2021 mientras Pluspetrol pretende sentar un precedente que genera más desconfianza hacia empresas extractivistas.
Arequipa se divide en ocho provincias, Islay es una de ellas, tiene 61 009 habitantes según estimaciones para el 2021 de la Red de Salud Islay y seis distritos la conforman: Mollendo, Cocachacra, Dean Valdivia, Islay (Matarani), Mejía y Punta de Bombón.
Por la ubicación costera alberga al Terminal Internacional del Sur (Tisur) S.A., conocido como el ‘Puerto de Matarani’, empresa miembro del Grupo Romero y que su contrato de concesión data desde 1999. Sobre los otros distritos, Mollendo vive mayoritariamente del turismo que se activa en sus playas en enero, febrero y marzo. Este verano no ha sido redituable para los mollendinos por la pandemia. Los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón tienen como principal actividad la agricultura pues entre estos se extiende el Valle del río Tambo, el cual finalmente desemboca al Pacífico. Al sur, yace el Santuario Nacional Lagunas de Mejía.
A pesar de la cantidad de habitantes, Islay no cuenta con un hospital del Ministerio de Salud que haga frente al COVID-19. Las emergencias son atendidas en el Hospital II Manuel de Torres Nuñez – EsSalud y los casos de gravedad son trasladados hasta Arequipa en un trayecto de 2 a 3 horas. Para el resto que no goza de la cobertura de EsSalud solo hay una red de centros y postas del MINSA. Esta es una de las razones por las que la Municipalidad Provincial de Islay estuvo trabajando con una movilidad llamada ‘Patrulla de auxilio COVID-19’. El alcalde provincial Edgard Rivera Cervera y el relacionista público Gianni Pantigoso no han negado que esa movilidad y el personal que atiende reciban apoyo de la ‘empresa privada’. Algunos ciudadanos se acogen a las atenciones de esta unidad de auxilio, ya sea traslados al único hospital, descartes o recargas de oxigeno; otros prefieren usar sus propios medios por la desconfianza que existe en la provincia a los ‘aportes’ de las empresas privadas ya que no solo cuestionan a TISUR, sino también de Southern Copper Corporation y el proyecto minero Tía María.
Según información de la misma página web del proyecto, este es impulsado desde 1994, y son dos yacimientos de cobre a tajo abierto ubicados a 2,5 kilómetros del Valle de Tambo, en el cual se cosecha arroz, papa, cebolla, beterraga, espinaca, caña de azúcar, etc. Lo conocen como ‘La despensa del Sur’.
En 2009, los ciudadanos agricultores y pescadores hicieron pública una denuncia contra Tía María por el perjuicio en la calidad del agua y sus cultivos. Desde entonces se han organizado en el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La empresa presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) observado y rechazado por los ciudadanos y el Frente de Defensa. Se convocó a una consulta que tuvo veeduría de la Asociación Civil Transparencia para decidir sobre la viabilidad del proyecto. El 27 de septiembre se supo que el 97% de la población que participó estaba en contra de Tía María.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en su página web mapa.conflictosmineros.net relata lo que pasó después: “A pesar de la legitimidad de la consulta, las autoridades no sólo la desconocieron, sino que convocaron a una audiencia pública para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la empresa y avalado por el gobierno. Sin embargo, en abril del 2010, cientos de agricultores y pobladores de la zona tomaron la carretera Panamericana Sur durante 6 días, señalando que el EIA no respondía al cuidado ambiental del valle”.
Desde ese entonces el gobierno y la empresa minera han tratado de imponer el proyecto entre protestas y algunas etapas de pasividad intermitente. Hasta las protestas de 2015 han muerto siete personas en los enfrentamientos. Algunos periodistas y policías participaron en la siembra de un arma blanca al ciudadano Antonio Coasaca Mamani, declarado inocente con una sentencia dictada dos años después de los hechos, el 17 de agosto de 2017. Aún así los dirigentes y defensores del Valle de Tambo se mantienen alerta. Los deudos también esperan justicia.
En marzo de 2021 se recordaron los 10 años de las muertes en pie de lucha de Andrés Taype Choquepuma (22), Aurelio Huarca Puma (50), Néstor Cerezo Patana (31), y Miguel Ángel Pino (22). Todos ellos recibieron impactos de bala mientras defendían al Valle.
Miguel Meza Igme, es uno de los dirigentes que ha estado coordinando algunas romerías y embanderamientos estos últimos meses, ya que por la pandemia es complicado realizar protestas de gran convocatoria. Él nos cuenta que desde que llegó el COVID-19 se aplicaron todas las restricciones y no le ha faltado nada al Valle de Tambo. Algunas ocasiones han gestionado ollas comunes y hasta han hecho donaciones de sus cosechas a otros distritos de Puno y Moquegua. También comenta que varios de los luchadores sociales han muerto por la enfermedad. Lamentablemente a unos días de estos actos simbólicos de memoria y dolor, en uno de los debates del Jurado Nacional de Elecciones, Hernando de Soto dijo a viva voz: “Yo voy hacer que Conga vaya, Tía María vaya, al igual que otros 300 proyectos”.
El candidato de Avanza País retrocedió en su porcentaje y no pasa a segunda vuelta; sin embargo, llevaría a una posible bancada de 14 escaños. El partido del tren podría unirse al fujimorismo con el que comparte un ideario muy familiar. Estos últimos alcanzarían 24 escaños y juntos impondrían los 300 proyectos, muchos de ellos sin licencia social ni ambiental.
A esto Miguel Meza relata: “Hernando (de) Soto me trató de convocar a una conversación cuando recién era candidato, tratando de coordinar el avión o la estadía en Lima. Yo como vocero consulto a los agricultores. Ellos me dicen que no, y conociendo los antecedentes, que ha sido asesor de Fujimori, no podría conversar con ese señor. […] A través de emisarios de Arequipa, por supuesto, que nos estaban invitando a hablar sobre el tema de Tía María, pero ya conocemos su estilo y su forma y su opinión sobre las empresas mineras”.
Para los comicios del 11 de abril, los tambeños acordaron dar sus votos a los candidatos que firmaron un compromiso de Defensa del Valle de Tambo: Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), José Vega (UPP), Pedro Castillo (Perú Libre) Andrés Alcántara (Democracia Directa) y Marco Arana (Frente Amplio). Finalmente, Pedro Castillo fue quien se llevó la aprobación popular el domingo
Por Arequipa se sabe que los virtuales congresistas de Perú Libre son Jaime Quito Sarmiento y María Aguero Gutierrez con los que Miguel Meza Igme ya ha sostenido conversaciones sobre la situación del Valle, Sin embargo, los agricultores quieren comunicar sus necesidades a todas las bancadas y van a enviar cartas al menos a los otros representantes de Arequipa que sean confirmados en los siguientes días. Entre sus pedidos están la articulación de mejores programas agrarios, la construcción de una represa de agua en Cocachacra, la ampliación de frontera agrícola y exportación. Ahora el dirigente está trabajando en la investigación de contaminación del río Tambo junto al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Se denuncia un presunto daño ambiental por cuestionada la minera Aruntani, empresa que tiene actividades y proyectos paralizados en Cuzco (medida administrativa) y Puno (medida cautelar) por contaminación. Por otro lado, está coordinando una reunión en Moquegua con otros dirigentes y defensores de distintas regiones el 3 al 7 de mayo, en paralelo al Congreso Internacional Macro Sur Minero COMASURMIN. Este evento empresarial es organizado por el Patronato de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), con el apoyo de Southern Peru Copper Corporation y Angloamerican Quellaveco.
Respecto al aprovechamiento de actividades sociales de las empresas privadas y el reducido abasto a la atención de casos COVID-19 en su provincia, el dirigente reflexiona que “es verdad el ausentismo total del gobierno, el desamparo, no solamente en la agricultura sino también en el tema de salud que es un derecho primordial en estos momentos. No contamos con un hospital… solamente para asegurados y este incluso no está bien equipado. Es muy lamentable que no podamos tener, en una provincia tan importante, que cuenta con el segundo puerto más importante del país, que es el puerto de Matarani, y no tenga hospital”.
Conflictos sociales y socioambientales
A febrero de 2021, en el Reporte de conflictos sociales Nro. 204, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo informa que de 197 conflictos sociales 128 (65 %) son conflictos socioambientales, dos de ellos son nuevos. Uno en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac; en el cual, entre las solicitudes de la comunidad campesina de Pumamarca a la empresa Minera Las Bambas están demandas como renegociar el precio de sus tierras, que la empresa formalice sus compromisos sociales en un convenio marco y que se realice una consulta previa a la comunidad por el tajo Chalcobamba. El otro caso nuevo de conflicto socioambiental sucede en el distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco; en el que las autoridades y dirigentes sociales y comunales solicitan a la empresa Minera Hudbay la suscripción de un nuevo convenio marco. En ambos casos se estuvo mediando el diálogo hasta el último reporte de la Defensoría del Pueblo.
De los 197 conflictos registrados 144 (73.1%) se muestran en estado activo y 53 (26.9%) en estado latente. Se está gestionando los procesos de diálogo para 93 conflictos, es decir el 64.6% de los casos activos y 138 tuvieron acciones colectivas de protesta durante febrero.
De los 128 conflictos socioambientales activos y latentes registrados, 83 casos están relacionados a la actividad minera; en segundo lugar, se registraron 23 casos por actividades hidrocarburíferas; y en tercer lugar por residuos y saneamientos con 8 casos. A mediados de abril sale el informe de marzo.
El precedente Pluspetrol Norte
En Loreto, el Lote 192, inicialmente llamado 1AB, era explotado por la empresa Pluspetrol Norte S.A. desde el 2000. En diciembre de 2020 anunció la repentina liquidación de la compañía debido a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) rechazara su plan de abandono por tercera vez..
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), da cuenta de daños provocados por la compañía tales como la desaparición de una laguna y contaminación de suelos, también reportados por el medio de periodismo de investigación Ojo Público. La Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarinas del Río Corrientes (FEPIAURC) demandaron una indemnización por impactos al medio ambiente y la mediación del Estado.
La Defensoría del Pueblo reporta que hasta febrero se adoptaron mecanismos de diálogo entre los afectados y Pluspetrol Norte S.A., pero destaca que el caso constituye un lamentable precedente que evidencia la importancia de que el Estado peruano evalúe y adopte con urgencia las medidas correspondientes a fin de que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse. Esta liquidación con reducida respuesta por los daños ambientales de parte de empresas privadas, debilitan seriamente la institucionalidad ambiental, los recursos naturales y constituye una vulneración a los derechos fundamentales de las personas.
