Nuevo Perú propone nuevas reglas para una nueva minería

El Movimiento Nuevo Perú ha analizado la problemática minera luego del conflicto en el caso Las Bambas, con el fin de generar una serie de aprendizajes que impidan cometer los mismo errores.

El documento llamado “Nuevas reglas para una nueva minería” señala una ruta que ayudaría a que las situaciones de conflicto puedan manejarse de forma que no perjudique a la población, a través de una serie de medidas inmediatas para salir de la crisis como de cambios de fondo para que no se vuelvan a repetir.

Entre las medidas inmediatas están las compensaciones ordenadas y equitativas, indemnización por contaminación, asfaltado de la carretera y una comisión multisectorial. Entre los cambios de fondo se propone ordenar el territorio, fortalecer la institucionalidad ambiental, respetar los derechos humanos, fortalecer la identidad cultural, y justicia tributaria.

Les dejamos las propuestas completas:

NUEVAS REGLAS PARA UNA NUEVA MINERÍA

Los aprendizajes del conflicto en Las Bambas

Han tenido que pasar cerca de dos meses de protesta en el “corredor minero” del Sur para que el país empiece a tomar conciencia de los múltiples y graves impactos del proyecto minero Las Bambas sobre su entorno. No se trata, pues, de un hecho solamente coyuntural, el último conflicto es apenas la expresión de un problema de fondo que, más allá de la buena voluntad de algunos mediadores, no se va a resolver solo con algunas compensaciones económicas ni medidas parciales. Expresa el fracaso de un modelo en el que el Estado ha renunciado a ser el garante de nuestra soberanía nacional para dejar en manos de grandes empresas extractivas el control de nuestros recursos e incluso de los territorios. Ha renunciado a tener una visión de desarrollo nacional, sustituyendo su rol planificador, regulador y fiscalizador por el uso sistemático de estados de excepción en el que se vulneran los derechos de la gente.

Por ello, desde el Movimiento Nuevo Perú planteamos tanto medidas inmediatas para atender las demandas legítimas de la gente como cambios de fondo que permitan ir recuperando el rol del Estado como garante de la soberanía y de los derechos. Sólo el fortalecimiento de la institucionalidad y el establecimiento de reglas claras, con planificación concertada del desarrollo territorial, diálogo y participación permanente de la ciudadanía, nos permitirá evitar que conflictos como el que hemos visto en las últimas semanas estallen permanentemente y podamos promover un desarrollo sostenible que conjugue adecuadamente lo ambiental, lo económico y lo social.

MEDIDAS PARA SALIR DE LA CRISIS

1.El gobierno del señor Vizcarra debe dar un claro mensaje a las comunidades de la zona, reconociendo en primer lugar los errores que se han cometido al aprobar la construcción de la carretera sin que se haya consultado previamente y sin haberse acordado un proceso de compensación para los propietarios de las tierras que ésta atraviesa.

Las comunidades tienen el derecho de acceder a una compensación ordenada y equitativa ya que sus propiedades han sido afectadas y en este proceso deberá incluirse la indemnización por la contaminación -polvo, ruido y vibraciones- que genera el paso de 370 camiones diarios por una vía que no ha sido asfaltada.

La empresa debe asumir el costo del asfaltado de la carretera que, según el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la actualidad bordea los dos mil millones de soles. No hay que olvidar que, en el diseño inicial, no solo se contemplaba la construcción del mineroducto, sino también la construcción de una carretera asfaltada y que esta construcción corría por parte de la empresa.

2. El gobierno debe establecer una Comisión multisectorial e interinstitucional, con la participación de las comunidades, autoridades locales, provinciales y regionales, que diseñe un Plan de desarrollo integral para las provincias por las que atraviesa el corredor minero. El presidente Vizcarra, en octubre de 2016, siendo entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones, se comprometió a implementar un plan de obras por un monto superior a los dos mil millones de soles que hasta el momento no presenta mayores avances.

3. El gobierno debe identificar y sancionar a los responsables (ministros y funcionarios) de los cambios arbitrarios que se han dado en el proyecto Las Bambas, por lo general sin mecanismos de participación ciudadana.

El gobierno debe anular el estado de emergencia “preventivo” que ya dura más de dos años y que afecta a las poblaciones del denominado “corredor minero”.

CAMBIOS DE FONDO

1. Ordenar el territorio

• Las concesiones mineras siguen siendo otorgadas sin consultar a las poblaciones y autoridades locales y sin respetar procesos locales y regionales de ordenamiento territorial, generando superposiciones con otros usos. La minería presiona sobre todo en los territorios de nuestras comunidades campesinas generando impactos sociales, ambientales, culturales y económicos negativos. Urge, entonces, implementar una política de ordenamiento territorial que permita corregir la ocupación desordenada y caótica de los territorios.

• A partir del ordenamiento territorial se debe construir un Plan de desarrollo macro regional para el Sur andino. No podemos permitir que la zona se convierta en una despensa de minerales militarizada. Se debe identificar, en diálogo con los actores presentes en el territorio, otras actividades con potencial (agro, ganadería, turismo, etc.) y promoverlas de manera articulada.

En el marco de este Plan de desarrollo se debe:

1. Priorizar el cuidado y uso del agua para la seguridad humana y la soberanía alimentaria, promoviendo una gestión sostenible con enfoque de cuenca y tomando en cuenta los impactos del cambio climático.
2. Identificar las potencialidades energéticas no renovables y renovables y garantizar su gestión sostenible y equitativa, priorizando su uso por parte de las familias y las actividades económicas sostenibles y no solo la actividad minera.
3. Diseñar un Plan de conectividad terrestre, evaluando qué tipo de infraestructura de transporte se necesita no sólo en función de la actividad minera, sino sobre todo en función de una estrategia de desarrollo para las regiones y buscando minimizar los impactos ambientales.

• Diseñar un Sistema único de prevención y transformación de conflictos que lidere y articule a los diferentes ministerios y organismos adscritos, con presencia efectiva en los territorios y que incorpore a los gobiernos regionales y locales.

• Cambiar el rol del Ministerio de Energía y Minas, que no puede seguir siendo promotor de las inversiones en estos sectores y al mismo tiempo tener injerencia en su regulación. Se debe promover la participación de los gobiernos regionales en los procesos de aprobación de los proyectos de inversión en los sectores extractivos.

2. Fortalecer la institucionalidad ambiental

Casos como el de Las Bambas nos muestran que en nuestro país no se miden los impactos acumulativos que generan proyectos extractivos, infraestructuras y las distintas etapas de los procesos productivos. En todo el “corredor minero” existen varios proyectos mineros en operación (Las Bambas, Constancia, Antapaccay), otros en etapa de exploración, en ampliación y/o en construcción, sin que se haya evaluado sus impactos acumulativos. ¿Cuánto un territorio puede aguantar los impactos acumulados de varios proyectos de inversión sin que se afecte su sostenibilidad?

Adicionalmente, a partir del año 2013 se fueron aprobando “paquetazos ambientales” -por la presión de la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería- que limitaron la capacidad del Estado para evaluar y fiscalizar adecuadamente los proyectos de inversión. Muestra de esto es que el proyecto Las Bambas ha sido modificado nueve veces, ya sea cambiando el Estudio de Impacto Ambiental (en una de esas modificaciones el mineroducto fue reemplazado por la carretera) o utilizando un instrumento creado por los “paquetazos ambientales”, que se llama Informe Técnico Sustentatorio (ITS) y que permite modificar un proyecto en 15 días y sin ningún mecanismo de participación ciudadana.

Entre las modificaciones urgentes para el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental se debe:

• Revisar y modificar la legislación ambiental para fortalecer la capacidad evaluadora y fiscalizadora del Estado. Esto implica, entre otras cosas, poner en marcha instrumentos de gestión como las evaluaciones ambientales estratégicas que permiten evaluar impactos acumulativos en un territorio. Se debe eliminar los ITS para que cualquier cambio en proyectos de inversión sea evaluado con rigurosidad y en todos los casos se debe prever mecanismos de participación ciudadana.

• Rechazar la pretensión de INDECOPI de rebajar de 120 a 30 días el plazo que tiene el Servicio nacional de certificación ambiental (SENACE) para evaluar los EIA presentados por las empresas, puesto que una evaluación acelerada y sin rigor solo generará más conflictos.

• Descentralizar efectivamente a las instituciones y las autoridades ambientales para que estén presentes de manera permanente en los territorios, sobre todo en las zonas de influencia directa de proyectos extractivos. Esta presencia del Estado debe acompañarse de la promoción e institucionalización de la vigilancia ambiental comunitaria.

• Regular y sancionar el mecanismo de la “puerta giratoria” mediante el cual funcionarios de las empresas extractivas pasan a ocupar altos cargos en los ministerios para desde ellos favorecer a las empresas y sectores de los que vienen y a los que después regresan.

3. Respetar los derechos humanos y fortalecer la identidad cultural

• Limitar el uso de los estados de emergencia a lo establecido por la Constitución y a las obligaciones de protección del Estado en las zonas en las cuales se desarrollan actividades extractivas.

• Anular y prohibir los convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras para recuperar la imparcialidad y legitimidad de la Policía nacional y que ésta pueda garantizar el orden interno con respeto irrestricto de los derechos humanos. La Policía nacional no puede seguir actuando como seguridad privada de las empresas.

• Derogar las normas que criminalizan la protesta. Solo en Apurímac murieron 4 personas desde el 2015 a manos de las fuerzas del orden. Estas muertes siguen en la impunidad, así como los deudos en el abandono. Hay además, decenas de lideresas y líderes sociales, defensores de derechos humanos procesados judicialmente por ejercer el derecho a la protesta.  Garantizar el dialogo intercultural con las poblaciones de la zona, en la perspectiva del fortalecimiento de su identidad, sus instituciones y prácticas comunitarias.

• Aplicar la consulta previa, libre e informada, con los estándares que plantea el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que el Perú ha ratificado y no como un mero trámite administrativo.

• Aprobar un Protocolo nacional sobre empresas extractivas y derechos humanos.

4. Justicia tributaria

• Se debe revisar los beneficios tributarios de los cuales gozan las empresas mineras. Casos como el de Las Bambas muestran que las empresas mineras no pagan todos los impuestos que deberían pagar, debido a beneficios (como la depreciación acelerada) que les permiten postergar el pago del Impuesto a la Renta. Las proyecciones muestran que la empresa dueña de Las Bambas no pagaría al Estado peruano Impuesto a la Renta durante los primeros cinco años de operación. Y, si no paga Impuesto a la Renta, no habrá canon minero para las regiones, provincias y distritos correspondientes. Y cuando lo paguen, será menor de los esperado pues ahora estas empresas descuentan del Impuesto a la Renta lo que pagan por regalías, que desde el gobierno de Humala se consideran como costos de producción.

• También se debe revisar la vigencia de los contratos de garantía que blindan a las empresas, entre diferentes aspectos, de cambios en las normas tributarias. Nuevamente Las Bambas es un claro ejemplo de los efectos negativos de este tipo de contratos: por ejemplo, esta empresa no va a pagar el Impuesto Especial para la Minería (creado el año 2011) durante 15 años y además goza de tasas mayores de depreciación.

• Aprobar la norma anti elusión tributaria, que precisamente es un mecanismo muy utilizado por las mineras para pagar menos impuestos. Las empresas apelan al planeamiento tributario agresivo que en la práctica es una suerte de evasión encubierta. Rechazamos el lobby contra la norma anti elusión encabezado –no por coincidencia- por el minero Roque Benavides desde la presidencia de la CONFIEP.

• Revisar los mecanismos que permiten la devolución de impuestos para las empresas mineras: durante varios años el Estado peruano les ha devuelto a las empresas más dinero del que estas aportan por tributación (ha devuelto alrededor de S/. 15 mil millones en los 3 últimos años). Desde el Nuevo Perú proponemos discutir, en serio y a fondo, una verdadera reforma tributaria que corrija esta y otras distorsiones.

• Proponemos que la transparencia financiera de las empresas extractivas sea una política pública que permita acceder a información relevante de las empresas. Si bien se puede llegar a saber cuánto paga una empresa minera, no sabemos si ello corresponde a lo que en realidad deberían pagar. Los criterios de reserva tributaria que se manejan en el país, sobre todo en lo relacionado con el Impuesto a la Renta, impiden una adecuada fiscalización, tanto desde el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales como desde la propia ciudadanía.