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Suspenden por décima vez juicio a defensores por conflicto con Las Bambas

Este 18 de febrero, en el Juzgado Unipersonal de Cotabambas, en Apurímac, se reanudó la audiencia contra los 19 defensores criminalizados por el conflicto de Las Bambas del año 2015. Los acusados Brandon Quispe y Javier Mamani, que auxiliaron heridos durante el conflicto, enfrentan un juicio por el que podrían recibir 16 y 17 años de pena privativa de libertad. A los defensores de Cotabambas se les exige, además, una reparación civil de 20 mil soles al Estado y de 88 mil dólares a la empresa minera MMG Las Bambas.

Testimonios realizados en la sesión anterior a la audiencia apoyan la versión de los defensores acusados, probando su presencia circunstancial durante el conflicto.

En la última fecha de la audiencia se presentó el peritaje realizado para evaluar la compatibilidad de los elementos químicos y las muestras tomadas de Brandon y Javier, acusados de tenencia ilegal de armas y producción de peligro común. Discrepancias entre el testimonio por videoconferencia de la perito, Zenaida Huamaní, encargada de examinar el arma y las actas del estudio pondrían en cuestión el procedimiento.

Al concluir la revisión de documentos, la Fiscalía y el representante de la empresa minera, expresaron la necesidad de suspender la audiencia dada la ausencia de los peritos del Ministerio Público, los mismos que vienen siendo citados desde el año pasado. Por su parte, la defensa de los acusados y el juzgado manifestaron estar a favor de avanzar en el desarrollo del juicio a pesar de su complejidad. Tras la suspensión, el juez reprogramó la audiencia para el próximo 27 de febrero, a las 9:30 am en el Juzgado Unipersonal de Cotabambas.

Esta es la décima vez que se suspende el proceso iniciado en 2015. A las audiencias asisten los 19 defensores junto con sus familias, lo que implica un alto costo en transporte y exposición para quienes no viven en Tambobamba (en esta localidad se encuentra el juzgado). Pese a múltiples instancias y manifestaciones públicas de las comunidades involucradas, el proceso judicial todavía se mantiene en la fase final.

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