Hoy*, que se conmemoran 28 años del autogolpe de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, por lo que desde Mano Alzada queremos hacer un recuento de qué cosas heredamos de esa fecha hasta el día de hoy. Corrupción, debilitamiento institucional, los tres poderes del Estado rendidos a Vladimiro Montesinos, compra de periodistas y empresarios de medios (es decir, de líneas editoriales), venta onerosa de casi todos los servicios estatales, persecución a líderes sociales y periodistas honestos, asesinatos ordenados desde las más altas esferas del poder con un brazo armado paramilitar llamado Grupo Colina, una Constitución a la medida de la dictadura que se impuso en esa fecha para entregar nuestra economía a los más ricos, y violaciones continuas de derechos humanos, sumadas a matanzas población civil en una racista y violatoria estrategia contrasubversiva y mucho más.
Todo lo que vivimos a partir de esa fecha ha intentado borrarse para abrirle el camino al poder a los hijos del dictador: Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, quienes han dado marcha a sus ambiciones desde hace varios años candidateando a la presidencia, siendo congresistas, formando sus propios partidos y aliándose con, tal vez, lo peor de la política peruana para alcanzar sus objetivos.
La cultura combi
No es difícil imaginarse la raíz del nombre. Desde los 90, con el ingreso masivo a nuestras avenidas de estos vehículos, un nuevo estilo de vida apareció como reflejo de lo que éramos y somos; el sistema de transporte en donde el que conduce (chofer) y su secuaz (cobrador) imponen sus propias reglas: rutas, precios, paraderos y velocidad.
Menciono reflejo porque muy al fondo ya éramos combi y el contexto político que vivía el Perú lo hizo florecer: una Constitución hecha a medida, renovadas argollas burocráticas jugando a pared y con la autoridad burlada a un precio acordado.
Siempre a la espera de otro. Una combi no irá a su velocidad regular si es que antes no asegura estar cerca de otra combi —los facilitadores de esta información son los ‘soplones’—. De ser así, emprenderá feroz salida para mantenerse alejado y cuando lo consiga, el ciclo empezará otra vez.
La entrega del país a los poderes económicos
Sumergidos en la hiperinflación —heredada de Alan García—, el peruano, lejos de organizarse, esperó a su mesías, su salvador: Alberto Fujimori. Pero el peruano olvidó que eligió a alguien que se parecía a él; alguien que también esperaba que otro salvara la situación. La cómoda solución fue vender las empresas públicas, privatizándolas.
El germen del neoliberalismo había sido implantado en nuestro sistema y, sin un plan de gobierno, Fujimori dio las facilidades para que las empresas extranjeras compren acciones (o la totalidad) de las empresas peruanas a precio de ‘cierra puertas’. El objetivo: llenar las arcas fiscales a como dé lugar.
Del monto ingresado (casi cinco mil millones de dólares), el 45% fue dirigido a la compra de armamento y a pagar la deuda externa; cuando ese dinero debió ser invertido en el desarrollo social.
Un símbolo de aquel festival de remates fue SOLGAS; vendida (en dólares) a empresarios chilenos “ENAGAS, Lipigas y Codigas” en 7 millones, cuando la empresa tenía 2 millones en utilidades anuales. Luego, los que la compraron, la vendieron a la española REPSOL a 50 millones. En 2016, REPSOL vendió SOLGAS a 290 millones a la chilena Abastible.
Una “planificación familiar” perversa
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, uno de los crímenes de lesa humanidad que cometió se desarrolló bajo el nombre de un “plan de salud pública” (1995-2000), modificando la ley general de población con el objetivo de legalizar ciertos métodos de anticoncepción como las esterilizaciones, enfocándose en la población indígena y rural.
La abogada feminista Giulia Tamayo fue la que destapó los casos de esterilizaciones forzadas en el Perú. En 1995, su amiga y líder indígena Hilaria Supa le envió un cassette en donde varias mujeres testimoniaban sobre la violencia que habían vivido en los puestos de salud, cómo habían sido forzadas, chantajeadas, acosadas y obligadas a operarse, quedando muchas de ellas con secuelas dolorosas, y muriendo otras. Es ahí cuando Giulia emprenda una labor solitaria y peligrosa, que concluye con su informe Nada Personal.
La Defensoría del Pueblo, en 1998, elaboró un primer informe sobre 9 casos de violación de derechos en la aplicación de la política pública de planificación familiar. En 2002, el Ministerio de Salud elaboró otro informe en donde concluye que entre 1995 y 2000 existieron 31,600 mujeres esterilizadas, mientras que 25.590 hombres sufrieron una vasectomía. La documentación prueba que Alberto Fujimori estaba enterado y se muestra que habían fijado cuotas para el personal de salud, de esta manera bajo presiones, amenazas y el ofrecimiento de productos alimenticios se engañaban a las personas, especialmente mujeres, para someterse sin información al procedimiento de esterilización.
Se calcula que fueron esterilizadas más de 300 mil mujeres en esos años, la mayoría indígenas, 18 de las cuales murieron.
La Fiscalía de la Nación en el 2014 archivó el expediente contra Alberto Fujimori y los ministros de Salud su Gobierno, argumentando que no se puede comprobar que las esterilizaciones forzadas fueron una política sistemática, después el caso se ha seguido archivando dos veces más por el Poder Judicial, ningún Gobierno ha querido resolver la situación de las víctimas hasta ahora.
Este documental nos muestra lo espantoso que fueron las esterilizaciones forzadas.
Todo se compra, todo se vende
Alberto Fujimori compró a la prensa sensacionalista del país para apoyar a su campaña de reelección en el 2000, estos diarios eran dirigidos a sectores populares y fueron utilizados como herramientas políticas para limpiar la imagen de Fujimori y dañar la de sus adversarios como Alberto Andrade, Alejandro Toledo y Luis Castañeda Lossio.
Los diarios el “El Mañanero” (1992), “El Chino” (1995), “La Chuchi” (1996), “La Reforma” (1997), “El Tío” (1998), “El Chato” (1998), “La Yuca” (2000), entre otros, fueron patrocinados por el gobierno de Fujimori quien desvió $122 millones para su financiamiento, así lo declaró la Procuraduría Anticorrupción en el 2014.
El propio Vladimiro Montesinos confesó que “el ingeniero Fujimori era consciente de que la prensa escrita, particularmente aquellos diarios que por su bajo precio llegaban a la opinión pública en forma masiva, producía el efecto de orientar la corriente de opinión”. Varios de los directores de estos diarios fueron condenados a penas de cárcel.
La justicia no fue ciega
Después del golpe de estado del 5 de abril de 1992, se destituyó el Poder Judicial y el Ministerio Público para colocar magistrados que apoyaran al Gobierno de Fujimori. Vladimiro Montesinos ha señalado que, durante la primera administración de Fujimori, Santiago Fujimori (hermano de Alberto Fujimori) fue el responsable directo de todo lo relacionado con el tema del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones.
Es así que asciende a Almenara Bryson a la Corte Superior de Lima y luego a la Vocalía Suprema, por influencia directa de Santiago Fujimori. Además, formaron el Jurado de Honor que nombró a los nuevos vocales, jueces y fiscales. Santiago Fujimori le remitía a su hermano Alberto sobres con la información de quienes deberían ser los magistrados en el Poder Judicial y el Ministerio Público, Santiago Fujimori, se encargó de organizar el aparato de justicia hasta 1995 ya que después pasaría a las manos de Vladimiro Montesinos.
Alejandro Rodríguez Medrano, quien tomó la posta de Bryson, ex presidente de la Corte Superior de Lima y ex vocal supremo provisional, estuvo 7 años presos por corrupción de funcionarios y tráfico de influencias, por separar, en el año 2000, a la entonces jueza Sonia Medina, luego de que esta se negara a resolver a favor de Enrique Escardó, director de la revista Gente, una querella contra el periodista del diario El Comercio Hugo Guerra. Rodríguez Medrano se convirtió en el nexo entre Vladimiro Montesinos con el Poder Judicial, influenciando en la designación de magistrados y utilizando las salas para perseguir a personajes incómodos al régimen.
Asimismo, la Fiscalía de la Nación-Ministerio Público, a cargo de Blanca Nélida Colán, fue un vertedero de corrupción bajo las órdenes de Montesinos. El MP estaba a disposición del gobierno, perseguía a los opositores y encubría a los que actuaban a favor del régimen fujimontesinista. Por esa actuación delincuencia, estuvo 8 años presa.
Una educación en ruinas
Las estructural e histórica crisis de la educación peruana fue aprovechada por Alberto Fujimori para convertirla en formadora de mano de obra barata y marcando aún más las desigualdades sociales del país haciendo que el acceso a la educación de calidad solo le pertenezca a una elite.
Así empezó la disminución del gasto estatal en educación, pues un enfoque neoliberal exigía ahorrar recursos y entregarles a los empresarios mayor capacidad financiera para sus intereses, la reducción de dinero en educación impuso las siguientes políticas:
- Reducción de los gastos del Estado para mantener los centros educativos
- Privatización de la educación convirtiéndola así en una mercancía y abriendo un mercado educativo infinito, por ello se da la proliferación de centros de estudios en todos los grados de instrucción, lo que agrava la crisis de la educación peruana.
- La reducción del PBI que cayó del 4% en la época de Velasco hasta el 2.8% en el año 2000.
- Una política magisterial agresiva, difundiendo la idea que la causa principal de la crisis educativa se sitúa en los maestros.
- La política antisindical para el SUTEP buscando evitar críticas de los docentes contra el régimen.
La reforma educativa neoliberal implantada por Fujimori y respaldada por el Banco Mundial no permitió construir un proyecto de educación nacional, demostrando que sus políticas educativas fueron un fracaso. Estas reformas llevaron a olvidar que la razón trascendental de la educación es el ser humano orientado a actitudes y valores superiores, al volverse la educación una mercadería redujo la responsabilidad del Estado en brindar servicios de calidad esenciales para la población, sin embargo Fujimori redujo el gasto por alumno considerablemente, llegando a ser $153 por niña(o) siendo en Chile $1807 , mientras desmantelaba el país e invertía millones de dólares en la educación extranjera de sus tres hijos.
La basurización de la vida de todos
Las constantes masacres vividas en esos tiempos y una política contrasubversiva profundamente racista nos heredaron una forma de tratar a las personas que levantaran ideas de izquierda, que protestaran contra las violaciones de sus derechos o que intentaran cambiar el imaginario social impuesto luego del fujimorato como terruco. Cualquiera que ose protestar, indignarse o señalar al sistema económico impuesto en tiempos del fujimorismo, o cualquiera que recuerde esas fechas y el gobierno de Alberto Fujimori como nefastos para nuestra vida en sociedad será llamado de esta forma, con la intención de deslegitimar su postura, satanizarlo y lograr lo que se logró en esos tiempos: matar a la gente con la justificación de que eran terroristas.
La política de matar al perro para matar la rabia se impuso en nuestro país, y cada cierto tiempo se vuelve a reivindicar, en un deseo imperioso por la muerte y el derramamiento de sangre, como vivos en la campaña fujimorista “Chapa a tu choro y déjalo paralítico”.
El sentido común de la corrupción también se hizo presente señalando que Fujimori hizo tantas obras que sus delitos y crímenes eran perdonables, desde ahí, “el roba pero hace obras” ha marcado nuestras decisiones políticas al momento de votar para elegir a nuestras autoridades.
Anexo
Las masacres “justificadas”
Masacre de Barrios Altos (noviembre de 1991): Asesinato de 16 personas en una pollada, incluido un niño de 8 años.
Masacre de Pativilca (enero de 1992): Secuestro, tortura y asesinato de cinco campesinos.
Masacre del Santa (mayo de 1992): Secuestro, tortura y asesinato de 9 campesinos.
Secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri (mayo de 1992).
Masacre de La Cantuta (julio de 1992): Secuestro, tortura y asesinato de 8 estudiantes.
Asesinato de Pedro Huilca, Secretario General de la CGTP (diciembre de 1992).
Secuestro, tortura y asesinato de Mariela Barreto, exagente del SIN (diciembre de 1997).
*Este texto fue escrito el 5 de abril del 2018.