- En 2014, cuatro líderes indígenas ashéninkas fueron asesinados en Ucayali. Casi 11 años después, las viudas y familiares siguen sin obtener justicia.
- La audiencia de apelación de sentencia programada para este 9 de abril en Pucallpa se llevará a cabo en varias sesiones durante todo el mes.
- Será decisiva para determinar si la Primera Sala Penal de Apelaciones confirma o revoca la sentencia condenatoria de primera instancia, que impuso 28 años y 3 meses de pena privativa de la libertad.
Pucallpa, abril 2025. A casi once años del asesinato de los líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, la justicia peruana tiene una nueva oportunidad para responder a una de las demandas más urgentes de los pueblos indígenas: la protección de sus líderes y la no impunidad de los crimenes contra los defensores indígenas.
Este miércoles 9 de abril a las 10 a.m. se llevará a cabo la audiencia de apelación de segunda instancia en la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, del caso que involucra el asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, líderes ashéninkas que fueron cruelmente asesinados por denunciar la tala ilegal en el territorio de su comunidad el 1 de septiembre de 2014.
Este proceso judicial, enmarcado en la violencia sistemática que enfrentan los defensores indígenas en el Perú, se ha caracterizado por ser interminable. Como se recuerda, el pasado 27 de febrero de 2023, el Juzgado Penal Colegiado condenó a los asesinos a 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra Hugo Soría Flores y José Estrada Huayta, actores mediatos; y a Euricio Mapes Gómez y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Féliz. Sin embargo, esta sentencia fue declarada nula el 29 de agosto de 2023 por la Primera Sala de Apelaciones. Debido a ello, el 2 de noviembre de ese año, se inició un nuevo juicio oral que dio como resultado la sentencia condenatoria que fue apelada por las partes y ahora se encuentra en revisión en la segunda instancia judicial.
Diversas organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organizaciones de derechos humanos y colectivos aliados han advertido que la impunidad en este caso podría sentar un peligroso precedente, desalentando las denuncias de las autoridades indígenas, sus líderes y lideresas, que enfrentan amenazas similares.
En la audiencia de apelación se hará una relación de la sentencia recurrida y de las apelaciones correspondientes. Luego se dará la oportunidad a las partes para sustentar su apelación, así como se actuarán las pruebas nuevas admitidas, entre otros actos. Al respecto, tanto el Ministerio Público, la defensa técnica de los condenados y de la defensa técnica de las viudas han presentado las respectivas apelaciones.
El Ministerio Público buscará que se confirme la condena y que se incremente la pena de 28 años y 3 meses a 35 años de cárcel. La defensa técnica de los condenados ha solicitado la revocatoria de la sentencia y la defensa técnica de las viudas de los líderes indígenas solicitan que se confirme la condena y se aumente la indemnización debido a las graves consecuencias sufridas por las familias y la comunidad de Saweto, luego de más de 10 años de búsqueda de justicia.
Concluida la audiencia de apelación, el cual se llevará en varias sesiones, la Sala Penal Superior deberá dictar sentencia de segunda instancia dentro del plazo de 10 días. Luego de eso, se notificará a las partes la fecha de audiencia de lectura de sentencia, en la que se conocerá la decisión del caso. Cabe precisar que, en esta instancia, la sentencia judicial también podrá ser confirmatoria, revocatoria o incluso nula.
AIDESEP ha destacado que este juicio no solo busca justicia para los familiares de las víctimas, sino que también es una oportunidad para fortalecer la protección legal de los pueblos indígenas frente a las mafias de la tala ilegal.
“Exigimos justicia para nuestros hermanos. Su asesinato no solo fue un ataque contra ellos, sino contra todos los pueblos indígenas que defendemos nuestro territorio de las actividades extractivas y del crimen organizado. Durante años, hemos enfrentado la impunidad, la corrupción y la indiferencia de un sistema que no protege a quienes luchamos por el bosque y la vida. No podemos permitir que estos crímenes queden en el olvido. Exigimos que se garantice una sentencia firme y que se reconozca el daño irreparable que se ha causado a nuestras familias y pueblos indígenas”, expresó el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su respaldo a los familiares de las víctimas y han llamado a las autoridades judiciales a actuar con la debida diligencia, ya que desde el asesinato de los líderes de Saweto en 2014, los ataques y amenazas contra los líderes indígenas que defienden sus territorios han aumentado. Desde el 2013 hasta la fecha se han registrado al menos 35 asesinatos, esto demuestra la necesidad de una acción judicial firme y ejemplar.
La demora en la resolución del caso ha sido motivo de indignación, pues refleja las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a la justicia. El inicio de la audiencia de apelación del 9 de abril será el comienzo de una etapa crucial para determinar si el sistema judicial peruano está dispuesto a garantizar los derechos fundamentales de los pueblos originarios y sancionar a quienes buscan silenciar sus voces mediante la violencia y el asesinato.
Mientras Saweto y otras comunidades siguen exigiendo justicia, la pregunta sigue en el aire: ¿permitirá el Estado que estos crímenes queden impunes o sentará un precedente que marque el fin de la impunidad contra los defensores indígenas en el país?