En los últimos años, en el Perú la labor de los defensores de derechos humanos y ambientales enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por la criminalización de la protesta, el acoso judicial, la amenaza a la vida y asesinatos de defensores por economías ilegales a nivel nacional.
En este contexto, alrededor de 20 representantes de defensores de derechos humanos y ambientales de las macro regiones del sur, centro, norte y Amazonía,se reunirán en Lima este miércoles 6 y jueves 7 de noviembre para abordar los retrocesos en la protección de sus derechos y visibilizar los graves riesgos que enfrentan por la defensa del medio ambiente y la vida.
Este encuentro será una reunión preparatoria para el III Encuentro Nacional de Derechos Humanos que se realiza en marco de la Campaña Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales. La Campaña articula a más de 15 organizaciones sociales de base, así como 21 instituciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.
Minería ilegal en la Amazonía y sus graves consecuencias
Entre 2021 y 2024, se han registrado 24 asesinatos de defensores ambientales en Perú, de los cuales 17 eran miembros de pueblos indígenas, principalmente de la Amazonía. Las regiones de Amazonas, Ucayali, San Martín y Loreto se han convertido en áreas críticas, donde la minería ilegal de oro ha acelerado la destrucción de ecosistemas, además de generar graves problemas sociales y ambientales.
Los defensores advierten que la minería ilegal, que opera con impunidad, contamina los ríos, destruye la biodiversidad impactando a la fauna y flora, provocan enfermedades y desplazamientos forzados en las comunidades indígenas además de ser una amenaza de alto riesgo para quienes luchan por proteger su tierra y el medio ambiente, como el defensor Dante Sejekam, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), quien junto a su organización y comunidad son amenazados de muerte por defender el territorio amazónico.
Criminalización de la protesta en el sur andino
En el sur del país, en regiones como Arequipa (Valle del Tambo), Apurímac (Cotabambas) y Cusco (Urinsaya), defensores y defensoras también enfrentan un contexto peligroso. Por defender su derecho a la consulta previa y protestar ante modificaciones inconsultas en proyectos extractivos, muchos de ellos han sido denunciados, encarcelados, amenazados e intimidados, buscando silenciar sus voces.
Una de las defensoras criminalizadas es Virginia Pinares, Premio Nacional de Derechos Humanos “Mamá Angélica” 2023, ha sido denunciada, acusada sin pruebas y sentenciada a 8 años y 10 meses, por haber sido dirigente de su comunidad en las protestas contra la modificación inconsulta del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas.
Hacia una protección efectiva de los defensores y defensoras
La reunión en Lima busca consolidar un espacio de diálogo y reflexión sobre los avances y retrocesos en las políticas de protección para los defensores de derechos humanos en el Perú. Además, será una oportunidad para exponer ante la opinión pública e instancias internacionales los casos de vulneración de derechos provenientes tanto del Estado como de sectores de economía ilegal.
En un país donde la riqueza natural y cultural está estrechamente ligada a las comunidades indígenas y al bienestar ambiental, es urgente tomar medidas para proteger a quienes defienden estos derechos. Esta reunión busca ser un llamado a las autoridades e instancias internacionales para actuar frente a la crisis de seguridad de los defensores y detener la impunidad en torno a estas actividades ilegales y abusos judiciales.