La Defensoría del Pueblo manifestó su mayor preocupación por la querella seguida por el excandidato presidencial, César Acuña Peralta, contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel Prieto por la publicación del libro Plata como cancha: Secretos, impunidad y fortuna de César Acuña, en cuyo marco se ha solicitado una exorbitante reparación civil y el embargo de bienes de los querellados.
Al respecto, la Defensoría considera que el empleo de mecanismos de persecución penal para reprimir la difusión libre de ideas es contrario a nuestros valores democráticos. El derecho a la libertad de expresión protege, incluso, aquellas opiniones o críticas que puedan resultar incómodas, chocantes, incisivas o molestas para el Estado o un sector de la sociedad, máxime cuando estas versan sobre funcionarios o personajes públicos.
Nos hacen recordar que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha reconocido la especial protección que merece la libertad de expresión, no solo por favorecer la consolidación de la deliberación pública y el control democrático sobre la labor del Estado, sino porque ello se encuentra justificado en el especial interés de la ciudadanía sobre las actividades que realizan los funcionarios públicos o aquellos que aspiran en convertirse en tales.
Señalan que cuando una persona se ha expuesto voluntariamente al escrutinio y a la crítica de la ciudadanía debe afrontar un mayor umbral de tolerancia y apertura a la crítica y al escrutinio; más aún si pretenden ocupar cargos públicos de elección popular como el de la presidencia de la República.
Asimismo, que la aspiración al más alto cargo en el Estado debe ir acompañada del respeto de los principios, valores y derechos fundamentales que inspiran y constituyen la base de nuestro modelo constitucional. Por ello, es cuestionable que la persona que pretende representar a toda la Nación recurra a medidas que restringen el libre ejercicio de las libertades de expresión e información y, con ello, colocar en riesgo el sistema democrático.
El negativo precedente que supondría admitir la querella y la pretensión de embargo afecta la posibilidad de investigar y publicar hechos relevantes acerca de los personajes públicos, limitando así la información disponible a todos los peruanos y peruanas.
Por ello, condenan el empleo de la justicia penal como mecanismo para atemorizar a quienes ejercen sus libertades de expresión e información. Exhortan a los órganos jurisdiccionales correspondientes a tener presente los estándares convencionales y constitucionales que protegen la libertad de expresión y de prensa.