- Procuraduría del Estado pide a la Corte IDH archivar el caso.
Ante este pedido, el padre de Ernesto Castillo Páez, estudiante desaparecido en 1990 por la PNP, Cromwell Castillo, recordó que la búsqueda del paradero de su hijo figura en la sentencia y en las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del mencionado caso, de los años 2003, 2011 y 2013, todas emitidas por la Corte IDH.
El último jueves 14 de octubre, el procurador público especializado supranacional, Carlos Reaño Balarezo, comunicó que el Estado Peruano le ha propuesto a la Corte Interamericana no velar más por la obligación de dar con el paradero de Ernesto Castillo Páez, estudiante universitario desaparecido por agentes de la Policía Nacional en 1990. Así lo dio a conocer en una carta dirigida a Cromwell Castillo Castillo, padre del desaparecido, quien lleva 31 años exigiendo los restos de su hijo.
La comunicación del Procurador Reaño surgió cuando Cromwell Castillo solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) disponer que la Procuraduría Pública Especializada Supranacional retire o deje sin efecto el pedido de cierre del Caso Castillo Páez Vs. Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), órgano judicial supranacional que declaró en su sentencia de fondo de 1997 que el Estado peruano es responsable de la desaparición de Ernesto Castillo, al violar su derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal.
El pedido de archivamiento, según Reaño Balarezo, se basa en que esta obligación internacional no figura en la parte resolutiva de la citada sentencia de fondo, ni tampoco como un punto resolutivo de la sentencia de reparaciones de 1998 sobre el caso Castillo Páez. Sin embargo es fundamental señalar que la sentencia es un cuerpo integral, que además se trata del delito de desaparición forzada que se sigue cometiendo hasta hoy.
Además, la propia Corte Interamericana en sus decisiones de supervisión de sentencia (2013) ha planteado el paradero de Ernesto Castillo como un punto esencial del cumplimiento de la sentencia, porque “supone una satisfacción moral para las víctimas y permite cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de los años”. La CorteIDH no solo supervisa esta exigencia, sino que además le ha dicho al Estado que debe dar información detallada, completa y actualizada sobre: “a) las actuaciones judiciales, administrativas o de otra índole, llevadas a cabo con el objeto de dar con el paradero de Ernesto Rafael Castillo Páez, adicionales a las ya informadas durante el trámite de supervisión de cumplimiento de las Sentencias dictadas en este caso; b) las investigaciones y diligencias llevadas a cabo a partir de la información recibida sobre la supuesta eliminación de los restos del señor Ernesto Rafael Castillo Páez, proporcionada en el
trámite de fondo ante este Tribunal, y c) las acciones y gestiones llevadas a cabo con quienes han sido procesados y condenados por los hechos del caso para determinar el paradero de Ernesto Rafael Castillo Páez”.
Es decir, el Estado peruano a través del procurador Reaño, le pide a la Corte que deje de hacer lo que ha venido haciendo, que desconozca sus actos de supervisión y exigencias. Ante la respuesta del Procurador, Cruz Silva del Carpio, abogada e integrante de la Coordinadora Contra la Impunidad (CCI), colectivo que acompaña a Cromwell Castillo, agregó que si bien la búsqueda y entrega de Ernesto no figura en la parte resolutiva de la sentencia de fondo, sí se encuentra en la sección de fundamento de dicho documento.
“La Procuraduría Supranacional no puede tener una mirada formalista, viendo solo una parte de la sentencia y no las razones que figuran en el mismo escrito. La sentencia es todo el documento, no solo la parte resolutiva”, “además, lo que es central, no solo se desconoce la supervisión que ya ha estado haciendo la Corte, sino que pretende dejar en indefensión a la familia de Ernesto ante el sistema interamericano, lo que es una nueva revictimización inaceptable” sostuvo Silva.
La sentencia en su punto 90 indica que “el Estado peruano está obligado a investigar los hechos que las produjeron. Inclusive, en el supuesto de que dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos.”
Por su parte, Cromwell Castillo mencionó que esta medida de reparación también figura en las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del 2003, 2011 y 2013, todas emitidas por la Corte IDH con respecto al caso.
Ernesto Castillo Páez, estudiante de Sociología de la Universidad Católica, fue desaparecido el 21 de octubre de 1990 por los policías Juan Mejía León, Carlos Depaz Briones, Juan Aragón Guivovich y Manuel Arotuma Valdivia, mientras realizaba un trabajo universitario en Villa El Salvador.
Tras una larga búsqueda de justicia tanto nacional e internacional por parte de su familia, ellos fueron condenados por el delito de desaparición forzada. Años después, a media condena, el Poder Judicial les otorgó beneficios penitenciarios como semilibertad y liberación condicional, sin que hayan revelado el paradero del estudiante.
Familia y estudiantes exigen la búsqueda de Ernesto
“El delito se sigue cometiendo porque hasta el día de hoy, Ernesto sigue desaparecido” Cromwell Castillo. La desaparición forzada es un delito permanente, que sigue dañando mientras no se restituya a la persona a sus familiares, es responsabilidad del Estado buscarlos. A pesar de ello y de la sentencia de la Corte IDH han pasado 31 años y no se ha desarrollado las actividades pertinentes para la búsqueda.
Frente a ello el pasado 15 de octubre la familia, la Coordinadora Contra la Impunidad y estudiantes de la Universidad Católica organizados en la Federación de Estudiantes, Centros Federados y colectivos académicos realizaron una acción simbólica frente al Ministerio de Justicia exigiendo las medidas para la búsqueda y entrega de Ernesto.
El padre del estudiante, Cromwell Castillo, fue recibido por Guillermo Vargas, Viceministro de Derechos Humanos y Jairo Rivas, Director General de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (e), quienes manifestaron que aunque la Procuraduría tiene dicha postura, desde el Ministerio de Justicia se asume que es un deber del Estado su búsqueda. Ante ello Cromwell Castillo pidió celeridad y considerar su edad avanzada.
En los exteriores del Ministerio de Justicia, los y las estudiantes coreaban ¡Ernesto Castillo Páez, Presente! y levantaban carteles como “Su memoria no se archiva” “Digan dónde está Ernesto” y manifestaron que seguirán haciendo una serie de actividades en conmemoración a Ernesto.