Mano Alzada
Política

Procuradores fomentaban demandas millonarias contra el Ministerio de Transporte

Una auditoría del Consejo de Defensa Jurídica del Estado denuncia que los exprocuradores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) estaban coludidos con particulares para perjudicar al Estado en millonarias demandas, esta investigación fue entregada a la Fiscalía para el inicio de las investigaciones.

Un procurador es el funcionario encargado de defender y representar a las instituciones del Estado, en el caso del MTC, desde el 2009 a julio de 2017, los procuradores fueron enemigos legales del Estado.

La investigación señala que los procuradores Alan Alarcón Canchari e Israel Stein Lavarello “estructuraron una organización con personas de su confianza, quienes desempeñaron distintos roles, en condición de abogados de la procuraduría, árbitros, secretarios arbitrales o titulares en sedes arbitrales”, quienes concertaron determinadas actividades ilícitas en perjuicio del Estado.

La Victoria

El abogado de la Procuraduría, Carlos Gonzales Lecca, convenció a Lucila Pacheco, propietaria de un inmueble en La Victoria, a demandar al MTC por supuestos daños y perjuicios a pesar que ya había aceptado recibir un pago de 4.6 millones de soles por su terrero.

La investigación detalla también que el procurador Alan Alarcón junto con Mario García Quijano acordaron contratar un peritaje privado sobre dos terrenos expropiados por Provías Nacional, donde el Estado pagó todos los gastos arbitrales.

En ese momento, los terrenos ya habían sido tasados por peritos oficiales y una de las áreas daba un valor de casi S/ 3 millones y en el peritaje privado daba más de S/ 6 millones, la sentencia arbitral fue dada a García Quijano.

Centro de arbitraje de los exprocuradores

El Consejo de Defensa Jurídica pidió investigar la relación de los exprocuradores con al centro de arbitraje Arbitre Soluciones Arbitrales, uno de los más importantes del país, este centro fue fundado por Katty Mendoza y Mónica López, exabogadas de la procuraduría del MTC.

Foto La República

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