Mano Alzada
Memoria, Política

Se aprobó Ley Fujimori

El exdictador Alberto Fujimori, tiene ley con nombre propio. El Congreso por mayoría aprobó la ley que permite que los adultos mayores de 65 años que hayan cumplido el tercio de su condena accedan al arresto domiciliario.

Ley Fujimori

El proyecto de ley N° 3533 – 2018 fue elaborado por Yeni Vilcatoma, pensado y dirigido evidentemente al exdictador. Como si fuera poco el proyecto fue exonerado de pasar previamente por comisiones, como es el proceso habitual, para debatirse directamente en el Pleno.

Esta jugada fue cortesía de Fuerza Popular, el Apra y APP. Peruanos por el Kambio también había firmado inicialmente, luego retiró su firma. Pero ya estaba consumado lo necesario para proceder irregularmente con la votación.

Jugada tras el indulto

Con 48 votos a favor, 27 en contra y una abstención se aceptó el proyecto.  Recordemos que la propuesta fue presentada luego que el Poder Judicial anulara el indulto a Alberto Fujimori porque consideró que “carecía de efectos”. Así pudo resarcir el daño cometido por PPK en diciembre del año pasado y le dio la razón a las y los familiares de las victimas de Barrios Altos y La Cantuta para regresar al exdictador a prisión.

Además, como evidenció la congresista del Nuevo Perú, Marisa Glave, con esta norma el mismo Montesinos también podría salir en libertad.

Burla a los deudos

Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y el secuestro al periodista Gustavo Gorriti. Sin embargo, después de tantos años de lucha y búsqueda de justicia, la mayoría parlamentaria naranja logró burlar nuevamente a las y los familiares de las victimas de estos crímenes.

¿Qué procede?

Rosa María Palacios enfatizó que la #LeyFujimori es inconstitucional,ya que el Congreso no puede, sin causa justificada, anular las sentencias del Poder Judicial. Esta es una amnistía encubierta prohibida para violaciones de derechos humanos y para graves crimenes.

Asimismo, Ronald Gamarra manifestó que esta ley no pasa los estándares establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre cumplimiento de penas tratándose de graves violaciones de derechos humanos.

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