Aunque las sospechas de que Vladimiro Montesinos, el recordado asesor y mano derecha de Alberto Fujimori actualmente preso, se mantiene activo en su cárcel dorada siempre han estado presentes, las pruebas de que esa sensación era cierta nos las ha dado Fernando Olivera, quien, recordando años pretéritos, ha soltado los ahora conocidos como vladiaudios, en donde se describe la estrategia que hasta el momento está implementando el fujimorismo para que el presidente electo no pueda ser ratificado.
En este entramado, el renunciante magistrado del JNE, Luis Arce, es pieza clave para el golpe de Estado planificado en las oficinas de Fuerza Popular y la Base Naval, prisión privilegiada de Montesinos, en un país en donde los corruptos y mafiosos viven a cuerpo de rey.
Según los audios, con tres millones de dólares iban a lograr comprar a tres de los cuatro magistrados del JNE que deben decidir quién gana la contienda electoral. ¿Comprarlos para qué? Para que extiendan el plazo para solicitar impugnaciones a las actas y luego la nulidad de estas. Propósito que casi se cumple sino fuera por el aviso de la prensa independiente ante la ilegalidad de extender este plazo.
Arce no pudo torcer a sus compañeros, quienes votaron en bloque por rechazar las impugnaciones de Fuerza Popular, a pesar de la intervención de estudios de abogados carísimos a su favor. La ley se hizo respetar y a Arce no le quedó más que renunciar al JNE en su incansable intento de boicotear las elecciones. Ahora sabemos que todo estaba planificándose desde la Base Naval para que la chica (Keiko Fujimori) no vaya presa y el amigo (Alberto Fujimori) no muera en prisión.
¿Y ahora? La Marina debe investigar y sancionar, Arce debe ser procesado, el JNE debe ser protegido para ratificar al presidente electo y Montesinos debe ser trasladado a otro penal.