La impunidad sigue campeando en el Perú, y una nueva forma de comprobarlo es con la última decisión del gobierno de Dina Boluarte, a cargo de César Sánchez, ministro de Salud, de designar como director temporal del Hospital Arzobispo Loayza a uno de los responsables de uno de los peores crímenes cometidos en la dictadura fujimorista: las esterilizaciones forzadas.
Eduardo Yong Motta fue ministro de Salud de Alberto Fujimori, y responsable de haber ordenado miles de intervenciones quirúrgicas que se hicieron con engaños y manipulaciones a mujeres campesinas, indígenas, quechuahablantes y empobrecidas. En esas circunstancias, varias fallecieron y otras tiene secuelas graves de salud hasta la actualidad.
Las mujeres víctimas de esterilización forzada llevan esperando décadas por justicia en el Poder Judicial, mientras que los responsables de sus desgracias son premiados con cargos de autoridad en hospitales del país, o mantienen cargos de poder decisivos para sus casos, como Alejandro Aguinaga, también ministro de Salud en esos tiempos aciagos del Fujimorato, y que actualmente es congresista, uno de los que promueve la ley de impunidad que permitirá que criminales de lesa humanidad no sean juzgados por sus crímenes.
